Ariadna Camacho, candidata al Tribunal de Disciplina Judicial, afirmó que una de las primeras acciones del órgano será revisar el actuar de magistrados y jueces que han liberado a delincuentes de manera injustificada.
En el inicio de su gira por el estado, Camacho se reunió con estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, donde celebró que la reciente reforma al Poder Judicial permite sancionar a personas juzgadoras, incluyendo a ministros salientes y actuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La reforma abre la puerta para que los más altos niveles del Poder Judicial, incluyendo a la actual ministra presidenta, puedan ser investigados por posibles responsabilidades administrativas. También se podrá sancionar a quienes liberen delincuentes sin justificaciónAriadna Camacho, candidata al Tribunal de Disciplina Judicial
Camacho subrayó que uno de los factores que impide la construcción de la paz en el país es la corrupción en el Poder Judicial, desde jueces y magistrados hasta la Suprema Corte. Mencionó resoluciones sin sustento, procesos con irregularidades, y los conocidos “sabadazos” como ejemplos de esas prácticas.
Destacó que ayer se revelaron cifras alarmantes por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que cuestionan el actuar de diversas personas juzgadoras. Según esos datos, en 2024 se liberó a más de 100 líderes criminales, en su mayoría relacionados con el narcotráfico y responsables de la violencia en el país. Estas personas juzgadoras ya fueron identificadas, y el Tribunal deberá determinar si existen elementos para sancionarlas o denunciarlas.
Camacho también criticó decisiones de la Suprema Corte, como cuando la ministra Norma Piña resolvió de forma favorable un recurso que evitó el desafuero del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, y otro que desbloqueó sus cuentas bancarias.
Finalmente, aseguró que, con la entrada en funciones del Tribunal de Disciplina Judicial, estos casos podrán ser investigados y sancionados, lo que permitirá mejorar el sistema de administración de justicia y reforzar la estrategia nacional de seguridad.
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