Abogados en Estados Unidos denunciaron que los migrantes que fueron llevados al centro de detención Alcatraz de Caimanes se encuentran retenidos sin cargos, sin la posibilidad de reunirse con sus abogados, mientras que un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza.
En documentos judiciales, los litigantes que buscan una orden de restricción temporal contra dicho centro de los Everglades señalaron que han sido notificados de que el tribunal de inmigración no tiene jurisdicción sobre sus clientes.
- El Dato: las personas detenidas en el centro de migrantes de los Everglades denuncian hacinamiento, gusanos en la comida, desechos fecales e insectos en todas partes.
Por lo anterior, exigieron que los funcionarios federales y estatales identifiquen un tribunal de inmigración que tenga jurisdicción sobre los detenidos y comiencen a aceptar peticiones de fianza, tras alegar que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos al debido proceso.
“Esta es una situación sin precedentes, donde cientos de detenidos están incomunicados, sin capacidad para acceder a los tribunales, bajo una autoridad legal que nunca ha sido explicada y que puede no existir”, manifestaron, luego de considerar que “esta es una situación sin precedentes y preocupante”.
- 12 mexicanos continúan detenidos en el Alcatraz de Caimanes.
De acuerdo con el último reporte de las autoridades mexicanas, en ese centro de detención había 14 connacionales retenidos, pero este domingo se informó que los dos hermanos González ya habían salido de Alcatraz y que, incluso, ya se encontraban en territorio mexicano.
Hasta ahora se han presentado dos demandas en contra de esa prisión en Florida, luego de que un grupo de ambientalistas exigieron en junio, a funcionarios federales y estatales, detener este proyecto construido en el corazón de los Everglades, debido a que el proyecto no cumplió con las leyes ambientales.
Diversos señalamientos críticos han sido expresados por organizaciones y legisladores demócratas sobre la instalación del llamado Alligator Alcatraz, ya que consideran que es una amenaza “cruel e inhumana” para los humedales ecológicamente sensibles.
Sin embargo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y funcionarios estatales republicanos, defendieron dicho centro de detención como parte del impulso agresivo del estado para respaldar las acciones del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las “rápidas detenciones y deportaciones de inmigrantes ilegales delincuentes” comienzan a tener un impacto real en la seguridad pública, al disminuir 17 por ciento los homicidios en 30 ciudades de Estados Unidos.
“Bajo la presidencia de (Donald) Trump y (la secretaria del DHS, Kristi) Noem, las fuerzas del orden están trabajando a la velocidad del rayo para expulsar a los inmigrantes ilegales violentos y criminales de los EU”, dijo Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS, en un comunicado.
“Todos los días arrestamos a pandilleros, asesinos, pedófilos y depredadores violentos”, mencionó McLaughlin, y agregó: “El 70 por ciento de los arrestos (del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) corresponden a inmigrantes indocumentados que han sido condenados o acusados de algún delito. Estos arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados delincuentes tienen un impacto real en la seguridad pública”, ratificó.
Durante los primeros seis meses del 2025 hubo “un 10 por ciento menos de agresiones agravadas denunciadas, un 21 por ciento menos de agresiones con armas de fuego; 10 por ciento menos de agresiones sexuales y un 3 por ciento más de incidentes de violencia doméstica” en comparación con el mismo periodo del año pasado, según el DHS.
Los robos también decrecieron 20 por ciento y el robo de vehículos, 24 puntos. Pero el robo de vehículos aumentó entre el verano de 2020 y 2023, aunque la tendencia comenzó a revertirse en el 2024.
Desde que el republicano Donald Trump regresó al cargo el 20 de enero pasado, la administración ha arrestado a casi 300 mil inmigrantes ilegales y deportado a más de 239 mil, destacó Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Presentan 20 fiscales de EU demanda contra el gobierno
› Por Sergio Ramírez
Al menos veinte fiscales generales encabezados por Rob Bonta, de California, presentaron una demanda para impugnar la exigencia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de que los estados entreguen información personal y confidencial sobre millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Como parte de las medidas de presión en su lucha contra la migración, el USDA ha sugerido que podría retener la financiación administrativa del programa si los estados incumplen, lo que obliga a éstos a elegir entre proteger la privacidad de sus residentes y brindar asistencia nutricional esencial a quienes más lo necesitan.
En la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EU para el Distrito Norte de California, Rob Bonta y la coalición de fiscales argumentaron que esta exigencia viola múltiples leyes federales de privacidad y la Constitución de EU. “El presidente Trump continúa utilizando la información personal privada y confidencial como arma, no para erradicar el fraude, sino para crear una cultura de miedo donde las personas se resisten a solicitar servicios esenciales”, declaró Bonta en un comunicado.
“Hablamos de niños que no reciben almuerzo escolar; víctimas de incendios que no tienen acceso a servicios de emergencia; y otras consecuencias devastadoras y mortales. Estamos demandando a la administración Trump por sus exigencias ilegales de que los estados entreguen datos personales confidenciales de los beneficiarios del SNAP”, señaló.
Posteriormente, el fiscal Rob Bonta en sus redes sociales publicó que “esta exigencia sin precedentes viola todo tipo de leyes estatales y federales sobre privacidad y rompe la confianza entre el gobierno federal y las personas a las que sirve”.
Bonta lidera a los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Oregon, Rhode Island, Washington y Wisconsin en la presentación de la demanda.
El presidente Donald Trump promulgó la Ley One Big Beautiful Bill, que incluye recortes a los beneficios de SNAP, el 4 de julio pasado.
Cabe recordar que California recibe cerca de mil millones de dólares al año para administrar el programa.
SNAP es un programa financiado por el gobierno federal y administrado por los estados que proporciona miles de millones de dólares en asistencia alimentaria a decenas de familias de bajos ingresos del país.
Los solicitantes proporcionan su información privada con el compromiso, respaldado por leyes estatales y federales de larga data, de que su información no se utilizará para fines no relacionados con el objetivo del programa.