El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, exdirector general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por presuntas irregularidades en la construcción del Tren Maya, tras el descarrilamiento ocurrido hace dos semanas en el Tramo 3, a la altura de Izamal, Yucatán.
La denuncia fue firmada por el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, la diputada local de Quintana Roo, Reyna Tamayo, y la senadora Mayuli Martínez. Los legisladores acusaron a May y a otros funcionarios de “omitir supervisar con pulcritud” la obra.
“El accidente en Izamal pudo haber puesto en riesgo varias vidas inocentes”, afirmó la senadora Martínez.
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Por su parte, Ernesto Sánchez señaló que existen indicios de corrupción en el proyecto ferroviario. “Se otorgaron contratos a amigos de los hijos de López Obrador y se abusó de los cargos públicos para beneficiar a allegados”, dijo el legislador.
La denuncia también menciona irregularidades en los contratos TM-TRAMO3/20-OI-03 y PTM-TRAMO3/23-OI-04, que derivaron en pagos indebidos y sobrecostos superiores a 155 millones de pesos. Estas prácticas podrían configurar delitos como uso ilícito de atribuciones y administración fraudulenta en contratos públicos, de acuerdo con el Código Penal Federal y la Ley de Obras Públicas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó además pagos adicionales injustificados: más de 10 millones de pesos por cercado perimetral no colocado, 461 mil pesos por diferencias en estructura metálica y 140 mil pesos por errores aritméticos en cálculos de financiamiento.
De acuerdo con los legisladores, estos hallazgos reflejan “falta de calidad en la obra y omisión en la supervisión de Fonatur”, responsabilidad que señalan no solo de May, sino también de Rogelio Jiménez Pons, Lyndia Quiroz Zavala y Sebastián Ramírez Mendoza, junto con la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., dirigida entonces por el general Óscar David Lozano Águila.
El PAN agregó que, además de las deficiencias técnicas, el proyecto arrastra un problema financiero: entre diciembre de 2023 y junio de 2025 acumuló pérdidas operativas por 5 mil 807 millones de pesos. El subsidio diario del erario fue de 12 millones de pesos, lo que significa que por cada peso recaudado el Gobierno Federal destinó 108 pesos para sostener su operación.
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