La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, destacó que la lucha en la materia debe darse desde la corresponsabilidad en un esfuerzo del Estado y de la sociedad.
Al cumplirse 10 años de la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, la funcionaria aseguró que la lucha anticorrupción es una prioridad del gobierno, y señaló que se debe cambiar de paradigma hacia la prevención, sumar a la sociedad y ser frontal en el combate a la impunidad.
Prevenir es más efectivo y más barato. Prevenir significa rediseñar procesos, sistemas y normas que permitan reducir la discrecionalidad, blindar las contrataciones públicas, fomentar la integridad en el servicio público y garantizar la rendición de cuentas desde el origen.
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En ese sentido, señaló que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia son parte fundamental del sistema anticorrupción, por lo que su papel debe ser fortalecido y articulado con el resto del entramado institucional.
En su oportunidad, Tanivet Ramos, titular de Transparencia para el Pueblo, -órgano que sustituyó al extinto INAI-, dijo apostar a una transparencia que empodere a la ciudadanía desde la verdad.
“Una transparencia que no informa por obligación, sino que comunica para transformar”.
“Buscamos que la información sea verdaderamente útil, accesible y esté distribuida de manera justa para que las personas ejerzan sus derechos y participen en las decisiones que más les afectan”.
A nombre de la sociedad civil, Fernanda Galicia, fundadora y directora de México A.C. advirtió que no puede haber política anticorrupción sin democracia, por lo que, dijo: “Una nueva etapa del sistema no puede limitarse a ajustes cosméticos”.
En ese sentido, pidió que se reconozca el contexto político actual de la centralización del poder, el debilitamiento de los contrapesos, y un Poder Judicial cooptado que empieza a erosionar lo que debería ser una arquitectura democrática sólida.
“No hay política anticorrupción sin democracia. Una reforma real al Sistema Nacional Anticorrupción requiere tres condiciones clave: instituciones autónomas del poder político en turno y con capacidades, una participación activa y vinculante de la sociedad civil. Un enfoque interseccional que reconozca desigualdades estructurales”.
Galicia expresó su preocupación por la Plataforma Nacional de Transparencia, al recordar que actualmente depende del Ejecutivo Federal.
“No puede haber transparencia si las herramientas están subordinadas al poder en turno. Se requiere autonomía operativa y presupuestal”.
Asimismo, por las modificaciones realizadas a la Ley de Obras Públicas.
“Tenemos una reforma reciente de la Ley de Obras Públicas que no obliga a publicar documentos clave como estudios de factibilidad, justificaciones de adjudicación directa o avances financieros. Sin esa información no hay forma de seguir el dinero público”.
Destacó además que actualmente más del 75 por ciento de los sistemas anticorrupción están incompletos.
“Nos preocupa el proceso opaco en la salida del exsecretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción y la ausencia de participación ciudadana en la designación de todas las etapas de la nueva terna. Esto debe cambiar. Necesitamos mecanismos de elegibilidad y sanción cuando las instituciones incumplen con su obligación de designar perfiles idóneos”.
Agregó que actualmente el Comité de Participación Ciudadana Nacional está incompleto.
“Si tendremos acéfalas las instituciones, ¿quién va a operar las instituciones que investigan, previenen y sancionan faltas administrativas y hechos de corrupción?”, cuestionó.
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LMCT