La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a México a investigar a fondo la aparición de restos humanos en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, en un predio custodiado por el Estado desde hace seis meses.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a México a redoblar sus esfuerzos en la investigación de los hechos, el castigo a los responsables y la identificación de las víctimas. Al tiempo que valora las medidas anunciadas por la Presidenta de la República, la CIDH reconoce la importante labor que realizan las personas buscadoras”, compartió a través de redes sociales.
Señaló que la CIHD ha dado seguimiento a los hallazgos en el rancho Izaguirre, que se encuentra bajo custodia del Estado desde septiembre de 2024. Cuando se detuvieron a 10 personas, rescataron a dos víctimas privadas de libertad, recuperaron un cadáver e incautaron armas, instrumentos tácticos y vehículos.
“Sin embargo, seis meses después, el colectivo ‘Guerreros Buscadores de Jalisco’ anunció públicamente que halló en el mismo lugar fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres de uso doméstico, que sugieren que el rancho habría sido utilizado para actividades criminales como centro de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas, tal como informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, indicó.
Precisó que el hallazgo además expone la deficiente búsqueda del gobierno. Ya que, a pesar de haberse asegurado el predio por las autoridades en septiembre de 2024 y haberse realizado trabajos con maquinarias y binomios caninos, fue la labor del grupo buscador la que encontró las fosas clandestinas de manera reciente.
Asimismo, el gobierno señaló que serán las investigaciones judiciales, con apoyo en la ciencia criminal, las que determinarán el origen del material recabado y el uso que tenía el Rancho Izaguirre.
“Para la Comisión Interamericana es importante destacar que, si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos”, indicó.
Advirtió que, tras el hallazgo, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha recuperado más objetos del Rancho Izaguirre, incluyendo casquillos de municiones, ropa, zapatos, documentos de identidad, relojes, manuscritos, tanto de hombres como de mujeres. Lo que refleja la gravedad de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana.
“Es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de las autoridades. Por su parte, el Estado refirió que cualquier hipótesis de investigación solo podrá ser formulada con base en la evidencia resguardada en la carpeta de investigación”, apuntó.
Dijo que el gobierno debe investigar los hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación.
Indicó la ejecución de dos órdenes de aprehensión sobre dos personas vinculadas estrechamente con el Rancho Izaguirre; y resalta que las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido en dicho lugar.
“Es deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en ciencia y evidencia, para la identificación humana de los restos hallados en el ‘Rancho Izaguirre’. Del mismo modo, cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y, llegado el momento, la restitución de restos humanos, se realice con dignidad y respetando el dolor de las familias”, especificó.
Reconoció el anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre el impulso de una serie de reformas legislativas y medidas administrativas para reforzar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Nacional de Identificación Humana.
Asimismo, el Estado indicó la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente única de identidad, la creación de una Base Nacional Única de Información Forense, de una Plataforma Nacional de Identificación Humana y el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana con tecnologías avanzadas como la identificación genética.
Valoró el reconocimiento público del Estado de brindar a las víctimas una atención integral y la elaboración de una línea del tiempo que explique la diferencia temporal entre el aseguramiento del predio y los hallazgos del grupo buscador.
La CIDH reiteró su reconocimiento y solidaridad con la valiosa labor de los colectivos y familiares de búsqueda de personas desaparecidas en México, que debe ser ejercida con seguridad y libertad garantizadas por el Estado.
Señaló la importancia de que las autoridades reconozcan públicamente el trabajo de defensa de derechos humanos que realizan, promoviendo su valorización social y que cualquier diligencia en torno al caso se lleve a cabo evitando su revictimización.
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LMCT
