El Índice Global de Tortura (IGT) 2025 ubicó a México en la zona de “riesgo muy alto” en cuanto a “tortura durante la privación de la libertad”; en el periodo de 2019 a 2024 fueron denunciados dos mil 881 casos de ese tipo con tres mil 506 víctimas en nuestro país, según datos del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
Al darse a conocer la evaluación del IGT, la República Mexicana presentó un nivel de “riesgo alto” en los casos de “brutalidad policial y violencia institucional, impunidad, protección a todos los grupos y defensa de los derechos humanos y espacio cívico”, y de “riesgo considerable” en los de “compromiso político y derechos de las víctimas”.
“La tortura en México es una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad, y que, sustituyendo al debido proceso, ha sido utilizada, entre otros fines, como método de investigación, obtención de confesiones y fabricación de culpables”, advirtió.
- El Dato: El Observatorio contra la Tortura informa que las víctimas carecen de una defensa adecuada y los agentes de policía las disuaden de presentar denuncias.
En la evaluación del IGT sobre la situación de esta práctica ilegal en 26 naciones, elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), se estableció que “ciertas figuras jurídicas e instituciones han favorecido la incidencia de este fenómeno, incluyendo las detenciones arbitrarias, el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, y la falta de voluntad y capacidad del Estado para investigar y enjuiciar a los responsables”.
Destacó que en México se mantiene en la Constitución algunas figuras contrarias con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
A su vez, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a los poderes judiciales a comprometerse de manera efectiva con la erradicación de la tortura y la dignificación de las víctimas.
- 2 mil 881 casos registrados en el IFDP en 6 años
“En un contexto de renovación de los poderes judiciales en México, la ONU-DH anima particularmente a las autoridades encargadas de impartir justicia a excluir de manera integral toda prueba obtenida mediante tortura o cualquier otra violación a derechos humanos”, señaló en un pronunciamiento.
“Para dicha exclusión, se requiere que las autoridades judiciales tengan la capacidad de realizar una revisión inmediata, independiente e imparcial de las investigaciones, de las detenciones y de los procesos penales; estén dotadas de las capacidades técnicas necesarias para ello, y actúen libres de cualquier influencia, presión, amenaza o intromisión indebida”, puntualizó la ONU-DH.
Añadió que el respeto a la independencia judicial es esencial para materializar un control efectivo del quehacer de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, así como para salvaguardar los derechos de las víctimas de tortura.
