Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de la Ley de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir el lavado de dinero.
La oposición denunció que la reforma otorga “acceso absoluto” a datos personales y financieros de los ciudadanos sin control judicial, y advirtió que puede usarse con fines políticos.
El dictamen, aprobado con 23 votos a favor y seis abstenciones, tras dos horas de debate y un quórum que mayoritariamente legisló vía remota, dota de mayores facultades a la UIF para investigar y aportar pruebas ante posibles transacciones que impliquen recursos de procedencia ilícita, e incluye expresamente la prevención del financiamiento al terrorismo.
- El Dato: Javier Corral aclaró que esta reforma es de carácter administrativo, por lo que no incluye el congelamiento de cuentas ni amplía las competencias de la GN o el Ejército.
Esta reforma también amplía y refuerza el espectro de vigilancia financiera al incorporar a la propia UIF como “víctima”, cuando se cometan delitos que afecten al sistema financiero, lo que le permitirá coadyuvar en las investigaciones.
En la presentación del dictamen, el morenista Javier Corral, presidente de la comisión de Justicia, insistió en que con este dictamen se busca prevenir el uso de recursos ilícitos y que contaminen el sistema financiero, así como cumplir compromisos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Además de corregir fallas detectadas en 2018 por dicho organismo, proteger el interés público, garantizar medidas proporcionales al riesgo y preparar al país para la próxima evaluación internacional en 2025, asegurando transparencia y legalidad.
Sin embargo, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) externaron críticas a la propuesta.
La vicecoordinadora de MC, Alejandra Barrales, expresó preocupación por el acceso sin restricciones a datos personales y financieros de los mexicanos; consideró que “se trata de darle acceso absoluto a la Secretaría (de Hacienda) sin limitación alguna, sin intervención judicial previa, ni mucho menos”.
Insistió en que esta propuesta es “delicada” en un país “donde la seguridad de muchas familias mexicanas está en riesgo, nos parece muy delicado que un ente de Gobierno, con una simple solicitud, pueda tener acceso a datos personales de las familias mexicanas y los mexicanos”.
Guadalupe Murguía, del PAN, alertó sobre el riesgo de ambigüedad en la definición de personas políticamente expuestas (PEP) —funcionarios de los tres niveles de Gobierno— y cuestionó que sea la Secretaría de Hacienda la encargada de interpretar e implementar las disposiciones, lo que consideró “jurídicamente inconveniente”.
Añadió que empresarios han manifestado preocupación por la carga administrativa impuesta a quienes realicen actividades comerciales que excedan ciertos umbrales de operación.
“Sin embargo, queremos alentar, advertir de posibles excesos que pudieran cometerse en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia”, dijo en la discusión.
Manuel Añorve, coordinador del PRI, denunció que la reforma da herramientas al Gobierno para “congelar cuentas por simple sospecha” y advirtió un uso faccioso para perseguir a opositores, sindicatos, iglesias, partidos políticos y organizaciones civiles sin necesidad de juicio previo.
Se contradicen sobre extra en el congreso
Por: Ulises Soriano
Mientras Javier Corral, senador de Morena, aseguró que hay avances sustantivos en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que “previsiblemente este próximo viernes se convocará a un periodo extraordinario”, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, puso en duda que exista tal acuerdo.
Cuestionado sobre lo dicho por el tricolor, Corral explicó que la Comisión Permanente aún no ha sesionado, por lo que será hasta el viernes cuando se confirme si se convoca o no al extraordinario.
Agregó que los trabajos “están avanzados”, que ya hubo reuniones con los presidentes de las comisiones dictaminadoras y que “efectivamente había una mala interpretación con relación al turno legislativo que se ha aclarado”. Dijo que se reformulará el dictamen con base en propuestas surgidas en los conversatorios en materia de telecomunicaciones.
En contraste, Añorve afirmó que no hay condiciones para un extraordinario amplio: “No vemos esos 27 dictámenes que dicen que van a estar en el periodo extraordinario”, y agregó que en el Senado sólo hay dos temas dictaminados: lavado de dinero y burocracia.
“Se hablaba del 23 al 27 (de junio), y luego no, que ya es la primera semana de julio y en eso nos quedamos”, expresó el priista.
