Entre las 30 modificaciones emanadas del aporte de colectivos de búsqueda a la iniciativa en materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, destaca la medida que obliga a la autoridad a que no sea omisa frente al tema, al incluir una disposición para sancionar a los servidores públicos que no actúen de inmediato ante la no localización de una persona o que condicionen las búsquedas a trámites como la presentación de la CURP.
Con las modificaciones, se refuerza la obligación de iniciar la investigación sin dilación, registrar de inmediato en la base nacional de carpetas de investigación y notificar a la fiscalía especializada. De no hacerlo, se prevén sanciones.
Según un documento entregado a madres buscadoras y al que tuvo acceso La Razón, la modificación al artículo 80 señala: “La autoridad que reciba una noticia, reporte o denuncia deberá informar inmediatamente a la Fiscalía Especializada competente, la que iniciará sin dilación alguna la investigación.
Del pleno a la prensa internacional: así se reportó la pelea en el Congreso capitalino
- El Dato: en los foros en Segob participaron 450 colectivos, con la asistencia de mil 42 personas, quienes hicieron 575 propuestas que derivaron en 30 modificaciones.
“La omisión de iniciar la investigación correspondiente y/o el reporte de desaparición pertinente, se sancionará de acuerdo con las disposiciones de esta ley”, dice.
La reforma original enviada por la Presidenta de la República el 27 de marzo pasado establece sanciones de 10 mil a 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual será verificado y sancionado por la Secretaría de Gobernación (Segob).
También destaca, en el artículo 85, la prohibición de condicionar la búsqueda a la CURP, toda vez que existen personas que aún no cuentan con este documento de identidad, como podrían ser migrantes irregulares, recién nacidos o personas de pueblos y comunidades indígenas.
- 113 pesos es el valor de la Unidad de Medida para este año
El artículo 12 fue modificado para agregar que de oficio y sin demora, las fiscalías deberán completar el registro en la base nacional de carpetas de investigación.
“La autoridad competente que reciba una noticia, reporte o denuncia por la desaparición o no localización de una persona, la registrará sin dilación alguna en el registro nacional y en la base nacional de carpetas de investigación (…). En este último supuesto las fiscalías, de oficio y sin demora, deberán completar el registro en la base nacional de carpetas de investigación”, señala la propuesta de modificación.
Dicha base, según el artículo 4, indica que el registro contendrá “los datos de las carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas por los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares”.
Entre los principales cambios, además del apretón a las autoridades, se incorpora en el artículo 2 de los cambios la Alerta Nacional de Búsqueda, cuyo protocolo será emitido por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que también deberá emitir el protocolo para la activación de dicha alerta.
Además, concede el reconocimiento de figuras como la familia social —para casos LGBTIQ+ o personas en situación de calle— y el nombre social de la persona desaparecida, “pues muchas veces son estas redes afectivas, y no la familia biológica, quienes realmente conocen, buscan y se preocupan por la persona desaparecida”.
La Plataforma Única de Identidad será fortalecida para incluir registros de salud mental y física, asistencia privada y centros de rehabilitación, con acceso controlado y monitoreo constante de la CURP de los desaparecidos, con el fin de detectar movimientos útiles para su localización.
Otra modificación clave es la obligación de trato digno a cuerpos y restos humanos, con registros forenses sistematizados y pruebas de identificación realizadas de oficio antes de cualquier inhumación.
Consultada por La Razón, la Comisión de Gobernación del Senado confirmó que, además de las propuestas canalizadas a través de la Segob, distintas bancadas presentarán ajustes adicionales al dictamen, el cual será trabajado el jueves en comisiones, la primera lectura ante el pleno sería el viernes y, en su caso, se discutiría ese mismo día o el sábado.
Cambios de fondo
- La autoridad que reciba el reporte deberá informarlo inmediatamente a la fiscalía, que iniciará la pesquisa.
- La omisión de iniciar la indagatoria y/o el reporte pertinente, se sancionará de 10 mil a 20 mil veces el valor de la UMA.
