Tras darse a conocer el proyecto con el que Ana Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propondrá invalidar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en contra al señalar que debe permanecer ante los niveles de inseguridad que hay.
Se espera que uno de los últimos asuntos de alto alcance que discuta el alto tribunal sea el de mantener o no esta medida cautelar, por medio de la cual se dicta prisión a detenidos de manera automática, cuando un juez considera que existe algún riesgo de fuga o relativo y por ello debe llevar su proceso en detención.
En conferencia, opinó que hay casos en donde dictar la PPO es necesario, sobre todo por motivos de seguridad para los jueces que se encargan de resolver asuntos vinculados al crimen organizado.
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“Frente a la situación actual, pienso yo que es correcto, lo planteé incluso cuando estaba la discusión, que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. Eso tiene que ver, incluso, con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso”, dijo.
En ese contexto, se pronunció por establecer que esta medida cautelar se aplique en determinados delitos, como homicidio, de manera que la decisión no dependa del criterio del juez, sino que ya haya una “orientación” sobre cómo proceder.
“Frente a la situación de inseguridad que vive el país, los grupos de la delincuencia organizada, es importante —incluso para protección de los propios jueces, ahora viéndolo en apoyo a los jueces— que haya ciertos delitos en donde no quede a criterio del juez si es prisión preventiva oficiosa o no, sino que ya haya una orientación previa de que ciertos delitos, como homicidio, por ejemplo, o ciertos delitos graves, el juez oriente a la prisión preventiva oficiosa”, declaró.
Sobre las críticas que la oposición ha hecho en contra de mantener esta figura jurídica, respondió que los grupos contrarios a su Gobierno tampoco han propuesto otras alternativas.
La SCJN publicó un proyecto de sentencia elaborado por la ministra Ríos Farjat, que resuelve la acción de inconstitucionalidad 49/2021 en torno a la PPO y en el que se propone establecer una interpretación acorde con los derechos humanos y estándares internacionales.
Allí, se plantea eliminar el carácter automático de la medida cautelar, y determina fundada la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.
Se establece que los jueces deberán tomar en cuenta tres condiciones para dictar la medida cautelar cuando otras no sean suficientes: la comparecencia de la persona imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, testigos o de la comunidad.
El proyecto califica a la PPO como un “instrumento engañoso” para medir el éxito de las políticas de seguridad, al tiempo que señala que debe ser una medida utilizada con excepcionalidad.
“La idea de privar preventivamente de la libertad a una persona imputada debe significar una verdadera excepción”, destaca el texto.
Respecto a los efectos que tendría la aprobación de dicho proyecto, la ministra considera que “generará grandes expectativas a quienes están privados de la libertad”; sin embargo, su aprobación no implicaría que desaparezca la medida ni la liberación inmediata de quienes se encuentran privados de la libertad.
Confirman un periodo extra desde el lunes 23
› Por Yulia Bonilla y Claudia Arellano
La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que será el próximo 23 de junio cuando se convoque a un nuevo periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para desahogar reformas a por lo menos 20 leyes.
Indicó que las modificaciones que se discutirán son proyectos ya presentados, aunque habrá algunas novedades como en el paquete de las reformas para atender el fenómeno de las desapariciones, y recordó las conversaciones de la secretaria de Gobernación con madres y colectivos de buscadores para conocer sus propuestas y, con ello, robustecer el sistema de búsqueda y localización.
“Hay mucho avance, por ejemplo, en la Ley de Búsqueda y la Ley General de Población, los acuerdos que hay (…) hay más de 100 colectivos que están de acuerdo con la nueva propuesta que se está presentando”, dijo en conferencia.
Añadió que otras reformas que se votarán serán las relativas a la Ley de Seguridad Nacional, de la Guardia Nacional, así como otros temas en rubros de competencia económica y telecomunicaciones, el cual incluirá el fortalecimiento del financiamiento de medios comunitarios.
Tras ratificar que en septiembre enviará una reforma a la ley aduanera, la Presidenta afirmó que se ha identificado a agentes aduaneros que sostienen vínculos con políticos del pasado, a los cuales vinculó con prácticas irregulares y esquemas de corrupción.
Comentó que, junto a la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha revisado una a una las aduanas en el país, para identificar las problemáticas “y se está poniendo en orden”.
CONFIRMA FECHA. Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la bancada de Morena propondrá en la sesión de la Comisión Permanente de este viernes, convocar el periodo extraordinario del Congreso de la Unión del 23 de junio al 2 de julio.
El coordinador de Morena detalló que la semana pasada habló con su homólogo en el Senado, Adán Augusto López, para coordinar la fecha: “Yo planteaba que fuera del 23 al día 30 y él me sugirió que pudiera ser hasta el día 2, pero es el planteamiento que vamos a hacer nosotros. La Permanente puede modificar fecha, materia y días”.
Agregó que se desahogarían 22 dictámenes, aunque podrían llegar en los días siguientes otros cinco, para hacer un total de 27, de los cuales, a San Lázaro le corresponden las leyes de los sistemas de investigación e inteligencia y de seguridad pública, transferencia de funciones del Coneval al Inegi, y Guardia Nacional.
En la Cámara alta abordarían las leyes de trámites burocráticos, en materia ferroviaria operaciones con recursos de procedencia ilícita, desaparición forzada, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión.
Finalmente, rechazó que se trate de una aprobación “al vapor”, pues varias de estas reformas llevan meses de discusión: “No pueden salir al vapor porque ya pasaron un proceso en las comisiones dictaminadoras. No pueden pasar al vapor porque ya es del conocimiento de los legisladores lo que vamos a tratar”.
