Entre octubre de 2024 y agosto de 2025, las Fuerzas Armadas decomisaron 68 millones 944 mil 934 litros de combustible presuntamente robado, equivalentes a un promedio diario de más de 205 mil litros incautados, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional obtenida por La Razón.
Los datos, recibidos por este medio a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, corresponden sólo a los aseguramientos realizados por personal del Ejército Mexicano y efectivos de la Guardia Nacional.
Las Fuerzas Armadas aclararon que los decomisos referidos “no constituyen operativos”, sino aseguramientos en casos de flagrancia, en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo lo confiscado ha sido puesto a disposición del Ministerio Público.
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De acuerdo con Michael Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el robo de combustible “ya no es un fenómeno exclusivo de México”, pues parte del huachicol se origina en el sur de Estados Unidos, concretamente en los estados de Texas y Nuevo México, donde empresas o intermediarios lo adquieren sin pagar impuestos y lo cruzan con documentación falsificada.
“No pagan nada de impuestos porque muchas veces tienen a oficiales corruptos en aduanas que falsifican documentos”, explicó a La Razón.
Los 68.9 millones de litros de gas y combustible presuntamente robados, confiscados durante los primeros 10 meses de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, representan un repunte relevante frente a los tres años previos.
En años anteriores los volúmenes decomisados fueron significativamente menores: 18.8 millones de litros en 2024, 12.7 millones en 2023 y 3.8 millones en 2022.
Advirtió que este negocio se ha convertido en parte de las fuentes de financiamiento criminal, ya que, de acuerdo con sus cálculos, el robo y la venta ilegal de combustibles representa entre 25 y 30 por ciento de los ingresos totales de los cárteles mexicanos.
“Todo el mundo compra combustible, no drogas. El huachicol deja miles de millones de dólares al año y permite a los grupos criminales comprar armas, corromper a funcionarios y expandirse territorialmente”, expresó.
El exfuncionario estadounidense destacó que al menos cuatro organizaciones criminales se mantienen activas en el trasiego de hidrocarburos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa (CDS), el Cártel del Golfo y el Cártel de Santa Rosa de Lima — aún debilitado —, además de los remanentes de Los Zetas, pioneros en esta actividad desde la década de 1990.
Vigil mencionó que la detención de marinos y funcionarios aduanales vinculados con el Cártel del Golfo, en Tampico, es un ejemplo de la red de corrupción institucional que facilita el flujo del huachicol.
Al revisar el conjunto histórico, 2021 destaca como el de mayor volumen en todo el periodo 2020–2025, con 104 millones 911 mil 618 litros asegurados. Durante este periodo, los reportes oficiales atribuyen los mayores volúmenes al incremento de operaciones en los corredores de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Guanajuato.
En contraste, 2020 cerró con dos millones 808 mil litros, mientras que 2022 reportó 3.8 millones y 2023, 12.7 millones de litros. En 2024, el total ascendió a 18.8 millones, de los cuales más de la mitad se concentraron en los últimos meses del año, que coinciden con el inicio del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Entre enero y agosto del presente año la cifra asciende a 60.6 millones de litros.
La Secretaría de la Defensa puntualizó que sus elementos actúan “en casos de flagrancia delictiva”, durante acciones de reducción de violencia, y que los aseguramientos se registran dentro del marco legal vigente.
Vigil consideró que México “no podrá blindar todos sus ductos con presencia militar” y que la única forma de reducir el robo es mediante tecnología de detección y reacción rápida.
“Necesitan sensores enterrados, sistemas de cámaras y drones que patrullen los oleoductos; pero de nada sirve la tecnología si no hay respuesta inmediata”, apuntó.
También subrayó que el huachicol “no sólo erosiona la economía mexicana, sino que fortalece a los grupos criminales y expone la fragilidad de los controles fronterizos”, lo que, a su juicio, exige una coordinación binacional más firme entre México y Estados Unidos.