- Prohíbe condicionar el inicio de la búsqueda a contar con una CURP.
- Las fiscalías deberán registrar el hecho en el registro nacional y en la base nacional de carpetas de investigación.
- Reconoce figuras como la familia social y nombre social de las personas.
Madre buscadora ve falta de seriedad en enmienda
› Por Ulises Soriano
Los cambios a la reforma en materia de desapariciones fueron recibidos con escepticismo por el colectivo Solecito de Veracruz, quienes no fueron convocados al diálogo previo.
Así lo expresó Lucía Díaz, fundadora del colectivo, quien cuestionó la legitimidad del proceso: “Uno no es adivino para saber que ellos estaban haciendo eso. A nosotras no nos convocaron. Somos el primer colectivo en Veracruz y el que más búsquedas forenses ha realizado en el país, y aun así nos excluyeron”.
En Al Mediodía con Solórzano dijo que muchas de las propuestas incluidas en el documento presentado en la Secretaría de Gobernación “no son cosas nuevas”, pues ya existen protocolos, leyes y mecanismos que no se cumplen.
- El Tip: una treintena de colectivos rechazó la iniciativa, aun con los cambios, por considerar que no atiende la crisis de desaparecidos.
“Yo no creo tanto en esos 500 puntos. Ya hay bastante de dónde sacar cosas. Lo que falta es aplicarlas. Lo más importante es tener seriedad y hacer las cosas que ya están”, apuntó.
Cuestionada sobre la relevancia de los nuevos lineamientos, dijo: “Fue tan ambiciosa (la reforma) que no se ve seria. Porque no se le da oportunidad a nada de llevarse a cabo. Hemos estado en cientos de reuniones, miles de entrevistas y seguimos batallando con las mismas situaciones. Aquí necesitamos ver fiscalías. Es importantísimo. Mientras no se fortalezca el sistema de procuración de justicia, todo lo demás se queda en el papel”.
Indicó que en las fiscalías especializadas en desaparición carecen de operatividad, personal y recursos: “hay un rezago enorme. No podemos tener fiscales atornillados nueve años, que si salen buenos. Hay que remodelarlas completamente”.
Para Díaz, la impunidad es el principal motor de las desapariciones: “Tenemos un 98 por ciento de impunidad. Apenas después de 12 años tengo a una persona en prisión preventiva, y ni siquiera tengo la garantía de que será sentenciada”.
Sobre la localización de una fosa clandestina en Jojutla, con al menos 60 cadáveres, entre ellos niños, dijo: “La realidad nos explota en la cara. Hablan de trato digno mientras seguimos encontrando fosas”.
CSP va por otra reforma electoral para reducir costo de elecciones
› Por Yulia Bonilla
La Presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una nueva propuesta de reforma al sistema electoral, cuyo objetivo central será debatir el costo de las elecciones a través de una reducción del presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos.
Recordó que presentar una reforma en esta materia para bajar los costos fue uno de sus 100 compromisos de campaña. Además, comentó que la pasada elección judicial consiguió hacerse con ocho mil millones de pesos y refirió que la reforma que enviará buscará eliminar la figura plurinominal en los cargos legislativos.
“Está en mis 100 puntos una reforma electoral, que hace falta y ya. En su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE; ocho mil millones de pesos costó la elección ahora; la cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos y otras formas. También los plurinominales, también. Para darles una nueva tarea a los comentócratas, para que empiecen a hablar de eso”, dijo.
En relación con los comicios judiciales, acusó al órgano electoral de haberse excedido en sus funciones al desechar votos para contar en el resultado final, lo cual se debió a la identificación de irregularidades y anomalías durante la jornada electoral en algunas casillas. Comentó que la decisión respecto a estos sufragios debió tomarla el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Ahora, el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. El tribunal tiene esa atribución; el Instituto Nacional Electoral, no. Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución”, declaró.
Sheinbaum Pardo también acusó que dentro del INE hay un grupo de consejeros que se opone a que se cumpla con lo que la población decidió en las urnas y refleja su postura política en contra del Gobierno en su actuar.
