Resulta que las omisiones que dejó al descubierto el caso Teuchitlán no eran una casualidad, sino una constante de las autoridades de procuración de Jalisco encargadas de buscar a personas desaparecidas. Un mes antes de que colectivos encontraran pruebas del horror que se vivía en el rancho Izaguirre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó un sinfín de irregularidades en especial de la Fiscalía estatal, en el desahogo de denuncias por desaparición forzada en el sexenio pasado. Pasaban “semanas o meses” para que se realizaran diligencias en el lugar de los hechos, por lo que no se tomaban evidencias, dice la recomendación concentradora emitida por la CEDHJ el 4 de febrero. Ésta y otras anomalías se hicieron evidentes en Teuchitlán 30 días después. A la luz de lo narrado en ese documento, ahora sabemos que hubo muchos ranchos Izaguirre a lo largo de los seis años anteriores. Uf.
