Edgar Adrián Meza Mendoza, juez séptimo de Distrito en materia laboral de la Ciudad de México y autonombrado ‘Juez del Bienestar’, generó polémica al lanzar una convocatoria para cubrir una plaza de chofer en su juzgado, pero aclarando que no era necesario saber manejar ni contar con licencia de conducir.
Según explicó el juez, la persona seleccionada no realizaría funciones de conducción, sino que sería asignada a tareas jurisdiccionales propias de un juzgado.
En un video publicado el 7 de septiembre en sus redes sociales, Meza Mendoza detalló que, debido a la reducción del personal laboral en su juzgado, la plaza de chofer sería destinada a un profesional del Derecho.
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Este profesional se encargaría de elaborar acuerdos y apoyar en labores jurisdiccionales que normalmente corresponden a personal especializado en el Poder Judicial Federal.
La decisión ha despertado críticas y cuestionamientos, principalmente por la denominación de la plaza. Mientras que el salario para la plaza de chofer ronda los 17,776 pesos netos mensuales, otros puestos con funciones jurisdiccionales, como el de oficial judicial C, ofrecen sueldos superiores a los 29,000 pesos mensuales.
Esto ha llevado a señalar que la convocatoria podría generar confusión y afectar la transparencia en la asignación de personal dentro del sistema judicial.
Además, Meza Mendoza ha sido objeto de atención pública por su cercanía política con la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El 5 de octubre, el juez asistió a un mitin en el Zócalo capitalino vestido con camiseta guinda y presentándose como “juez del bienestar”, acto que algunos analistas consideran una potencial falta administrativa.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 187 que los jueces no deben realizar acciones que puedan comprometer su independencia judicial ni mostrarse subordinados a otros poderes o autoridades.
En resumen, la convocatoria de Meza Mendoza para la plaza de “chofer” se ha convertido en un tema polémico que mezcla cuestiones laborales, jurisdiccionales y políticas.
La medida, destinada a cubrir necesidades del juzgado, ha generado debate sobre la correcta asignación de funciones, la transparencia en los salarios y los límites de la participación política de los jueces, evidenciando tensiones entre la administración judicial y la percepción pública de imparcialidad.
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MSL