“Son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en ‘todo lo que esté en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente’”, dijo.
Lo anterior lo dijo en relación con las declaraciones que emitió la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hace dos semanas, al pronunciarse en contra de que se invalidaran los resultados en más de 800 casillas en donde se encontraron irregularidades, situación frente a la cual aseguró que veía “resistencias” fuera del INE, pero también dentro.
“Hay días que marcan un antes y un después, días que no se olvidan, que no sólo se marcan en actas, que marcan un país. Para este proceso encontramos resistencias fuera, pero también dentro de este instituto, hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras. Todavía, hoy, proponer a este consejo que la validez se defina con estas 818 casillas, me parece un acto incorrecto a todas luces, respondiendo a nuestras atribuciones”, manifestó Taddei en aquel momento.
...Y enviará más cambios al Poder Judicial
› Por Yulia Bonilla
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que enviará más reformas para continuar con los cambios dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), cuya discusión habrá de ser llevada a cabo en septiembre por el Congreso de la Unión.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, explicó que son 17 las que tienen prioridad por ahora en el periodo extraordinario que abrieron la Cámara de Diputados y el Senado de la República este lunes; sin embargo, cuando se abra el periodo ordinario en poco más de dos meses, se habrán de enviar otros proyectos para los que ahora no hubo tiempo, comentó.
En cuanto al tema judicial, señaló que se trata de cambios a cuatro normas: el Código Nacional de Procedimientos Penales, las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la de Amparo, sobre lo cual únicamente comentó que se contempla reducir los tiempos que establece la Constitución.
“¿Qué falta dentro de las leyes que se van a enviar, pero ya no dio tiempo de que pasen el periodo extraordinario? Son cuatro leyes que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial que ya se entregaron, se están entregando a las cámaras y se van a aprobar en el periodo ordinario... Ya no dio tiempo para este periodo extraordinario, pero se presentan de una vez para que se discutan en comisiones para aprobarse en septiembre”, dijo.
Agregó que tampoco hubo tiempo para remitir otros proyectos, como el cambio a la Ley General de Salud para la regulación de los vapeadores.
Sheinbaum Pardo enunció que las reformas por desahogar ahora en el Congreso son la relativa al artículo 60 bis de la Ley General de la Vida Silvestre, a fin de prohibir la vida en cautiverio de mamíferos como los delfines; otra será para cambiar la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación de México, proteger a la totoaba y la vaquita marina; otra será para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cuanto a facultades para actuar contra la delincuencia organizada frente al lavado de dinero.
Un cuarto proyecto será el relativo a reforzar el sistema de búsqueda de personas desaparecidas; el respectivo a la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; el que concreta la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y crea la Comisión Antimonopolio.
Otros temas abordados con las modificaciones serán para eliminar trámites burocráticos, reconocer a las mujeres en los símbolos nacionales, armonizar el marco legal en materia ferroviaria, las facultades de la Contraloría de la Cámara de Diputados, el traspaso de las funciones del Coneval al Inegi para la medición de la pobreza, para atender el desempleo, así como un decreto internacional relativo al derecho del mar.
Chocan 4T y oposición por posibles cambios en el INE
› Por Ulises Soriano
Una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos, así como la eventual eliminación de legisladores plurinominales, fue considerada por integrantes de la oposición como una consolidación de un “régimen autoritario”, mientras que morenistas declararon que es una necesidad ante los fallos operativos del árbitro electoral.
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, advirtió que con esta reforma se puede dar un “régimen autoritario”, pues se busca una “represalia” al Instituto Nacional Electoral (INE) por su actuación en la elección judicial y, con ello, “controlarlo” para garantizar la permanencia de Morena en el poder.
“Nos parece gravísimo que el Gobierno esté anunciando una reforma electoral, porque lo que el Gobierno quiere, el objetivo de fondo del Gobierno, y hay que decirlo con claridad, es el control total en nuestro país. Es la instauración de un régimen de corte autoritario”, señaló.
