Mientras miles de migrantes hacen fila bajo el sol de Tapachula para esperar una respuesta por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que puede tardar meses, el Gobierno federal proyecta destinar en 2026, apenas 5 centavos de cada peso migratorio a quienes buscan refugio, y 95 centavos para reforzar la contención y detención de indocumentados, tareas concentradas en el Instituto Nacional de Migración (INM).
La cifra —contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF), que deberá avalar el Poder Legislativo— revela una paradoja: aunque la Comar recibirá el mayor incremento de su historia (128 por ciento más que en 2025), sus 109.2 millones de pesos representan apenas 5.6 por ciento de lo que tendrá el INM, cuyo presupuesto de mil 961.2 millones refuerza la estrategia de contención por encima de la protección.
- El Dato: La ACNUR informó el 25 de junio que México se ubica entre los principales países del mundo en solicitudes de asilo, con 100 mil al año y una tasa de reconocimiento del 41%.
Tras alcanzar un récord de más de 140 mil solicitudes de refugio en 2023, la Comar procesó 78 mil 975 casos en 2024 y lleva 36 mil 300 en los primeros cinco meses de 2025. Pero la reducción en las peticiones no alivió la crisis institucional, sino que se profundizó.
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En junio, La Razón documentó el desmantelamiento silencioso de la Comar: despidos injustificados de personal especializado, falta de traductores, insumos básicos faltantes y retrasos en el pago de salarios. La institución recibía menos recursos y, además, perdía la capacidad técnica para usar los que tenía.
Las consecuencias se viven en Tapachula, Chiapas, epicentro de la crisis migratoria mexicana. Las oficinas de la Comar funcionan al límite de su capacidad: filas de solicitantes de refugio que se extienden varias calles bajo el sol, trámites que duran meses sin garantía de respuesta positiva y personal insuficiente y la consecuente concentración de miles de migrantes en ese municipio.
- 36 mil 300 solicitudes de refugio procesó la Comar en los primeros cinco meses del 2025
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C., todo ello impacta al generar retrasos significativos en los procesos de admisión, las entrevistas de elegibilidad y las resoluciones, lo que genera que los procedimientos se prolonguen hasta por más de un año, en contravención a lo establecido por la legislación, que señala que deben ser 45 días.
El presupuesto máximo que la Comar había recibido del Gobierno en los últimos años fue de 51 millones de pesos en 2023, y desde 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le otorgó recursos anuales equivalentes al doble de lo que le proporcionaba el Estado mexicano.
Pero a partir del segundo semestre de 2025, la oficina de la ONU redujo los apoyos, luego de la decisión de Donald Trump de restringir los recursos a la asistencia internacional.
Ello ha implicado el cierre de las oficinas de ACNUR en Palenque y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también en Guadalajara, Jalisco, y Tenosique, en Tabasco.
Es así que, a pesar de que en papel la Comar tendrá más dinero proveniente del presupuesto mexicano, en realidad podría operar con menos recursos totales que en años anteriores, porque el aumento presupuestal federal no compensa la caída de recursos otorgados por los apoyos internacionales.
Del otro lado de la balanza migratoria, el INM recibirá un incremento del 15 por ciento para 2026, consolidando su papel como brazo ejecutor de la política de contención migratoria.
Sus mil 961.2 millones de pesos (mdp), que son casi 18 veces el presupuesto de la Comar, reflejan la prioridad gubernamental por los refugiados.
Siete de cada diez pesos (mil 373 millones) se destinarán a servicios generales: desde renta de oficinas hasta gastos de traslado y viáticos para las operaciones de control migratorio.
Otros 530 millones cubrirán salarios y prestaciones del personal que ejecuta la política de contención. “El INM es un aparato que se ha dedicado esencialmente a la contención de migrantes y será todavía más fortalecido presupuestalmente para 2026”, evalúa Tonatiuh Guillén, excomisionado del INM.
Para Tonatiuh Guillén, la ecuación es clara: “Mientras el Gobierno reduce el gasto en ciencia o universidades, incrementa la contención migratoria. Y persiste el desinterés político por una Comar fortalecida”.
Mientras tanto, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, órgano cuya labor es coordinar los esfuerzos institucionales para una atención integral, ordenada y eficiente del fenómeno migratorio en la frontera sur de México; sufrirá un recorte del 7.5 por ciento, al quedar con 54.4 millones de pesos, en comparación a lo que ejerció este año.