La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) colocó el caso contra Rubén Rocha dentro de una ofensiva más amplia contra presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales. Terrance Cole, titular de esta dependencia, afirmó ante el Senado estadounidense que las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa representan apenas el inicio de nuevas acciones en México.
“Puedo asegurarle que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”, respondió el funcionario al senador republicano John Kennedy, quien lo cuestionó sobre las acusaciones contra servidores públicos mexicanos durante una audiencia del Comité de Asignaciones.
Durante la comparecencia también estuvo presente Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
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El legislador estadounidense señaló que el Departamento de Justicia acusó a un gobernador de México por colaborar con cárteles “para envenenar” a la población estadounidense.
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El senador John Kennedy también preguntó si los vínculos entre criminales y las autoridades mexicanas responden al miedo, al dinero o a una combinación de ambos factores.
Ante ello, el director del FBI afirmó que existe cooperación y planteó que la corrupción y el temor forman parte del problema. Cole, por su parte, sostuvo que estas redes de protección no son recientes.
“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios en México han estado involucrados durante años, pero de repente, le estamos prestando atención”, expresó.
La declaración marcó el tono de la audiencia, centrada en el tráfico de drogas, la actuación de cárteles mexicanos y la respuesta de las agencias estadounidenses.
Terrance Cole describió a las organizaciones criminales como estructuras con alta capacidad de adaptación.
Bajo esa lectura, la agencia antidrogas presentó el caso del gobernador Rubén Rocha Moya como una pieza dentro de una estrategia que busca ampliar investigaciones hacia funcionarios y operadores políticos señalados por presuntos acuerdos con grupos del narcotráfico.
Que México “dé un paso adelante” contra cárteles
› Por Elizabeth Hernández
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, reconoció ante un comité de la Cámara de Representantes la “colaboración sin precedentes” del Gobierno de México en la lucha contra los cárteles de la droga, aunque pidió elevar el alcance de las acciones antidrogas.
“Que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”, expresó al referirse al papel mexicano frente a las organizaciones designadas como terroristas por Washington.
Ante legisladores, el funcionario colocó esa exigencia dentro de la estrategia de seguridad nacional de su país. Hegseth afirmó que “el hemisferio occidental y la patria son la prioridad número uno” dentro de todos los programas de defensa de Estados Unidos.
Durante su intervención, el secretario vinculó ese enfoque con la ofensiva contra grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y personas hacia el país vecino. Aseguró que la política de defensa debe actuar desde los puntos donde esas redes producen, trasladan e intentan introducir mercancías ilícitas y migrantes bajo control criminal. Esa ruta, dijo, pasa por territorio mexicano antes de llegar a la frontera suroeste.
Además, utilizó el concepto de “defensa en profundidad” para explicar la respuesta de Washington. “Comienza allá abajo, donde producen y donde se mueven. Y luego entra en México, donde hemos tenido una colaboración sin precedentes, y lo agradecemos”, señaló. Con esa frase, ubicó a las autoridades mexicanas como un actor clave en la contención de los cárteles antes de que sus operaciones impacten en suelo estadounidense.
La cooperación con México, añadió, tiene un peso directo en esa línea de defensa. En particular, mencionó a las secretarías de Defensa Nacional (Defensa) y a la de Marina (Semar) como instituciones centrales para ampliar el trabajo conjunto. “Las alentaremos a continuar, donde puedan, para asociarse y hacer más”, sostuvo ante los integrantes del comité.
Bajo esa misma lógica, el funcionario defendió el despliegue militar en la frontera sur de Estados Unidos. Hegseth afirmó que cerrar ese punto forma parte de la protección interna de su país. “Sellar esa frontera es la defensa del pueblo estadounidense. Es la defensa de la patria”, indicó, al destacar que las tropas asignadas a esa zona respaldan esa misión.
La presión del funcionario estadounidense se suma al mensaje que Donald Trump dirigió la semana pasada a México, cuando advirtió que su gobierno podría actuar si las autoridades mexicanas no refuerzan el combate al narcotráfico.
“Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, dijo el presidente estadounidense, al anticipar posibles quejas de representantes mexicanos por la estrategia de Washington contra el tráfico de drogas.
Trump ya había elevado el tono contra México al abrir la puerta a operaciones terrestres contra cárteles, tras afirmar que su gobierno había reducido el ingreso de droga por vía marítima.
“Vamos a empezar ahora a golpear en tierra con respecto a los cárteles. Los cárteles manejan México. Es muy triste verlo”, dijo a inicios de este año.
“Nos escucharon”; CSP resalta plan antidrogas de EU
› Por Yulia Bonilla
El Gobierno de México destacó que Estados Unidos decidiera replicar la estrategia nacional para combatir el consumo de drogas, que en su momento la Presidenta Claudia Sheinbaum compartió con su homólogo Donald Trump.
La mandataria federal consideró que la Estrategia Nacional para el Control de Drogas presentada hace unos días por la Oficina Nacional para el Control de Drogas de la administración estadounidense es “muy interesante” y señaló que lo importante es que se reconoce que ha sido parte del diálogo entre ambos países.
“Nos escucharon y están poniendo en su estrategia dos temas que nosotros consideramos fundamentales”, dijo.
- El Tip: Luisa María Alcalde sostuvo que el gobierno de Donald Trump reconoció el “fracaso” del modelo punitivo y la importancia de la prevención del consumo de drogas.
Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, presentaron un análisis al informe estadounidense.
El canciller destacó que el plan sí reconoce la cooperación con México y destaca las acciones que se han realizado entre ambos países. Uno de los puntos mencionados dentro del informe es que interrumpir el flujo de armas que parten de su país hacia la delincuencia organizada en nuestra nación es un “elemento crítico del control fronterizo”.
