La reforma judicial generará un efecto directo negativo contra quienes sufran violaciones de derechos humanos, pues al acabar con la independencia judicial, los nuevos juzgadores que integrarán al Poder Judicial responderán al Estado y no a las víctimas.
Al presentar el informe “La independencia judicial en jaque, ataques al Poder Judicial en el sexenio 2018 al 2024”, elaborado por la Fundación para la Justicia, Azul Aguiar, profesora titular en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, la Presidenta señaló que dicha reforma convierte al Poder Judicial en una institución políticamente dependiente y con menos poder para revisar la constitucionalidad de las leyes.
“Si vemos la experiencia de Bolivia, de Nicaragua, tenemos claridad de cómo van a ser las sentencias que sólo sirven al Estado (...) No podemos caminar más como un gobierno democrático, porque no vamos a contar con la división de poderes y la protección de derechos ciudadanos”, advirtió.
Carolina Jiménez, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), destacó que la reforma judicial tal y como fue concebida acaba con la independencia judicial, lo que minará los derechos de las víctimas.
“Se va a mantener un sistema de impunidad donde el Poder Judicial responde al Poder Ejecutivo, no a las víctimas, y las víctimas dejan también de recurrir por completo al Poder Judicial, porque, ¿para qué?”, consideró.
Asimismo, señaló que en países donde se elige a los juzgadores, se viven retrocesos frente a las conquistas de la población, como son los derechos sexuales y reproductivos, el aborto y los derechos de las comunidades LGBT.
“En Estados Unidos, después de 50 años de que la Corte había reconocido el derecho al aborto, se retrocedió luego de que Donald Trump nombró a tres jueces conservadores (...) De la misma manera que no hay democracia sin separación de poderes y no hay democracia sin independencia judicial, tampoco hay garantía y protección efectiva de los derechos humanos y defensa de los derechos de las víctimas, sin independencia judicial”, agregó.
En el mismo sentido, Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de la organización México Evalúa, advirtió que el impacto en los derechos de los ciudadanos será en donde se vea el mayor impacto negativo de la reforma judicial, pues la calidad de la justicia es lo que está en juego.
Al respecto, señaló que un ejemplo de ello es el tema de la prisión preventiva oficiosa, donde incluso hay condenas de la Corte Interamericana en contra de dicha medida por ser violatoria de derechos.
“Y (pese a ello), abiertamente se ha pedido que se paren todas las discusiones que ya estaban en la Corte para decidir si se eliminaba esa figura y se pidió que no se resuelva y que lo hagan los nuevos ministros. ¿En qué sentido se va a resolver?, ¿a favor de los derechos o del Estado?”, cuestionó.
