La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda aseguró que la sentencia impuesta a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa Cristina Pereyra, por dos mil 488 millones de dólares, equivale a tres veces la suma inicial por la que el gobierno mexicano emprendió una demanda civil en su contra en Florida.
A la fecha, el gobierno de México ha logrado recuperar sólo dos millones 801 mil 627.7 dólares, que significa menos de 0.5 por ciento del total del daño al erario cometido por García Luna y su esposa, indicó la institución.Sin embargo, la UIF advirtió que seguirá trabajando para localizar y recuperar los activos restantes.
“A partir de la emisión de la sentencia, el Estado Mexicano procederá a su ejecución respecto de los bienes propiedad de los sentenciados que sean localizados en el futuro, aún bajo la propiedad simulada de terceros que operen como testaferros“, agregó.
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En una tarjeta informativa emitida después de la sentencia que dictó la jueza de la Corte civil de Florida, Lisa Walsh, que obliga a García Luna y Pereyra a pagar casi dos mil 490 millones de dólares, la unidad de inteligencia celebró esta resolución a la demanda que interpuso el 21 de septiembre de 2021 contra ambas personas.
Sostuvo que “la sentencia es consecuente con siete resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus cinco empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio“.
UIF rastrea red de corrupción
El Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, obligó a Genaro García pagar 748 millones de dólares, mientras que a Linda Cristina Pereyra, la cantidad de mil 740 millones de dólares.
Detalló que algunos de los activos recuperados hasta ahora son: Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, de la cual se recuperaron un millón 970 mil 872.72 dólares; un inmueble valuado en 555 mil 800 dólares, y 275 mil dólares adicionales como resultado de un vencimiento de hipoteca.
Los recursos recuperados han sido ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del gobierno de México para su venta.
Añadió que “bajo la propiedad directa de García Luna y su esposa, como personas físicas, así como de las empresas OGGI CAFFE LLC, GL& ASSOCIATES CONSULTING LLC, y GLAC SECURITY, no han sido localizados otros bienes".
De acuerdo con los informes de la UIF, la red de corrupción que involucra a García Luna y sus cómplices se extendió a través de varias empresas y personas: ocho físicas y 44 empresas de diferentes países identificadas en este entramado ilegal.
Resaltó que en México se detectaron 16 empresas que recibieron parte de estos fondos, de las cuales la mitad están listadas como factureras por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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