La conectividad es ese derecho que en papel es universal, pero que en la práctica no es tan así, nos dicen, y por eso ayer volvió al centro del debate durante el segundo conversatorio sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones. Académicos, empresas y operadores comunitarios coincidieron en que urge una legislación que garantice acceso real, asequible y equitativo. Pero entre demandas de espectro barato, impuestos más bajos y reglas claras, también surgieron advertencias: Puede ser una ley que fortalezca al Estado y excluya a los más pequeños. El caso es que mientras operadores comunitarios denuncian burocracia y falta de consulta, grandes empresas claman por certidumbre fiscal. Y si se revisa el conjunto de voces entonces varios elementos de la legislación propuesta tendrían que cambiar. Ya se verá si así ocurre o todo lo conversado al final se archiva. Por lo pronto, el ausente del día fue José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que recibiría 66 nuevas facultades. Pendientes.
