Detrás de la crisis de resguardo y seguridad en los museos e inmuebles administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el país con las empresas SSS Asistencia y Supervisión, y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada (SPS), y que provocó la caída de un funcionario, estuvo Elías Gerardo Valdés Cabrera, identificado como cónsul de Nicaragua en Nuevo León y Saltillo, un personaje que ha estado en la polémica y que manejó en el pasado contratos igualmente señalados.
Otro personaje central en la trama es Pedro Alberto Velázquez Castro, hasta el lunes director de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural del INAH. Como director del Centro de Vigilanciar del Instituto Nacional de Migración (INM), fue acusado de abuso sexual y favorecer a empresas como Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (SEICSA), propiedad del cónsul Valdés Cabrera, a quien le otorgó contratos por más de 358 millones de pesos entre 2020 y 2021.
Ahora, en su efímera etapa como encargado de la seguridad del INAH, pretendió favorecer a SSS Asistencia y SPS, ambas vinculadas con SEICSA, al firmar un contrato hasta por 197 millones 487 mil 920 pesos para encargarse de la vigilancia del 1 de junio al 31 de diciembre de este año, según la licitación LA-48-D00-042-D0001-N-20-2025, para cuidar los museos y sitios patrimoniales en 30 estados.
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- 36 mdp cobraron SSS y SPS por vigilar museos
De acuerdo con el convenio, por los trabajos en la Ciudad de México, en la que se encuentran museos como el Nacional de Antropología, del Templo Mayor e Historia, del Castillo de Chapultepec, deberían pagarse 36 millones de pesos, además de un segundo monto por 10 millones de pesos por los servicios en Quintana Roo.
Sin embargo, la empresa no cumplió con los elementos suficientes para hacerse cargo de la seguridad y vigilancia a partir del 1 de junio, lo que desató el caos en los museos capitalinos, por lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó que regresara la Policía Auxiliar de la CDMX a resguardar los inmuebles, la cual había quedado relegada en el proceso de contratación.
La dirigente del Sindicato Nacional de Restauradores, Ximena Rojas, dijo que fue sospechoso el contrato firmado por el INAH con dichas empresas cuestionadas para encargarse de la seguridad de los inmuebles culturales.
“Las autoridades nos dijeron que habían comprobado todo durante la licitación y que habían demostrado que tenían por lo menos seis mil elementos para poder cumplir con el contrato que estaban firmando con el INAH, y no cumplieron. Lo que nos dijo el director general (Pedro Prieto), es que si no cumplían, que los iban a demandar”, declaró a La Razón.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la cuenta pública del 2019 que SEICSA, la cual había recibido un contrato del INM por 286 millones 279 mil pesos “para la prestación del servicio de vigilancia, protección y seguridad a los inmuebles y bienes muebles”, “no tenía capacidad técnica, material y humana” al no contar con personal dado de alta en el IMSS.
Para evadir obligaciones de seguridad social y subcontratar, usó la filial Business Anywhere Solutions, S.A. de C.V. Además, determinó la ASF, proporcionó informes incompletos de su trabajo y sólo 52 millones 783 mil pesos se justificaron en el registro contable del INM, lo que representó que 233 millones 496 mil pesos fueron pagos injustificados.
En la conexión entre SEICSA y SSS Asistencia y Supervisión, ambas empresas comparten al mismo representante legal, Miguel Ángel Solís Santillán. En el 2022, ambas compañías participaron a la par en una licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para intentar obtener un contrato orientado a brindar servicios de vigilancia, pero el comité de la empresa detectó “el dobleteo”, por lo que decidió rechazarlas por “adoptar conductas u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas”.
Entre los clientes que la empresa SEICSA presume a través de su página de Internet están también el Consejo de la Judicatura Federal (CJF); el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE); el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), que ahora se ha transformado en el Banco del Bienestar, y una multiplicidad de empresas privadas, además del gobierno de Nicaragua.
SEICSA, SSS y SPS han sido señaladas de anomalías laborales y tratos inhumanos por parte de exempleados, a través de protestas en distintos puntos del país, como la estación migratoria de Tapachula, en Chiapas, en el muelle del puerto de Veracruz, y el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Bajo el nombre de Pedro Becerra, en la red social de Facebook, un usuario escribió: “Por la experiencia vivida en esta empresa… no se las recomiendo. Actualmente ahí hay muchas anomalías. Como SPS que ahora se lo adjudica SEIGSA (sic), esto va a estar descontrolado”.
Durante un recorrido realizado por La Razón en el domicilio fiscal de SEICSA, en la calle de Puebla 25, en la colonia Roma, no se nota alguna señalización que indique que ahí se encuentra una empresa de seguridad privada. El edificio permanece en total anonimato y es necesario preguntar a los vecinos dónde se ubica.
Quien busca trabajo es atendido en la calle, no pasa a las oficinas. Para solicitar información, alguien atiende desde un buzón a una altura de un metro y es imposible verle el rostro; desde el interior salen a brindar la atención y muchos papeles son entregados en las afueras del edificio de puerta verde.
En el lugar sólo ofrecieron trabajo para trasladar oro de Oaxaca a Veracruz, pues dijeron tener la plantilla completa en la Ciudad de México.
