A lo largo de 2025, autoridades mexicanas y estadounidenses han desplegado una estrategia multidimensional contra el Cártel de Sinaloa (CDS) que combina presencia militar, operativos policiales y sanciones financieras. Sin embargo, especialistas en seguridad dividen posturas sobre la efectividad real de estas acciones para desarticular la estructura criminal.
La ofensiva incluye operativos conjuntos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) en Sinaloa y zonas aledañas, enfocados en localizar y destruir laboratorios clandestinos, asegurar zonas de almacenamiento de precursores químicos y desmantelar campamentos vinculados a células locales del cártel.
- 12 empresas fueron sancionadas por el Tesoro de EU
Los resultados arrojan la destrucción de instalaciones para la elaboración de drogas sintéticas, además de aseguramientos de sustancias químicas relacionadas con la fabricación de fentanilo. Las detenciones se han contabilizado en decenas, tanto en operativos nacionales como internacionales.
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Paralelamente, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), publicó sanciones dirigidas a empresas y personas acusadas de facilitar la producción y tráfico de fentanilo asociado a facciones del cártel. Las medidas incluyen congelamiento de activos y prohibición de transacciones con ciudadanos y entidades estadounidenses.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) condujo operaciones y arrestos vinculados directamente con redes del Cártel de Sinaloa, reportando incautaciones significativas de fentanilo y la detención de decenas de presuntos integrantes.
En este contexto, Jair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa, reconoció avances específicos en Culiacán, Sinaloa. “Desplegar elementos de las Fuerzas Armadas al inicio del conflicto, colocando operativos en las entradas de Culiacán para detectar vehículos blindados o grandes, permitió sacar los encuentros violentos de la ciudad hacia la periferia”, explicó.
Mendoza también destacó el proceso de incautación de “tienditas” y “maquinitas” que operaban en Sinaloa, señaladas por las autoridades como puntos de narcomenudeo y lavado de dinero. Además, subrayó que las acciones se han concentrado en generadores de violencia y operadores financieros, buscando debilitar la estructura criminal mediante la incautación de fentanilo y el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sin embargo, Víctor Hernández, del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, fue más escéptico. “Sí tiene efectos y los estamos viendo en Sinaloa, por el desastre que hay de seguridad, pero pensar que eso va a acabar con el tráfico de fentanilo es ilusorio”, afirmó.
Hernández estableció un paralelismo histórico: “Eso es como pensar que el tráfico de cocaína se iba a acabar cuando murió Pablo Escobar. Seguramente habrá un periodo de reorganización, pero la realidad es que no hay una sola detención de alto nivel en la historia de la guerra contra las drogas que haya detenido el consumo de narcóticos”.
Respecto a las sanciones financieras, el especialista consideró que podrían sancionar a toda la economía mexicana, “pero al final mucho de ese dinero es dinero no bancarizado, es dinero en efectivo y le hacen ‘lo que el viento a Juárez’ esas sanciones”.
