El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó las constancias de mayoría a las cinco mujeres y cuatro hombres electos como ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante las votaciones del pasado 1 de junio; además, declaró la validez de la elección. Sin embargo, quedaron fuera del conteo final 818 casillas por haber presentado irregularidades en cuanto al número de votos emitidos en ellas.
Guadalupe Taddei, presidenta del órgano electoral, afirmó que la elección marca un ejercicio “sin precedentes” en la historia democrática del país, pues se trató de la primera vez que la ciudadanía elige de manera directa, libre y secreta a quienes integrarán el máximo tribunal constitucional del país.
- El Tip: Arturo Castillo propuso entregar constancias de mayoría, pero “no declarar la validez” de cuatro de seis elecciones.
Tras un debate de más de seis horas, la declaratoria —con 6 votos a favor y 5 en contra— se dio entre críticas y señalamientos de la existencia de inconsistencias en la forma de votar, o también la distribución de acordeones, a los cuales, los consejeros señalaron que se volvió a prácticas que se creían erradicadas de la democracia mexicana.
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El consejero Arturo Castillo, señaló que la elección del Poder Judicial que se llevó a cabo “fue la posible, no la elección perfecta”, pues argumentó que el número de casillas “probablemente” afectó la participación ciudadana, además de que se presentó una falta de recursos para llevar a cabo diferentes etapas de la elección.
Destacan irregularidades en 818 casillas
Explicó que durante esta jornada electoral se presentaron “prácticas profundamente antidemocráticas que creíamos desterradas de nuestro sistema electoral. Como se verá el cómputo de la Suprema Corte”.
Argumentó que en 818 casillas en todo el país se detectó “la inexplicable participación del 100 por ciento o más de los electores, boletas no extraídas de las urnas y casos de candidaturas que tuvieron el 100 por ciento en casillas y en lista nominal, además de inducción al voto”.
Señaló que esto representa el 0.97 por ciento, un total de 3.7 millones de votos; lo que dijo, “se trata de conductas y circunstancias sumamente graves que vulneran directamente la certeza de que los votos emitidos en esas casillas reflejan la voluntad ciudadana, de ahí que, como se precisen, resulta inviable sumarlas al conductor final”.
Castillo Loza calificó a los acordeones y su repartición como “el elefante en la sala que nadie quiere ver y hablar”. Dijo que la totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales —esto es en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la sala superior y en cuatro de las salas regionales del Tribunal Electoral— coinciden con las promovidas en los llamados acordeones”.
Explicó que se trata de “posible propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos y distribuida en gran parte del territorio nacional. 22 de las 28 candidaturas que se encuentran en este supuesto, se deslindaron de los llamados acordeones, por lo tanto, solo puede entenderse que estos fueron pagados con recursos de terceros y por ende prohibidos en esta elección por el artículo 96 constitucional”.
Sin embargo, la presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei, indicó que en ninguno de los casos “las irregularidades presentadas impacten de manera significativa, de modo que reviertan el modo de resultados o la diferencia existente entre ganadores y segundos lugares en la elección”.
La sesión se pausó para que el árbitro electoral recibiera el parte de la situación jurídica de Héctor Ulises Orduña, quien se encuentra en prisión preventiva acusado de violación de una menor y ganó un lugar en el tribunal mixto de Veracruz, con 44 mil 221 votos.
Será hasta el momento en que se declare la validez de la elección de jueces de distrito en la que se determine su situación y si es que se elimina su triunfo.
INE rechaza cancelar triunfo de señalados como deudores alimentarios y por violencia de género
Por otro lado, el Consejo General del INE rechazó la propuesta para cancelar el triunfo de tres juzgadores electos por mayoría popular quienes enfrentan acusaciones por ser deudores alimentarios o incurrir en violencia, acoso o abuso sexual.
Las candidaturas en cuestión se encuentran Jaime Vladimir Ángel Cisneros, magistrado electo del cuarto circuito judicial; Sergio Díaz, magistrado electo a magistrado regional en materia electoral, y Gerardo Antonio Valerio, magistrado electo del quinto circuito judicial; sin embargo, esta propuesta solo tuvo dos votos a favor. Uno de la consejera Carla Humphrey y Rita Bell López.
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cehr
