A 18 meses del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio de asesinatos registrados a lo largo del país disminuyó 40 por ciento.
La mandataria federal destacó que, gracias a la coordinación con los estados de la República como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos presentan una reducción del 40 por ciento, de septiembre de 2024 a abril de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.5, lo que representa 34 homicidios dolosos menos diarios y que ubica a abril de 2026 como el más bajo en 11 años.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, destacó que el promedio de crímenes ocurridos en abril colocó a ese mes como el más bajo en este indicador en los últimos 11 años. Asimismo, al comparar el promedio diario en el primer cuatrimestre de cada año, el periodo de enero a abril 2026 es el más bajo desde el 2016 al registrar un promedio de 51.2 homicidios diarios.
- El Dato: Las cifras fueron elaboradas con información proporcionada por las 32 fiscalías estatales y forman parte del reporte oficial de incidencia delictiva actualizado hasta el 30 de abril.
Sin embargo, las gráficas expuestas mostraron que la tendencia decreciente no se ha mantenido en los últimos dos meses, ya que el promedio mensual más bajo del sexenio se quedó hasta febrero, con 49.4 crímenes, pero la cifra incrementó a 51.3 en marzo y a 52.5 en abril.
A la fecha, ocho estados concentran 53 por ciento del total en todo el país. Al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el de 2026, se observó una caída en el promedio diario de asesinatos en 26 de las 32 entidades, entre las que resaltaron San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo.
Uno de los estados en los que se ahondó fue el Edomex, en donde la reducción de los crímenes fue de 55 por ciento, al pasar de 6.6 a tres diarios. La misma tendencia se observó en Guanajuato, con una baja de 66 por ciento al pasar de 12.7 a 4.2.
En cuanto a los delitos de alto impacto, la disminución observada fue de 52 por ciento entre 2018 y 2026, al pasar de un promedio de 969.4 a 461.5, mientras que dentro del sexenio es de 27 por ciento.
A la fecha, todos los delitos han registrado una reducción en sus indicadores, incluida la extorsión (-7.7 por ciento), que al principio de la administración fue el que se mantenía con una tendencia al alza.
El feminicidio también tuvo una disminución de 7.8 por ciento; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 8.4 por ciento; el secuestro, 28.8 por ciento; el robo con violencia, 16.9 por ciento; robo a casa habitación, 1.7 por ciento.
Derivado de las operaciones realizadas entre los tres niveles de gobierno a lo largo del país, más de 52 mil personas vinculadas a actividades criminales han sido capturadas en lo que va del sexenio.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso que desde octubre de 2024 se han asegurado 28 mil armas de fuego y 391.7 toneladas de drogas, además de que se capturó a 52 mil 628 detenidos. “En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han desmantelado dos mil 337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina, evitando la venta y consumo de millones de dosis de droga”, agregó.
Como parte del plan contra la extorsión, fue echado a andar desde el 6 de julio de 2025; mil 310 extorsionadores han sido capturados. El funcionario ahondó en los operativos que se ejecutaron en otras entidades como Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco, en los cuales se consiguió la detención de diversos criminales ubicados como figuras claves y operativas de organizaciones delincuenciales.
Gobierno destaca captura de 25 capos
› Por Yulia Bonilla
EN LOS ÚLTIMOS 25 días, el Gobierno federal capturó a 25 objetivos delincuenciales de escala nacional e internacional vinculados con múltiples delitos como trasiego ilegal de combustible, asesinatos, compra de insumos criminales y que, además, están ligados a organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mayos.
Durante el balance expuesto por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se detalló que las detenciones se concretaron del 17 de abril al 11 de mayo.
Entre los perfiles está Audias “N”, El Jardinero, identificado por Méxcio y Estados Unidos como jefe regional del CJNG en Nayarit, Jalisco y Zacatecas.
