Las comisiones unidas del Senado dictaminarán hoy una reforma integral a cinco leyes clave en materia de infraestructura y transporte, con la que se busca consolidar al sistema ferroviario como área prioritaria del desarrollo nacional, además de crear la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).
La iniciativa contempla fortalecer la rectoría del Estado en trenes de pasajeros y carga, actualizar sanciones, armonizar el marco normativo y permitir asignaciones directas a empresas públicas para proyectos ferroviarios, sin depender de concesiones privadas.
Entre las leyes que serán modificadas se encuentra la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley General de Bienes Nacionales.
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- El Tip: El decreto permite al Gobierno retomar el derecho de uso de las vías ferroviarias e impulsar el servicio de transporte de pasajeros.
La Razón tuvo acceso a un adelanto a los puntos fundamentales de esta minuta, y uno de los pilares de esta reforma es el impulso al transporte ferroviario de pasajeros y carga; además, reconoce su relevancia estratégica para la conectividad, el crecimiento económico y la seguridad nacional.
Esto va de la mano con los principios del Gobierno, que propone crear tres mil kilómetros de vías para transporte ferroviario de pasajeros, que atravesarían, en 13 tramos distintos estados como Pachuca, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Sinaloa, Nayarit y Sonora.
Para este hecho, se establece la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), un organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, que tendrá como funciones coordinar, regular y fomentar el desarrollo del sistema ferroviario y de transporte multimodal en todo el país.
El dictamen incluye la modernización del marco jurídico vigente mediante la armonización normativa y la actualización de definiciones, competencias institucionales y referencias, como el nombre actual de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
También se actualiza el régimen de sanciones y multas, que pasarán a calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que permitirá mayor coherencia con la normativa fiscal y administrativa.
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