Insistió en que “el control del Poder Legislativo” fue tomado “a la mala” y, por esa razón, “reformaron la Constitución para tener el control total del Poder Judicial. ¿Qué le falta hoy al Gobierno para ya de plano controlarlo todo? Lo que les falta es controlar al INE, controlar a la autoridad electoral”.
El panista advirtió: “Quieren un INE a modo para poder robarse las elecciones cuando pierdan el respaldo ciudadano”.
La senadora Carolina Viggiano, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que el árbitro electoral ha sido el objeto de ataques sistemáticos de parte del oficialismo y la intención de digitalizar la identificación oficial a través de la CURP es un intento de sustituir a la credencial del INE.
“Ellos, obviamente, sí van a mandar una reforma electoral para, pues, ser un partido único, no hegemónico, ser un partido único y tal vez le den chance a algunos satélites que quieran sobrevivir, pero creo que eso es lo que tienen en mente sin duda alguna”, señaló.
Coincidió con Anaya Cortés al señalar que “quieren un control absoluto de nuestras decisiones, preferencias y datos personales, y eso no es democracia”.
En contraparte, desde la bancada de Morena, Saúl Monreal respaldó la iniciativa presidencial y argumentó que la reforma electoral es necesaria ante los fallos operativos del INE durante la elección judicial.
Aseguró que el órgano electoral “no estaba preparado” para llevar a cabo la elección judicial, y consideró necesario revisar tanto el financiamiento de los partidos, como la estructura del propio organismo electoral.
“Recordarán que pareciera que el INE era el primero que le apostaba a que tronara la elección al Poder Judicial. No fue así, fue un éxito, y se dio a pesar de los asegunes. Por eso es necesario que esta reforma se establezca en la ley y no a criterio ni del Consejo General del INE ni de ningún consejero ni de ningún partido”, dijo.
Además, indicó que debe de haber “una reforma integral que incluya hasta el cambio de consejeros si es necesario. No se trata de un INE a modo, sino de uno adaptado a las nuevas realidades que exige la ciudadanía”.
El Senado aprueba ley para digitalizar trámites
› Por Ulises Soriano
El pleno del Senado de la República avaló la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Con ella se busca habilitar el modelo nacional para la digitalización y el establecimiento de la Llave MX como el mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales. Sin embargo, la oposición advirtió una concentración de datos personales en una sola entidad federal.
La Llave MX será un sistema digital de autenticación unificado vinculado a la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, para realizar trámites ante los tres niveles de Gobierno y ante todas las instituciones, incluidas las autónomas. Se establece que todos aquellos sujetos obligados deberán utilizarla para identificarse al realizar trámites digitales.
La norma aprobada con 75 votos a favor y 37 en contra, busca establecer un marco jurídico nacional para impulsar la simplificación, digitalización, homologación e interoperabilidad de trámites y servicios en todo el país.
También se crea el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, se eliminan los trámites considerados innecesarios y se centralizan datos mediante una nueva autoridad responsable: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuyas recomendaciones serán vinculantes.
En el debate, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cáma alta, Ivonne Ortega, aseguró que esta enmienda es una amenaza para la protección de la privacidad y una invasión a las facultades del municipio libre.
“Lo que vemos detrás de esta iniciativa es un ánimo de anular el federalismo, concentrándolos de nueva cuenta, adivinen en dónde. Sí, otra vez, en la Agencia de Transformación Digital”, señaló Barrales.
Además, agregó que, de atentar contra el federalismo, la nueva ley viola disposiciones del T-MEC, ya que obliga a proveedores privados de software a entregar claves de sus sistemas al Gobierno. “Nos preocupa profundamente el uso que se pueda dar a esta información. En esta era digital, quien controla los datos, controla las decisiones”, puntualizó.
En contraparte, la senadora de Morena Verónica Camino Farjat defendió la iniciativa y acusó que los gobiernos locales buscan mantener espacios para el cobro de sobornos y privilegios burocráticos.
“Prefieren tener estados y municipios fuera de una plataforma para que puedan seguir recibiendo privilegios. Aquí dejémonos de hipocresías y trabajemos por el pueblo de México”, afirmó.