La consejera jurídica destacó que el informe estadounidense reconoce que 73.6 millones de personas, 25.5 por ciento, han consumido drogas ilícitas en el último año: 48.8 millones, 16.8 por ciento, padecen un trastorno por uso de sustancias.
Al comparar con los indicadores mexicanos, se observó que el consumo nacional es ampliamente menor, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), 3.8 millones han ingerido drogas ilícitas, lo que es apenas 2.7 por ciento.
Comentó que EU replicó la campaña masiva en medios, programas de prevención escolar y entender la adicción como una enfermedad con enfoque en la intervención temprana, así como integrar el tratamiento al sistema de salud general.
FGR reactiva caso por el homicidio de Cuén
› Por Elizabeth Hernández
La Fiscalía General de la República (FGR) integró dos carpetas clave a la investigación que realiza contra funcionarios estatales señalados en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Esta decisión reactiva tanto las denuncias penales por la supuesta injerencia del narcotráfico en la elección estatal de hace cinco años, así como la del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Respecto al asesinato de Cuén Ojeda, las fuentes consultadas no precisaron el avance de la investigación, ni confirmaron si la FGR citará a funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) para aclarar el presunto montaje alrededor del homicidio del exrector. El caso quedó bajo revisión federal tras detectar inconsistencias entre la versión inicial que ofrecieron las autoridades locales y la que relató Ismael El Mayo Zambada días después.
- 26 por ciento de los votos obtuvo Cuén en la elección realizada en 2016
La fecha del crimen colocó el caso Cuén dentro de una trama mayor. Ese 25 de julio también fueron detenidos en EU Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Lo que en un principio parecían hechos aislados, terminaron conectados por una carta difundida por la defensa del líder histórico del Cártel de Sinaloa, en la que aseguró que el académico había acudido a una reunión en la que también esperaba ver al hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Fuentes federales precisaron que Guzmán López no cuenta con orden de aprehensión vigente en México. Por ello, hasta ahora no existe una solicitud judicial contra el hijo de El Chapo. A partir del 16 de octubre de 2024, El Chapito dejó de aparecer bajo custodia directa del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos en el registro público del BOP. Antes de esa fecha permanecía como prisionero del Centro Correccional Metropolitano de Chicago.
La segunda ruta que retomó la FGR apunta al proceso electoral de 2021 en Sinaloa. Fuentes federales confirmaron que el expediente incluye dos denuncias penales presentadas por organismos civiles, en las que se acusa una presunta intervención del crimen organizado en favor de la candidatura de Rubén Rocha Moya, quien obtuvo la gubernatura en aquella contienda.
Hasta ahora, las fuentes consultadas no detallaron si esa investigación derivará en citatorios, solicitudes de información adicionales o nuevas diligencias sobre funcionarios en activo o exservidores públicos. Tampoco precisaron si las carpetas vinculadas con la elección de Rocha Moya y el caso Cuén tendrán una ruta procesal conjunta o separada. Las fuentes federales también confirmaron que, hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha entregado información adicional ni pruebas sólidas que puedan sumarse a la investigación principal que la FGR ha abierto sobre este caso.
Sobre los otros funcionarios señalados, las fuentes consultadas precisaron que la FGR no tiene conocimiento exacto del paradero de siete de los 10 mencionados en el expediente. Sin embargo, la dependencia cuenta con información de que permanecen en México, pues no existe registro de que hayan salido del país.
“Supimos días antes de la orden contra Rocha”
› Por Yulia Bonilla
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que su Gobierno tuvo conocimiento días antes de la solicitud de aprehensión con fines de extradición que Estados Unidos presentó contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, respecto de las cuales hasta ahora no se han presentado las pruebas sobre sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
Aunque no lo mencionó directamente, la mandataria federal comentó que, antes de que la solicitud llegara, se conocía de la misma, pero fue hasta que llegó el documento cuando se tuvo certeza de lo que ocurría. Enfatizó en que desde ese momento se fijó la postura de que la petición estaba basada en pruebas y éstas tenían que presentarse.
“De hecho, la reciente solicitud de extradición urgente, o de detención urgente más bien, con fines de extradición nosotros la conocimos unos días antes, de que había una orden de aprehensión. Hasta que no llegaron los papeles, no tuvimos conocimiento pleno.
“Sabíamos, porque nos informaron, de que era probable que venía una orden de aprehensión, a lo que nosotros siempre dijimos: ‘Presenten las pruebas’. Cuando llegaron las órdenes de detención urgente, no teníamos conocimiento de esas órdenes de detención urgente, hasta que no se presentaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”, comentó.
El canciller, Roberto Velasco, afirmó que EU no ha presentado ninguna prueba que acredite las acusaciones.
Respecto a los señalamientos que han comenzado a surgir contra el expresidente Felipe Calderón por supuestamente proteger a Los Zetas durante su sexenio, Sheinbaum Pardo dijo no conocer tal señalamiento. Reiteró que se insistirá en solicitar pruebas contra cualquier persona a la que se acuse, sin importar el partido al que pertenezca.
Remarcó que el Estado mexicano siempre procederá con apego al marco constitucional y jurídico del país, por lo que cuando se solicite la captura de cualquier ciudadano, se tienen que tener elementos que lo justifiquen.
“No tenemos conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos o gobernadores o representantes populares en funciones. Y en cualquiera de los casos, sean de Morena, sean del PAN, sean del PRI, sean de MC, sean independientes, nuestra posición va a ser la misma: pruebas, siempre”, remarcó.
Reporta Gobierno reducción de 40% en homicidios en lo que va del sexenio
