El colectivo Pena Sin Culpa realizó este jueves un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que retome la discusión pendiente sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, en cumplimiento a una resolución internacional que obliga al Estado mexicano a modificar estas figuras del sistema penal.
La solicitud fue presentada directamente ante el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz por el abogado Simón Hernández León y su representado, Daniel García Rodríguez, protagonista del caso García Rodríguez y otro vs México, que concluyó en enero de 2023 con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenando la inaplicación de ambas medidas cautelares.
La organización solicita que el debate se realice bajo las nuevas reglas establecidas por el tribunal, las cuales contemplan el derecho a una audiencia pública antes de que los ministros deliberen sobre el tema. Este mecanismo fue creado en septiembre pasado mediante el Acuerdo General número 5/2025.
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Daniel García Rodríguez, quien permaneció privado de su libertad durante 17 años y medio bajo prisión preventiva oficiosa acusado del homicidio de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés en 2001, expuso con contundencia las consecuencias de esta figura legal en el sistema de justicia mexicano.
“Venimos a hacer un llamado de atención muy importante a los ministros, respecto a las repercusiones y de lo que ha generado esta barbaridad en México desde el año 2008. Tenemos ya 17 años en que, convertidos los agentes del ministerio público en jueces, se ha desconfigurado el sistema de procuración de justicia en nuestro país y hoy en día se ha convertido en una herramienta de extorsión”, dijo Daniel García.
La organización Pena Sin Culpa solicitó además la apertura de audiencias públicas para discutir estos asuntos de manera transparente y participativa, aprovechando el nuevo mecanismo que el máximo tribunal implementó recientemente.
“Para Pena sin Culpa, la Suprema Corte iniciaría esta etapa de cara a la sociedad al convocar a familiares de personas privadas de la libertad, personas procesadas bajo la medida de prisión preventiva oficiosa, instituciones como las universidades, colegios y barras de abogados, clínicas universitarias y organismos internacionales para recibir información de personas expertas y permitir una discusión sobre la base de la garantía de los derechos humanos, ajeno a consideraciones políticas”, señaló.
El asunto respecto a la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, quedó pendiente de ser analizado por la anterior integración de la Corte, donde nunca logró alcanzarse el consenso necesario para resolver el cumplimiento de la sentencia internacional.
Ahora, con una nueva integración del Pleno y bajo nuevas reglas de operación, el colectivo espera que finalmente se aborde este tema que consideran fundamental para la transformación del sistema de justicia penal mexicano.
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MSL
