El activista en favor de los migrantes, Luis García Villagrán, se refirió al anuncio del fiscal General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero de que apelará la liberación que le concedió un juez el lunes, y remarcó que la dependencia no cuenta con pruebas sólidas que lo vinculen con los delitos de crimen organizado y tráfico de personas, sino solo con evidencias “inventadas” y una “mala interpretación” de la ley.
En entrevista para el programa Al Mediodía con Solórzano, García Villagrán se refirió a las declaraciones emitidas esta mañana por el fiscal General de la República, quien aseguró que se apelará la decisión de un juez de dejarlo en libertad, pues, aseguró, éste no se tomó el tiempo de analizar las 75 pruebas que se habían presentado en contra del activista.
A propósito, Luis García explicó que estas, en realidad, no eran pruebas, sino medios de prueba que se dejan a disposición del juez para que él valore si proceden como pruebas vinculantes.
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“En la etapa de vinculación a proceso, por cualquier imputado, no son pruebas las que presenta la Fiscalía General, sino son medios de prueba que el juez decidirá si son pruebas o no. Hay una mala interpretación del fiscal, quizá estaba un poco eufórico o adelantado”, dijo García Villagrán a Javier Solórzano, titular del programa.
Incluso, minimizó las 75 supuestas pruebas que presentó la Fiscalía al asegurar que estas son “partes policíacos de supuestas entrevistas que no cuentan con las características de modo, tiempo y lugar”.
Luis García Villagrán lamentó que después de tres años de investigación se autorizara súbitamente la intervención de su teléfono y WhatsApp personales, pero remarcó que las autoridades federales “no pudieron comprobar nada ilícito”.
En el mismo sentido, criticó que él y otros activistas migrantes sean investigados con tanta insistencia cuando, acusó, otros delitos han sido completamente ignorados por la Fiscalía General de la República.
Particularmente, se refirió a Farah Gertrudis Cerdio, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, a quien, dijo, ha denunciado con pruebas por corrupción y “enriquecimiento ilícito” por su ejercicio en el Instituto.
“La Fiscalía no ha movido un dedo para judicializar una carpeta de investigación y que se giren las órdenes de aprehensión para que estos funcionarios públicos den cuenta de un enriquecimiento ilícito evidente”, dijo García Villagrán.
Finalmente, el activista remarcó que estaba consciente de que en cualquier momento podría volver a ser detenido, y lamentó que haya una criminalización en contra de algunos activistas.
“Están trabajando nuestros abogados y estamos pidiéndole a la comunidad internacional, a muchas ONG, a la ONU y otras instancias internacionales que se aboquen a lo conducente, porque sabemos que ya estamos criminalizados por una carpeta de investigación inventada”, concluyó.
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