Ernestina Godoy, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, afirmó que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, que enviará este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, permitirá que todos los estados de la República tengan la obligación de legislar para combatir este delito, de acuerdo a la norma general.
Precisó que, derivado de la gravedad de este delito, así como sus repercusiones económicas, comerciales, físicas y psicológicas, la legislación general permitirá combatir la extorsión a través de herramientas de investigación eficaces, bajo los principios de coordinación y colaboración institucional.
Lo anterior se da como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y ante ello la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo firmó recientemente una iniciativa con Proyecto de Decreto que envió a las cámaras para otorgar la facultad de expedir una Ley General contra la Extorsión que permita perseguir de oficio dicho delito.
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Ernestina Godoy detalló durante la conferencia de la Presidenta Sheinbaum, que la iniciativa de reforma constitucional es para que el Congreso de la Unión tenga facultades para expedir una ley con tipo penal único, con sus agravantes, delitos vinculados y sanciones en materia de extorsión, para prevenir, investigar y sancionar el delito.
Ernestina Godoy añadió que la finalidad también es que se cuente con una ley en la que, con claridad y contundencia, se establezca que la víctima es el Estado.
“(El delito de extorsión) ya es considerado grave en el artículo 19 constitucional y en esta ley se establecerá de manera clara que será perseguido de oficio (…) y el Estado asuma totalmente la responsabilidad para proteger a víctimas, testigos y ofendidos”, explicó.
La ley Contra la Extorsión en México es un proyecto legislativo reciente en el que el Senado aprobó una reforma constitucional para facultar al Congreso a crear una Ley General. Esta nueva ley permitirá homologar las sanciones y tipos penales a nivel nacional y, a diferencia de la ley anterior, se considerará que el Estado también es víctima para permitir una persecución más efectiva del delito, incluso sin la denuncia individual.
“Lo que se pretende es que todas las entidades federativas y a nivel federal el delito de extorsión tengan los mismos elementos por parte de las autoridades y que no se dependa de la presentación de la denuncia para su investigación y se determinará a partir de una serie de agravantes, como por ejemplo el cobro de piso o cuando las víctimas son personas migrantes menores de edad, cuando son servidoras públicas, quienes lo realizan o que lo realicen desde un centro penitenciario”, dijo Ernestina Godoy .
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FGR