- 391.7 toneladas de droga han sido aseguradas desde octubre del 24
En el mismo operativo fue detenido César Alejandro”N”, El Güero Conta, identificado como operador financiero y logístico de El Jardinero, responsable del manejo de recursos ilícitos utilizados para la adquisición de armamento, aeronaves, propiedades y equipo logístico.
Otro de los golpes relevantes fue la captura en Nuevo León de José Antonio “N”, El Titán o El Mamado, señalado como operador del Cártel del Noreste ligado al contrabando de combustible y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En Morelos fue capturado Rodolfo “N”, Don Ramón, líder de Los Linos, una agrupación criminal relacionada con extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículos y trasiego de cocaína procedente de Centroamérica hacia el país vecino del norte.
En Durango también fueron detenidos Eber Isael “N” y Etzair Gumaro “N”, presuntos operadores de Gente del Guano, un grupo criminal ligado a Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán.
En Ciudad de México fue detenido Irving Alexander “N”, El Machete, señalado como generador de violencia y líder de una célula vinculada a la Unión Tepito.
Otro perfil prioritario detenido por autoridades es Ángel de Jesús “N”, El Chirris, generador de violencia relacionado con extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto en Tabasco.
El reporte federal también incluyó la captura en Cancún de János Balla, alias Dániel Takács, considerado uno de los 10 narcotraficantes más buscados de Europa.
El caso Rocha “es sólo el comienzo”, advierte DEA
› Por Elizabeth Hernández
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) colocó el caso contra Rubén Rocha dentro de una ofensiva más amplia contra presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales. Terrance Cole, titular de esta dependencia, afirmó ante el Senado estadounidense que las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa representan apenas el inicio de nuevas acciones en México.
“Puedo asegurarle que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”, respondió el funcionario al senador republicano John Kennedy, quien lo cuestionó sobre las acusaciones contra servidores públicos mexicanos durante una audiencia del Comité de Asignaciones.
Durante la comparecencia también estuvo presente Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
El legislador estadounidense señaló que el Departamento de Justicia acusó a un gobernador de México por colaborar con cárteles “para envenenar” a la población estadounidense.
- 10 funcionarios y exservidores son señalados en EU por vínculos con el narco
El senador John Kennedy también preguntó si los vínculos entre criminales y las autoridades mexicanas responden al miedo, al dinero o a una combinación de ambos factores.
Ante ello, el director del FBI afirmó que existe cooperación y planteó que la corrupción y el temor forman parte del problema. Cole, por su parte, sostuvo que estas redes de protección no son recientes.
“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios en México han estado involucrados durante años, pero de repente, le estamos prestando atención”, expresó.
La declaración marcó el tono de la audiencia, centrada en el tráfico de drogas, la actuación de cárteles mexicanos y la respuesta de las agencias estadounidenses.
Terrance Cole describió a las organizaciones criminales como estructuras con alta capacidad de adaptación.
Bajo esa lectura, la agencia antidrogas presentó el caso del gobernador Rubén Rocha Moya como una pieza dentro de una estrategia que busca ampliar investigaciones hacia funcionarios y operadores políticos señalados por presuntos acuerdos con grupos del narcotráfico.
Que México “dé un paso adelante” contra cárteles
› Por Elizabeth Hernández
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, reconoció ante un comité de la Cámara de Representantes la “colaboración sin precedentes” del Gobierno de México en la lucha contra los cárteles de la droga, aunque pidió elevar el alcance de las acciones antidrogas.
“Que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”, expresó al referirse al papel mexicano frente a las organizaciones designadas como terroristas por Washington.
Ante legisladores, el funcionario colocó esa exigencia dentro de la estrategia de seguridad nacional de su país. Hegseth afirmó que “el hemisferio occidental y la patria son la prioridad número uno” dentro de todos los programas de defensa de Estados Unidos.
