El cierre de trabajos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ayer estuvo marcado por una protesta que trabajadores iniciaron dentro de las instalaciones para exigir claridad ante la incertidumbre laboral en la que se encuentran, a causa de la extinción de este organismo y el traspaso de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Aunque durante la primera parte de la última sesión de pleno se planteó una alternativa por parte del comisionado presidente, Adrián Alcalá, la propuesta fue rechazada por el resto de las comisionadas, que consideraron el plan como ilegal.
- El Dato: La sesión de ayer se fue a receso y se retomará hoy al mediodía. Antes, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la primera sesión del Consejo Nacional de Transparencia.
Desde temprano, decenas de empleados iniciaron una movilización con cartulinas, lonas y hasta hojas recicladas sobre las que escribieron sus demandas, entre ellas, que haya justicia y valoración a su trayectoria laboral, que fueran escuchados, que se les entregara una liquidación y que el pleno del Inai actuara en congruencia con la labor que encabezó desde su creación: la transparencia.
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“Que baje el pleno y que sesione. Vamos a hacer que vengan los comisionados porque no nos han dado la cara, no han transparentado sus decisiones”, exclamaba uno de los trabajadores, antes de que iniciara la sesión.
El comisionado presidente explicó momentos después que la solicitud de liquidación no podría ser atendida por el Inai, en razón de que no se cuenta con los recursos asignados para ello.
“Nosotros no podemos liquidar a los trabajadores, dado que primero la Cámara de Diputados no nos otorgó un presupuesto etiquetado para tal efecto. Recordar también que cuando fuimos con la Comisión de Transparencia (de la Cámara), hace unos días, pedimos que nos etiquetaran el presupuesto, no nos lo etiquetaron y obviamente tenemos que estar sujetos a lo que establece la Constitución”, declaró.
La situación reavivó la protesta de empleados que, al grito de “queremos solución”, se mantuvieron en las instalaciones.
Ya durante la sesión del pleno, Alcalá presentó un punto de acuerdo para buscar que se concediera una compensación económica, bajo el concepto de la extinción del órgano, a las personas trabajadoras que optaran por dejar sus puestos, pues reiteró que no hay viabilidad jurídica para que el Instituto les aprobara una indemnización.
Tras un receso se reanudó el debate durante el cual las comisionadas Blanca Lilia Ibarra, Josefina Román Vergara y Julieta del Río rechazaron la propuesta, al coincidir en que las normas que conducen la eliminación del órgano afirman que los derechos laborales de quienes trabajan para el organismo se respetarán durante la transición a su nuevo esquema como parte del Gobierno federal.
La excomisionada presidenta Ibarra aseguró que hay preocupación por el respeto a los derechos laborales y aclaró a los empleados que en la Cámara de Diputados se analizaría este tema. También señaló que orillar a los trabajadores a renunciar para recibir su compensación económica los expondría a quedar fuera de la consideración para continuar trabajando en lo que será el nuevo sistema de transparencia en el país.
“Si no se habilita este instituto para tal efecto, corresponderá a las nuevas autoridades que asuman las funciones del Inai, tomar las medidas para que los derechos laborales sean respetados de manera integral, a fin de dar cumplimiento a esta obligación constitucional.
“En diversas ocasiones, quienes integramos este pleno hemos señalado la importancia de los recursos humanos para la labor de garantía de los derechos humanos y, al estar convencida de que merecen una protección integral a sus derechos laborales y que tengan la opción de ser recibidos en las nuevas autoridades garantes, manifiesto mi voto en contra”, exclamó.