Al respecto, la senadora del Partido del Trabajo Geovanna Bañuelos señaló que esta ley “elimina esos espacios de discrecionalidad. Con un Portal Ciudadano Único y una Llave MX de autenticación nacional, las personas podrán realizar trámites en línea, sin intermediarios, sin documentos duplicados, sin mordidas”.
Además, reiteró que “no sólo se trata de combatir la corrupción. Esta reforma es una herramienta de igualdad. Democratiza el acceso al Estado. Garantiza que nadie quede excluido: ni por vivir lejos, ni por hablar una lengua indígena, ni por no tener tiempo para hacer largas filas. Es un cambio que responde a nuestra diversidad”.
Sheinbaum defiende las licencias para la Guardia
› Por Yulia Bonilla
Ante las críticas y cuestionamientos hacia la reforma a la Ley de la Guardia Nacional para conceder licencia especial a sus elementos cuando quieran buscar un cargo de elección popular, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no se trata de un cambio nuevo, sino de únicamente la armonización de esta legislación con algo que ya permitía la Constitución respecto a los elementos del Ejército desde hace tiempo.
Tras presentarse las reformas en materia de seguridad que el Congreso desahogará en el periodo extraordinario, la mandataria abordó la relativa a la Guardia Nacional, en la cual se agrega que se podrá conceder licencia especial para desempeñar cargos de elección popular.
Comentó que esta es una posibilidad que ya contiene la Constitución desde 1917 y otras normas, en donde ya se concedía tal licencia a elementos militares, por lo que ahora la reforma, dijo, sólo busca “armonizarse” con lo que dicta la Carta Magna para conceder el mismo permiso a guardias nacionales.
En ese sentido, calificó las críticas externadas por algunos opositores como comentarios producto de la ignorancia sobre el marco constitucional.
“Una de las críticas, muy ignorante, o sea, que muestra nada más su ignorancia: es que ahora un elemento de la Guardia Nacional puede pedir licencia para participar en algún puesto de elección popular o algún cargo… Bueno, nada más para que vean la Ley Orgánica. ‘174. La licencia especial es la que se concede o en la que se coloca a los militares para: desempeñar cargos de elección popular’. O sea, esto viene desde la Constitución y después, en la Ley Orgánica para los miembros del Ejército, y se está equiparando para los miembros de la Guardia Nacional. Es decir, no hay nada nuevo, es nada más pura ignorancia en la crítica, la verdad”, dijo.
Arturo Coronel Flores, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, detalló que en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea se plantean cuatro tipos de licencias. Una es para resolver asuntos de carácter personal y es hasta por una duración máxima de seis meses. Otra es la ilimitada, que se concede para separarse por más de seis meses de sus actividades.
Una tercera es la licencia especial, que se concede para desempeñar cargos de elección popular; no hay goce de haberes. La última es por edad límite, para lo cual requieren por lo menos 30 años.
Sobre la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la Presidenta aseguró que no habrá intervenciones en las conversaciones particulares sin contar con la orden de un juez.
Aseguró que la nueva norma prevendrá, detectará y desarticulará las amenazas contra la paz, lo cual será dirigido por un Consejo Nacional de Inteligencia, lo que dará al Estado la facultad de “anticiparse a los riesgos y actuar de manera preventiva” por medio de la colaboración interinstitucional, con los tres órdenes de gobierno, y con el “aprovechamiento de tecnología de vanguardia”.
Este último punto, explicó, se refiere a una plataforma que permitirá conexión a registros y bases de datos para brindar toda la información para la investigación, la judicialización, en la que se colaborará con entes privados: “No puede haber intervenciones telefónicas, si no es a través de la orden de un juez. Nunca te la aceptarían como prueba en un juicio”.
Diputados avalan Ley de la Guardia Nacional
› Por Claudia Arellano
La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 349 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, y en lo particular con cambios por 351 a favor, 124 en contra y cero abstenciones, con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional (GN) y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones. Mientras la oposición denuncia “imposición”, el oficialismo defiende que es “en bien de la ciudadanía”.
