El Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) denunció que Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación (Tesofe), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin previa consulta o consentimiento, “la totalidad de los recursos de los fideicomisos que el Consejo había encomendado para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito”, y que ascienden a unos 10 mil millones de pesos.
Así lo denunció la instancia judicial, en un comunicado, en el que advirtió que esos recursos suman 10 mil 260 millones 507 mil pesos.
“Lo anterior, sin que el CJF, en su carácter de fideicomitente, de manera previa fuera consultado al respecto, y sin que hubiera girado instrucción alguna a Nafin para la transferencia de los recursos atendiendo a las propias cláusulas del Contrato”, denunció el CJF.
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Ante tal acción, advirtió que emprenderá las acciones legales correspondientes, además de que se han emprendido las medidas de conciliación respectivas.
Expuso que los recursos de dichos fideicomisos era una reserva que sería usada para pagar las indemnizaciones de los juzgadores que declinen su candidatura para no participar en la elección que habrá de llevarse a cabo el próximo 1 de junio, o que pierdan en la jornada y, por lo tanto, no permanezcan en su cargo.
“Conforme a lo establecido en los transitorios Décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, y Vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las y los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electas serán acreedoras a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados”, apuntó.
De manera paralela, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) denunció el incumplimiento del pago a tiempo por parte del CJF a las personas que se separaron del cargo con motivo de la reforma judicial.
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En un desplegado suscrito por la jueza Juana Fuentes, directora de la Jufed, se explicó que el pago debió completarse a más tardar en diciembre. Por ello, se exigió que se concreten los adeudos pendientes para las personas ya afectadas y también con quienes dejen el cargo a partir de agosto de 2025 o de 2027, cuando se realizará la segunda parte de la renovación judicial por medio de una elección.
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“Lo anterior, sin hacer depender dicha acción de la disponibilidad de recursos, dado que se trata de una obligación constitucional que debió contemplarse como parte de la implementación de la reforma, por lo que la falta de suficiencia presupuestal no puede ser un impedimento”, señaló la Jufed.
Además, se recalcó que la conclusión anticipada por medio de renuncias o jubilaciones, fue producto de la reforma judicial y las inconvencionalidades que se encontraron en la misma, con las cuales, señaló la asociación, se desconocieron los derechos de las y los trabajadores.
JVR
