En un nuevo frente a los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para localizar a personas que están en su territorio sin permiso de residencia, como medida de presión para obtener información de personas indocumentadas, ahora las autoridades de inmigración del país vecino lanzaron una operación para exigir a los propietarios que rentan sus viviendas la entrega de contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, tarjetas de identificación y otra información de sus inquilinos.
Abogados inmobiliarios de Atlanta denunciaron lo anterior, tras señalar que los requerimientos no están firmados por un juez y tienen como propósito ayudar al Gobierno de Donald Trump a localizar a personas que están en territorio estadounidense sin permiso de residencia.
El requerimiento de información, firmado por personal de la unidad antifraude del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), también incluye los datos de otras personas que habitan con el arrendatario en la misma vivienda.
Primer informe del OAJ expone herencia de irregularidades y avances en reestructuración
- El Dato: La fiscal general de EU, Pam Bondi, aseguró ayer que “muchos inmigrantes ilegales están haciendo el trabajo de los cárteles en nuestras comunidades”.
Eric Teusink, abogado inmobiliario de la zona de Atlanta, indicó que algunos de sus clientes recibieron en fecha reciente las cartas de requerimiento de documentación completa sobre sus inquilinos, la cual, explicó, puede incluir historial laboral, estado civil y relaciones familiares.
Expertos y administradores de propiedades manifestaron que las solicitudes establecen dudas legales, porque no están firmadas por un juez, por lo cual, si los propietarios las acatan, podrían violar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional.
Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho de la Universidad de Tulane, que estudia la ley de vivienda, advirtió que “sólo porque un propietario reciba un requerimiento, no significa que sea una solicitud legítima”, y agregó que “el peligro aquí es el exceso de cumplimiento”.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, defendió el envío de dichos requerimientos de información a los arrendatarios. “No vamos a comentar sobre las tácticas de las fuerzas del orden en torno a investigaciones en curso”, argumentó.
Sin embargo, aseguró que es falso decir que los requerimientos del ICE pueden ignorarse sin más, ya que está autorizado para obtener registros o testimonios a través de autoridades específicas de requerimiento administrativo.
Los elementos del ICE han utilizado desde hace tiempo las citaciones firmadas por un supervisor de esta agencia para intentar ingresar a los hogares en busca de inmigrantes ilegales. Por ello, diversos grupos han implementado campañas de orientación a los propietarios de vivienda que las rentan, para que conozcan sus derechos e impidan el ingreso si los requerimientos no están firmados por un juez.
Teusink expuso que el cumplimiento de las citaciones es opcional, pues son básicamente de un funcionario haciendo una solicitud, a menos que estén firmadas por un juez.
Jordana Roubicek Greenman, abogada inmobiliaria de Boston, indicó que uno de sus clientes, que posee una vivienda en arrendamiento, recibió un mensaje de voz de quien se presentó como funcionario de ICE; sin embargo, le recomendó no hacer caso.
Anthony Luna, director general de Coastline Equity, empresa que supervisa alrededor de mil propiedades comerciales y multifamiliares en Los Ángeles, refirió que algunos clientes le expresaron su preocupación por los requerimientos de ICE.
...Y les impide acceder a audiencias de fianza
› Por Claudia Arellano
El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), Todd M. Lyons, instruyó a sus funcionarios a mantener en custodia a los inmigrantes hasta el término de sus procesos de deportación, negándoles acceso a audiencias de fianza. Ante esto, abogados y la comunidad migrante consideran que esto “pondrá en riesgo a millones de inmigrantes indocumentados, incluyendo a aquellos que han vivido en Estados Unidos por décadas”.
Un análisis de la Oficina de Washington y América Latina (WOLA) —dedicada a la investigación de derechos humanos— estimó que la suma de detenciones permitiría dejar en prisión al mismo tiempo a 100 mil personas, “muy por encima de la capacidad instalada de casi 49 mil”.
Jeimy Salazar Smith, quien trabaja en un despacho en Florida y lleva varios casos de migrantes detenidos en redadas, sobre todo en campos de cultivo, dijo que los inmigrantes que viven en Estados Unidos generalmente podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración y que “esta nueva estocada del gobierno a la comunidad migrante representa un riesgo no sólo para los migrantes sin documentos, sino para aquellos que han construido una vida en este país”.
- 100 mil migrantes estiman que permanecerán en prisión en EU
Recordó que Todd M. Lyons ordenó que los inmigrantes debían permanecer en detención “durante sus procedimientos de deportación, algo que puede tomar meses o años, y lo peor de esto es que para las familias implica costos de representación, para los cuales no se dan abasto”.
La activista Conchita Walker dijo que, con estas medidas, “no sólo se están llenando las cárceles con falsos delincuentes, sino que, además, mientras las cárceles estarán llenas, los campos, construcciones, los servicios se empiezan a vaciar y no se está teniendo piedad ni con las personas que han dejado su vida en este país y que ahora mismo no tienen salud”.
Walker compartió el caso de Jacobo Hernández, quien fue víctima de un asalto a mano armada en Georgia. La herida le perforó el abdomen e intestino, le causó un shock hemorrágico, falla renal y peritonitis. Ahora necesita un trasplante para salvarle la vida y, a pesar de esto, “hay una fuerte presión para que se presente a testificar su estatus ”.
Critican anuncio de crear nuevas cárceles migrantes
› Por Claudia Arellano
Luego de que se informara que Estados Unidos busca construir otros cinco megacentros de detención antiinmigrantes con características similares al Alcatraz de Caimanes, Graciela Zamudio, directora de la organización Alma Migrante, comentó en Al Mediodía con Solórzano que esta construcción y las que se pretenden realizar “son totalmente deshumanizantes”.
Tras dar marcha a las operaciones en Alligator Alcatraz, en Florida, la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que la administración de Donald Trump está en conversaciones con cinco estados gobernados por los republicanos para replicar el modelo de cárcel, por lo que la activista señaló que en política migratoria se vive una situación no vista en otro tiempo.
Según un reportaje del diario Miami Herald, 22 por ciento de los arrestados en este centro son de Guatemala, 21.5 de México, 11.6 por ciento de Cuba, 4.8 por ciento de Colombia, y 4.6 por ciento de Venezuela.
“Lo que vivimos en una situación terrible de derechos humanos, pero todavía tenemos base, creo que este escenario nos llama urgentemente a cuidar la paz, protegiendo los derechos humanos y totalmente negándonos como sociedad a la aplicación de estas medidas.
“Es muy importante que nos preparemos para prevenir el peor de los escenarios, sobre todo que nos preparemos con otro tipo de medidas que justo el mismo derecho internacional público establece”, dijo Zamudio.