Durante su intervención, el secretario vinculó ese enfoque con la ofensiva contra grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y personas hacia el país vecino. Aseguró que la política de defensa debe actuar desde los puntos donde esas redes producen, trasladan e intentan introducir mercancías ilícitas y migrantes bajo control criminal. Esa ruta, dijo, pasa por territorio mexicano antes de llegar a la frontera suroeste.
Además, utilizó el concepto de “defensa en profundidad” para explicar la respuesta de Washington. “Comienza allá abajo, donde producen y donde se mueven. Y luego entra en México, donde hemos tenido una colaboración sin precedentes, y lo agradecemos”, señaló. Con esa frase, ubicó a las autoridades mexicanas como un actor clave en la contención de los cárteles antes de que sus operaciones impacten en suelo estadounidense.
La cooperación con México, añadió, tiene un peso directo en esa línea de defensa. En particular, mencionó a las secretarías de Defensa Nacional (Defensa) y a la de Marina (Semar) como instituciones centrales para ampliar el trabajo conjunto. “Las alentaremos a continuar, donde puedan, para asociarse y hacer más”, sostuvo ante los integrantes del comité.
Bajo esa misma lógica, el funcionario defendió el despliegue militar en la frontera sur de Estados Unidos. Hegseth afirmó que cerrar ese punto forma parte de la protección interna de su país. “Sellar esa frontera es la defensa del pueblo estadounidense. Es la defensa de la patria”, indicó, al destacar que las tropas asignadas a esa zona respaldan esa misión.
La presión del funcionario estadounidense se suma al mensaje que Donald Trump dirigió la semana pasada a México, cuando advirtió que su gobierno podría actuar si las autoridades mexicanas no refuerzan el combate al narcotráfico.
“Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, dijo el presidente estadounidense, al anticipar posibles quejas de representantes mexicanos por la estrategia de Washington contra el tráfico de drogas.
Trump ya había elevado el tono contra México al abrir la puerta a operaciones terrestres contra cárteles, tras afirmar que su gobierno había reducido el ingreso de droga por vía marítima.
“Vamos a empezar ahora a golpear en tierra con respecto a los cárteles. Los cárteles manejan México. Es muy triste verlo”, dijo a inicios de este año.
“Nos escucharon”; CSP resalta plan antidrogas de EU
› Por Yulia Bonilla
El Gobierno de México destacó que Estados Unidos decidiera replicar la estrategia nacional para combatir el consumo de drogas, que en su momento la Presidenta Claudia Sheinbaum compartió con su homólogo Donald Trump.
La mandataria federal consideró que la Estrategia Nacional para el Control de Drogas presentada hace unos días por la Oficina Nacional para el Control de Drogas de la administración estadounidense es “muy interesante” y señaló que lo importante es que se reconoce que ha sido parte del diálogo entre ambos países.
“Nos escucharon y están poniendo en su estrategia dos temas que nosotros consideramos fundamentales”, dijo.
- El Tip: Luisa María Alcalde sostuvo que el gobierno de Donald Trump reconoció el “fracaso” del modelo punitivo y la importancia de la prevención del consumo de drogas.
Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, presentaron un análisis al informe estadounidense.
El canciller destacó que el plan sí reconoce la cooperación con México y destaca las acciones que se han realizado entre ambos países. Uno de los puntos mencionados dentro del informe es que interrumpir el flujo de armas que parten de su país hacia la delincuencia organizada en nuestra nación es un “elemento crítico del control fronterizo”.
La consejera jurídica destacó que el informe estadounidense reconoce que 73.6 millones de personas, 25.5 por ciento, han consumido drogas ilícitas en el último año: 48.8 millones, 16.8 por ciento, padecen un trastorno por uso de sustancias.
Al comparar con los indicadores mexicanos, se observó que el consumo nacional es ampliamente menor, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), 3.8 millones han ingerido drogas ilícitas, lo que es apenas 2.7 por ciento.
Comentó que EU replicó la campaña masiva en medios, programas de prevención escolar y entender la adicción como una enfermedad con enfoque en la intervención temprana, así como integrar el tratamiento al sistema de salud general.
