En dos horas y once minutos, las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el dictamen de la reforma a la Ley de Amparo con 32 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 12 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).
La mayoría legislativa adelantó que el documento será discutido y, en su caso, aprobado en la sesión del pleno programada para este miércoles.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que los cambios al proyecto original derivaron de las audiencias públicas realizadas en días pasados, donde se escucharon posturas de jueces, litigantes, académicos y organizaciones civiles.
Entre los ajustes, dijo, se amplió la definición de interés legítimo para que pueda ser individual o colectivo, y se precisaron los alcances en el cumplimiento de sentencias.
“Encontramos un eco y una disposición extraordinaria de voluntad política para reconocer que se habían integrado nuevos elementos al análisis de la iniciativa y, por lo tanto, se realizaron cambios”, señaló.
El dictamen establece plazos precisos para audiencias, con el fin de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, y limita las recusaciones con fines dilatorios.
En materia fiscal, se acotaron los mecanismos de suspensión: los créditos firmes sólo podrán garantizarse mediante billetes de depósito o cartas de crédito avaladas por instituciones registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se incorporan supuestos de revocación para impedir reaperturas indebidas de litigios.
Además, se amplió de 60 a 90 días naturales el término para que los jueces dicten sentencia en amparo indirecto, en congruencia con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el ámbito penal, se otorgará un plazo mayor, de tres a cinco días, para que las personas quejosas presenten garantías cuando se trate de suspensiones vinculadas a la libertad personal, considerando la dificultad que enfrentan sectores vulnerables.
Otro cambio relevante fue eliminar disposiciones que reducían las sanciones contra autoridades que incumplan suspensiones o sentencias, con el objetivo de mantener vigentes los mecanismos actuales de responsabilidad.
Desde la oposición, la senadora Alejandra Barrales, de MC, advirtió que esta reforma significa “una enorme regresión”, pues, dijo, “de un plumazo van a echar abajo los avances que se tuvieron con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y la Ley de Amparo de 2013”. Por ello, su bancada, así como PAN y PRI, anticiparon su voto en contra durante la discusión en el pleno.
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cehr
