El asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, en Jalisco, desató una ola de condenas, plenamente justificada. Pero quien desentonó, nos dicen, fue la Fiscalía estatal, al suponer, para algunos de manera anticipada, que el doble crimen no está relacionado con la labor de rastreo de María del Carmen. El órgano de justicia repitió la fórmula que aplicó con el homicidio de otra buscadora, Teresa González, quien murió el pasado 2 de abril, cuatro días después de sufrir un ataque armado. En ambos casos, la Fiscalía no tuvo ni siquiera el gesto de reconocer el carácter de activistas de las víctimas, y se apresuró a tratar de desvincular las agresiones de su labor de rastreo. El gobernador Pablo Lemus y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tuvieron empacho en reconocer la gravedad de los atentados. Pero la Fiscalía… bueno, parece que la lección del caso Teuchitlán, en el que fueron denunciadas varias omisiones de la institución estatal no ha sido suficiente. Uf.