Retoman autoridades el control de Chilapa
› Por Tania Gómez y Yulia Bonilla
Las autoridades federales y estatales retomaron el control de la zona de Chilapa, Guerrero, luego de varios días de bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y desplazamientos de familias indígenas provocados por la disputa entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, en la región de la Montaña Baja.
El operativo incluyó el despliegue de más de mil 300 elementos de seguridad: 690 del Ejército Mexicano con 80 vehículos; 400 integrantes de la Guardia Nacional en 50 unidades, y 200 policías estatales con 34 patrullas, además de cinco helicópteros, ambulancias y personal médico de distintas corporaciones.
- El Dato: Los cuerpos de 4 hombres con huellas de tortura fueron encontrados en la carretera federal Chilapa-Tlapa el lunes, y otro más con impactos de bala la mañana de ayer.
La Secretaría de Gobernación informó que, tras el restablecimiento del diálogo con los grupos en conflicto, los pobladores permitieron el ingreso de fuerzas estatales y federales al corredor comunitario de Chilapa, donde permanecían bloqueadas carreteras y caminos secundarios.
En las comunidades de Alcozacán y Coatzingo fueron atendidas familias desplazadas por las agresiones registradas en la zona. De acuerdo con las autoridades, se brindó atención médica, alimentación y seguridad a las personas afectadas.
120 personas decidieron permanecer en sus comunidades
De acuerdo con el Gobierno federal, alrededor de 120 pobladores desplazados expresaron su decisión de permanecer en sus comunidades y no ser trasladados a albergues, por lo que se les entregaron colchonetas, cobertores, generadores de energía eléctrica e insumos básicos.
Asimismo, hasta la tarde de ayer se tenía el reporte de seis personas lesionadas, mismas que recibieron atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar.
- 6 personas lesionadas reciben atención médica en el IMSS
También fue restablecido el servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo que permitió recuperar la telefonía e Internet en la zona afectada. Además, fueron liberadas la carretera estatal Chilapa de Álvarez-José Joaquín de Herrera y otros caminos que permanecieron bloqueados durante varios días.
La Segob detalló que en la zona de conflicto se realizó un despliegue de funcionarios. Por tal motivo, su titular, Rosa Icela Rodríguez, encabezó en Chilpancingo la instalación de un Centro de Mando para coordinar acciones junto con la gobernadora, Evelyn Salgado, y el subsesecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez.
Como parte de las acciones, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, sostuvo comunicación con los líderes de grupos en conflicto, a quienes solicitó terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica para permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas y facilitar tanto el restablecimiento del orden como la atención de personas lesionadas.
De acuerdo con reportes locales, el grupo delictivo Los Ardillos habría atacado comunidades como Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán con armas de alto poder e incluso drones con explosivos, lo que provocó desplazamientos masivos de familias indígenas nahuas hacia localidades cercanas como Alcozacán.
EXPLICA CRISIS. Previamente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el conflicto está relacionado con la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos, grupos que mantienen asedio en al menos tres poblados de la región y han instalado bloqueos en distintos puntos.
En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, explicó que elementos de la Guardia Nacional fueron enviados para “preservar y proteger a la ciudadanía”, aunque aclaró que se evitaron enfrentamientos directos para no poner en riesgo a la población civil.
“Por supuesto que no hay ningún diálogo con ellos (los criminales), sino con las policías comunitarias y los representantes de las poblaciones”, declaró el funcionario al detallar las negociaciones para permitir la salida de personas atrapadas en la zona de conflicto.
En su oportunidad, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, aunque se actuará “con la fuerza de la ley” contra los responsables de la violencia, la prioridad inmediata es proteger la vida de la población y evitar una confrontación armada que pueda derivar en más víctimas civiles.