Dolores Padierna Luna, diputada de Morena, señaló que la creación de la corporación en 2019 marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad nacional.
Afirmó que, con estas modificaciones a la ley, se da una respuesta inmediata a los desafíos de seguridad, y “también es una apuesta, es una estrategia de Estado, es una apuesta de largo plazo para construir, para tener una fuerza policial que se distinga por su eficacia, su profesionalismo, su proximidad con la ciudadanía”.
Con la aprobación de esta reforma, se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Y también se hace extensivo a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales. Se envió al Senado para sus efectos constitucionales.
El priista Arturo Yáñez Cuéllar denunció que esta ley es una “simulación del oficialismo” en materia de seguridad y advirtió que la reforma es un intento disfrazado de militarizar al país y consolidar el control del poder bajo el pretexto de proteger a la ciudadanía, afirmó.
“Morena quiere controlar por la fuerza lo que no puede sostener con la legitimidad. Por eso, a nombre del PRI, votamos en contra porque nosotros sí defendemos al pueblo de México”, sentenció.
El legislador cuestionó que el verdadero propósito de estas reformas no es pacificar, sino centralizar el poder, eliminar contrapesos y subordinar la seguridad pública al control militar sin transparencia ni control civil. Afirmó que convertir a la institución en un brazo político operativo es una amenaza a la democracia.
Pidió tener memoria “porque ustedes quieren una policía que puedan organicer, la capaciten y dirijan y lo hagan simulado a través de un escritorio militar y sin temporalidad de actuaciones”.
En el marco de la sesión ordinaria, el petista Ricardo Mejía Berdeja señaló que la expedición de la Ley de la Guardia Nacional no es una ocurrencia ni una imposición, “es el resultado de una evolución institucional que responde al mandato popular de contar con una fuerza territorial que tenga la capacidad de pacificar el país y mantener la seguridad pública, en beneficio de la ciudadanía”.
José Guillermo Anaya Llamas (PAN) al dar su voto en contra, explicó que es porque la reforma simboliza un intento grave por normalizar la militarización de la seguridad del país, contrario al artículo 21 constitucional que expresa claramente que las funciones de seguridad deben ser de carácter civil.
“No es un hecho aislado para tomar el control del país con rasgos de autoritarismo total”. La milicia debe coadyuvar a la seguridad pública con rostro humano y corporaciones civiles profesionales, dijo.
ONG ve en norma riesgo a principios democráticos
› Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx
La organización Causa en Común reprobó la “militarización de la seguridad pública”, luego de los cambios aprobados en la Cámara de Diputados sobre la Ley de la Guardia Nacional, lo cual pone en riesgo principios democráticos que suponen la sana distancia con respecto a la esfera civil y el tratamiento de la seguridad.
“México requiere una política de seguridad basada en corporaciones civiles en permanente desarrollo, fiscalías profesionales e independientes y un Poder Judicial autónomo. Requiere también restablecer el equilibrio civil-militar”, apuntó en un comunicado la organización.
Resaltó que los diversos ajustes legales en materia de seguridad que se encuentran en proceso de aprobación legislativa consolidan la militarización de la seguridad pública vía diversas atribuciones conferidas a las Fuerzas Armadas desde la creación de una Guardia Nacional militarizada en 2019.
“Se insiste, por tanto, en una directiva de seguridad pública que no sólo ha demostrado ser ineficaz —con niveles sostenidos de violencia e impunidad—, sino que genera abusos, violaciones a derechos humanos y opacidad en el uso de recursos públicos”, agregó.
Causa en Común consideró que la concentración de funciones civiles bajo el amparo del fuero militar, el debilitamiento presupuestal, político y operativo de las policías, la subordinación partidista de las fiscalías y la captura del Poder Judicial, amplían cada vez más los espacios para la acción arbitraria del poder y son incompatibles con un régimen de garantías. El país necesita, aliarse por los derechos y libertades de los mexicanos, dijo.
