Ahora sí, nos alertan, la censura explícita se impuso en Campeche, derivada de una denuncia penal presentada por la gobernadora Layda Sansores. La resolución de la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz no deja lugar a la interpretación. Un interventor nombrado por el Tribunal Superior de Justicia debe revisar los contenidos del diario Tribuna referentes a la mandataria, para autorizar o no su publicación. También debe acompañar al exdirector del medio, Jorge Luis González Valdez, cuando acuda a programas o conceda entrevistas, para supervisar sus declaraciones. Periodistas veteranos sólo recuerdan algo similar en los años 60, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, cuando censores de Gobernación acudían a las redacciones de los periódicos, para revisar lo que se publicaría al día siguiente. Hay ya incluso morenistas que claman porque alguien le ponga un freno a los excesos de Layda, pues su autoritarismo extremo afecta la imagen del guinda a nivel nacional. Veremos.