“Lo importante aquí es la salida sin una confrontación. Alguien podría decir: ‘Que llegue el Ejército y desarme a las personas que están ahí’. Sí, nada más que eso va a representar una confrontación donde puede haber civiles fallecidos o incluso, puede haber una confrontación muy grave”, sostuvo la mandataria..
Instalan Centro de Mando en Chilpancingo
En Chilpancingo se instaló un Centro de Mando encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
En las tareas de coordinación participan también el subsecretario de Gobernación, mandos militares y navales, representantes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales de seguridad.
La nueva escalada de violencia se atribuye a la disputa entre organizaciones criminales y grupos comunitarios en la región.
De acuerdo con reportes locales, el grupo delictivo “Los Ardillos” habría atacado comunidades como Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán con armas de alto poder e incluso drones con explosivos, lo que provocó desplazamientos masivos de familias indígenas nahuas hacia localidades cercanas como Alcozacán.
Acorralan a pobladores con incendios, drones y tiroteos
› Por Claudia Arellano
La violencia volvió a romper el silencio de la Montaña baja de Guerrero. En las últimas semanas, familias enteras de las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en el municipio de Chilapa, abandonaron sus hogares en medio de ataques armados, incendios, drones con explosivos y ráfagas de metralleta atribuidas al grupo criminal Los Ardillos.
El éxodo ocurre otra vez en una región acostumbrada a vivir entre el miedo y el abandono institucional. Mujeres, niños y ancianos caminaron durante horas hacia la comunidad de Alcozacán en busca de refugio. Algunos pasaron las noches en el monte, bajo la lluvia, sin alimentos ni electricidad. Las autoridades registran casi una centena, pero la comunidad dice que son más de 300 almas.
- El Dato: En 2025 se documentaron en el país 72 episodios de desplazamiento: en Chiapas hubo 17 mil 865 afectados, seguido de Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero.
“Nuestros niños no estarían otra vez durmiendo en el monte bajo la lluvia, sin luz y sin comida, temblando de frío y de miedo”, denunció una mujer desplazada en un video difundido por el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Los ataques recrudecieron desde principios de abril. El 6 de ese mes, según denunció el Cipog-EZ, un comando emboscó y asesinó a cuatro integrantes de la policía comunitaria en Xicotlán mientras trabajaban en una construcción. Todos eran originarios de Tula.
“Pareciera como que son cómplices. Requerimos ayuda, hay muchos niños, mujeres y personas también de la tercera edad”, acusó Plácido Galindo, dirigente del Cipog-EZ, al referirse a la actuación de las autoridades.
Según el líder comunitario, la presencia militar disminuyó en semanas recientes y, poco después, comenzaron los ataques con drones y armas de alto poder.
“Luego que se fueron, empezaron con drones, ametralladoras. La gente tuvo que salir hacia Alcozacán”, afirmó.
- 86 por ciento de los desplazamientos en 2024, por violencia
Los desplazados relatan que los ataques ocurren de día y de noche. Las viviendas son incendiadas y los pobladores deben esconderse entre cerros y barrancas: “Las madres no estarían caminando en la oscuridad cargando a sus hijos, tratando de esconderlos de las balas y drones, sin saber si mañana vamos a seguir vivos”, expresó Galindo.
El Cipog-EZ asegura que, desde 2014, la violencia ha dejado al menos 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas en las comunidades bajo su resguardo, con lo que la comunidad se suma a los miles de desplazados por violencia en el país.
En 2024, más de 28 mil 900 personas fueron desplazadas forzadamente en México debido a la violencia, un aumento del 129 por ciento respecto al año anterior, según datos de la Universidad Iberoamericana, que advierte que este 2026 ël aumento podría ser significativamente mayor, sin calcular aún los números.
Otras estimaciones, como la del Observatorio de Desplazamiento Interno, indican que a finales de 2024, cerca de 390 mil personas vivían desplazadas lejos de sus hogares a causa de la violencia criminal desde 2006.
Morena, por desaforar a Campos; ésta revira: sus gobiernos, acusados por ligas con el narco
