La jueza Lisa Walsh, del Undécimo Circuito Judicial de Miami Dade, Florida, autorizó que las partes involucradas en el juicio civil promovido por México contra Genaro García Luna y sus socios mantuvieran el diálogo más allá del periodo de juicio originalmente previsto, con el objetivo de alcanzar un acuerdo.
De acuerdo con un comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “aún y cuando las partes han avanzado sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado Mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada, además de la recuperación de bienes derivados de ésta", el mismo no pudo suscribirse dentro del plazo que comprendía del 28 de abril al 23 de mayo.
Por esa razón, se solicitó a la jueza la aplicación de la figura del “voluntary dismissal without prejudice”, es decir, el retiro voluntario de la demanda sin que ello implique renuncia a continuar el proceso.
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La UIF explicó que “una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo, será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal”.
Este procedimiento se respalda en la Regla 1.420(a)(1) del Código de Procedimientos Civiles de la Florida, que permite “retirar su demanda de manera voluntaria en cualquier momento por medio de la presentación ante la Corte de una estipulación suscrita por las Partes”.
En ese sentido, la UIF precisó que, aunque esta medida “por lo regular implica terminar el procedimiento sin una resolución judicial de fondo, en este caso las partes han solicitado a la jueza que conserve jurisdicción para dictar una sentencia sólo si ésta surge del acuerdo que se haya alcanzado”.
Finalmente, la institución subrayó que “el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio”.
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