La Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 350 votos a favor y 100 en contra, así como en lo particular, con 329 votos a favor y 118 en contra, el dictamen que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y reforma disposiciones de las leyes federales de Austeridad Republicana, de la Economía Social y Solidaria y la General de Sociedades Cooperativas.
El dictamen que deriva de una iniciativa presentada por la Presidenta de la República, se remitió al Senado de la República para sus efectos legales.
En la sesión se aceptó la reserva de la morenista Claudia Rivera para la modificación a los artículos 5, 54, 57 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para reforzar el dictamen.
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Se determinó que en el artículo 5 se ajuste la definición de precio no conveniente, al entenderlo como aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el procedimiento de contratación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la Secretaría en el Reglamento de esta ley.
En los artículos 57 y 67 se sustituye “15 días naturales” por “15 días hábiles”. En el 67 se incluye que, tratándose de contratos derivados de procedimientos consolidados, deberán ser firmados a más a tardar a los 20 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
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Rivera Vivanco argumentó que la modificación en el precio no conveniente es para evitar malas prácticas que deriven en simulación y corrupción, lo que permitirá el paso a la competitividad, pues en algunas ocasiones los licitantes se ponen de acuerdo para ofrecer precios muy bajos, a fin de quebrar a los demás competidores.
El panista Federico Döring consideró que la reserva no es buena, porque “se presta a todas las artimañas de la manipulación de las adjudicaciones. No se va a convalidar para robar y adjudicar directamente después de que se declaren desiertas supuestamente por no ser convenientes.
El petista Fernando García precisó que se busca ordenar desde la ley las prácticas en materia de adquisiciones.
