Al cierre del 2024, 86 mil personas, 36.3 por ciento de las 236 mil 773 privadas de la libertad internadas en los centros penitenciarios del país, no habían sido sentenciadas, mientras que las cárceles a nivel nacional presentan un sobrecupo, ya que en promedio había 102.9 reos por cada 100 espacios disponibles.
Lo anterior se desprende de los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal 2025 elaborados por el Inegi, en los que se destaca que, de las mujeres ingresadas a los penales federales el año pasado, 34.4 por ciento fue por delitos contra la salud relacionados con narcóticos y, 33.7 por ciento de los hombres, por ilícitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos.
- El Dato: De 85,547 adultos privados de la libertad sin sentencia, 38.0 por ciento se encontraba en prisión preventiva justificada y 47 por ciento en prisión preventiva oficiosa.
Según las estadísticas, en los penales federales, el porcentaje de mujeres sin sentencia aumentó de 42 por ciento que había en 2023 a 47.1 por ciento en el 2024; en tanto, la cifra correspondiente a hombres disminuyó de 29.9 a 25.8 por ciento en el mismo periodo.
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En 2024 había 236 mil 773 personas internadas en los centros penitenciarios y especializados: 235 mil 312 adultas y mil 461 adolescentes. De ese total, 20 mil 702 (8.7 por ciento) estaban en los penales federales y 216 mil 071 (91.3 por ciento) en los estatales. Por sexo, 13 mil 985 son mujeres y 222 mil 788, hombres.
El Inegi subrayó que, el año pasado, la infraestructura penitenciaria estaba conformada por 325 centros: 14 correspondientes al ámbito federal, 261 estatales y 50 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes.
Estos inmuebles contaron con un total de 230 mil 168 espacios para las personas privadas de la libertad y adolescentes internadas, distribuidas así: 28 mil 200 en los federales, 195 mil 906 estatales y seis mil 062 en los especializados, donde la tasa de ocupación promedio a nivel nacional fue de 102.9 reos por cada 100 espacios disponibles.
Conforme a los datos de los censos, la tasa fue de 73.4 en los centros penitenciarios federales y de 107.0 en los estatales. Las entidades con mayor ocupación en las cárceles fueron Estado de México y Nayarit, ambas con 238.8 personas por cada 100 espacios, lo que refleja una sobreocupación; Colima y Campeche tuvieron los índices más bajos, con 39.2 y 55.0, respectivamente.
El censo del Inegi arrojó que durante el 2024 ingresaron 140 mil 510 personas a los centros penitenciarios y especializados; la mayor cifra correspondió a los estatales, con 138 mil 315.
Respecto a los centros penitenciarios estatales y especializados, se reportaron 166 mil 567 delitos por los que ingresaron las personas, 8.6 por ciento cometidos por mujeres y 91.4 por ciento, por hombres. El tipo de delito más frecuente por ambos sexos fue el robo, con 25.6 y 27.2 por ciento, respectivamente, seguidos de los relacionados contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Al cierre del 2024, a nivel nacional, se registraron 268 mujeres privadas de la libertad, de las cuales tres eran adolescentes y el resto, adultas. De esta cifra, 104 estaban embarazadas, 160 en periodo de lactancia y cuatro en gestación y lactancia. También hubo 307 internas que tuvieron consigo a sus hijos menores de seis años.
Riña en penal. Tres personas privadas de la libertad murieron y una más resultó herida durante una presunta riña registrada este jueves al interior del Centro Penitenciario Goros II, ubicado en el municipio de Ahome, Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron la mañana de ayer en uno de los módulos del penal localizado en la ciudad de Los Mochis. Además, personal de custodia intervino de inmediato para controlar la situación, aunque al momento de su llegada. Tras lo ocurrido, la Vicefiscalía Regional Zona Norte fue notificada para dar inicio a las investigaciones y las autoridades del centro ya establecen contacto con los familiares de los fallecidos para brindarles la información pertinente.
Sin sentencia, 1 de cada 4 menores infractores
› Por Alan Gallegos
De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 23.8 por ciento de los adolescentes que están privados de su libertad no ha recibido una resolución penal, que es el equivalente a la sentencia, en el caso de los adultos.
En el informe Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) publicado por el Instituto el pasado lunes, se establece que hasta 2023 —el corte más reciente que contempla el estudio— había mil 275 personas de entre 14 y 17 años en internación en las 32 entidades federativas.
Además, había otros dos mil 600 menores de edad sujetos a proceso penal por la posible comisión de delitos del fuero común, aunque con medidas cautelares distintas a la privación de su libertad, para un total de tres mil 785.
- El dato: De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ningún muchacho menor de 14 años puede ser privado de la libertad.
De entre los primeros, 303 adolescentes en conflicto con la ley permanecían en distintos centros especiales de internamiento sin tener una resolución penal que acreditara su responsabilidad en los delitos que las fiscalías o procuradurías estatales les imputan.
Entre 2017 y 2023 se registró una baja de 44 por ciento en el número de menores edad que fueron privados de su libertad, al pasar de dos mil 728 a mil 508.
Las tres entidades con las tasas más altas fueron Aguascalientes, con 95.1 internos por cada 100 mil adolescentes; Nayarit, con 62.7, y Sonora, con 58.7, mientras que, en el otro extremo, el estado de Tlaxcala reportó cero ingresos de menores ese año.
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El nivel de estudios preponderante entre los adolescentes en conflicto con la ley es secundaria, con 36.8 por ciento de quienes están internados y 46.4 por ciento entre quienes gozan de libertad, seguido de preparatoria, con 31.7 y 25.1 por ciento, respectivamente.
Del análisis del Inegi se desprende que, en 2022, sólo uno de cada dos adolescentes imputados dijo haber contado con la asesoría de un abogado durante su estancia en el Ministerio Público, mientras que 84.5 por ciento refirió que tuvo este tipo de asesoría antes de ser presentado en el juzgado penal por primera vez.
Entre 2017 y 2022, las mujeres sufrieron una disminución en cuanto a la asistencia de un defensor, pues en el primero de esos años, 86.8 por ciento reconoció que tuvo acceso a un abogado antes de la presentación ante el juez, porcentaje que bajó a 83.6 por ciento en 2022.
Además, 17.5 por ciento de los jóvenes de ambos sexos refirió no haber tenido contacto o acompañamiento de sus padres o tutores durante el primer encuentro con el juez de control que está a cargo de la causa penal correspondiente.
En tanto, 96.1 por ciento de los varones que estaban internados aseguró que contó con servicio médico o psicológico cuando lo solicitó, mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje fue ligeramente superior, con 97.2.
En ese año, 16.9 por ciento de los menores de edad sujetos a proceso penal declaró haber pensado alguna vez en quitarse la vida. Y de éstos, 53.3 por ciento, equivalente a 307 personas, intentó suicidarse al menos en una ocasión.
En el transcurso de 2023 se consignó la posible comisión de 33 mil 975 delitos en carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes por las fiscalías o procuradurías de justicia estatales.
Los cinco delitos presuntamente más cometidos fueron lesiones, con 24.8 por ciento del total; robo, con 15.2; amenazas, con 9.4; abuso sexual con 9, y narcomenudeo, con 8.4 por ciento.
De acuerdo con el análisis EPACOL, en el transcurso de 2023 se registraron 28 mil 899 víctimas derivadas de las carpetas de investigación abiertas por la probable comisión de delitos por parte de menores de edad. De este total, seis de cada 10 eran mujeres, mientras que 56.7 por ciento de los agraviados de ambos sexos tenía 19 años de edad o menos.
