Antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) destapara en septiembre pasado una red de más de 550 compañías, presuntamente involucradas en el contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal, al menos 16 firmas y seis operadores ya habían sido objeto de señalamientos o investigaciones desde años previos, de acuerdo con documentos oficiales y reportes consultados.
La investigación actual, integrada en la carpeta FED/FEMDO/FEITA-TAMP/000464/2025, incluye principalmente a Altos Energéticos Mexicanos S.A. de C.V., Grupo Base Energéticos S.A. de C.V., Grupo Potesta S.A. de C.V., Era Tech Combustibles S.A. de C.V. y Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
- El Dato: La agencia Nacional de Aduanas de México informó que, en lo que va de este gobierno, se han abierto más de 7 mil indagatorias relacionadas con el huachicol fiscal.
Sin embargo, una revisión de archivos muestra que parte del entramado empresarial ya era conocida por autoridades y auditores desde años atrás, sin que las sanciones o bloqueos avanzaran.
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Los expedientes más antiguos contra algunas de las empresas señaladas en septiembre pasado datan de 2018 a 2021, periodo en el que dependencias federales detectaron el uso de compañías transportistas y gasolineras en Sinaloa, Tamaulipas y la región del Bajío, como parte de un esquema de evasión fiscal y comercialización de hidrocarburos de contrabando.
Entre los casos más notorios figura Marvic Petroleum S.A. de C.V., ligada al empresario José Víctor Pablos Vélez, alias El Güero Marvic, quien desde 2020 enfrentaba denuncias por presunto traslado y comercialización de hidrocarburos sin permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ni pago de impuestos.
Junto con Autotransportes de Carga Especializados Marvic S.A. de C.V., la firma fue objeto de auditorías y reportes sobre robo o desvío de combustible desde puertos del Golfo de México.
La compañía Energética Carvel S.A. de C.V. también fue señalada en 2018 por presuntamente comercializar combustible robado, según una investigación iniciada por la FGR en Chihuahua.
En 2020, la entonces Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) la volvió a señalar tras el decomiso de pipas con diésel ilegal. Ese mismo año, Karina Melissa Guerrero Rodríguez, representante de Kame Combustibles S.A. de C.V., fue citada en expedientes por operar una red de transporte de combustible sin permisos, con vínculos a compañías del noroeste relacionadas con el huachicol fiscal.
En febrero de 2021, Pemex presentó una denuncia ante la delegación de la FGR en Tamaulipas por contrabando de combustibles, en la que se señaló a comercializadores, transportistas y gasolineras con antecedentes de diversas irregularidades.
En la carpeta FED/TAM/REY/334/2021 figuraron empresas como Nexoil S.A. de C.V., Marlaya S.A. de C.V., Autotransportes de Carga Especializados Marvic S.A. de C.V., Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V., Diesel Max Internacional S.C. de R.L. de C.V., Faja de Oro Abastos S.A. de C.V., Energética Carvel S.A. de C.V., Servicio Express Paje S.A. de C.V., Servicio Express La Costerita S. de R.L. de C.V. y Petrosina S.A. de C.V. También fueron mencionados los empresarios León Guadalupe Jiménez Pérez y Karina Melissa Guerrero Rodríguez.
Grupo Potesta S.A. de C.V., cuyo socio, Jorge Bechara Estefan López —hijo del exsecretario de Educación de Puebla, Jorge Estefan Chidiac— tramitó el mes pasado un amparo para frenar cualquier orden de aprehensión, fue suspendida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Padrón de Importadores y Exportadores Sectorial por incumplir requisitos de comercio exterior, como señalar medios de transporte y ubicación física de instalaciones.
En el caso de Era Tech Combustibles S.A. de C.V., la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le otorgó un permiso de operación en 2019, pese a que uno de sus accionistas había sido señalado por autoridades estadounidenses como presunto operador del Cártel de Sinaloa.
“Se dio cuenta de la presunta inclusión de uno de los accionistas en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto operador del Cártel de Sinaloa”, reveló entonces el comisionado Luis Linares Zapata, quien votó en contra de otorgar el permiso.
Otros nombres que aparecen en informes entre 2021 y 2023 son Miguel A. Lazalde, Marissa del Carmen Meras López, Luis Javier Muñoz Ayup y Gerardo Garza Melo, asociados a compañías del sector energético que operaban con alertas de riesgo emitidas por autoridades aduanales.
De acuerdo con especialistas en seguridad consultados por La Razón, el contrabando de combustibles ha sido un delito “sistemáticamente tolerado por las autoridades durante varios sexenios”, lo que permitió la consolidación de redes criminales que operan hasta hoy.
David Saucedo, analista en temas de seguridad, consideró que esta tolerancia respondió a una estrategia política: “Había una especie de tregua, de no perseguir los delitos identificados, y por los cuales se abrían carpetas de investigación, incluido el sexenio anterior, donde se tuvo una actitud de brazos caídos frente al contrabando de combustible”.
Según su análisis, las investigaciones abiertas en su momento por lo que actualmente se conoce como huachicol fiscal, quedaron inactivas “porque no era un delito que la autoridad estuviera persiguiendo”.
Saucedo sostiene que el problema no radica en la inteligencia por parte del Estado, sino en su decisión de actuar: “Lo que falla es la toma de decisiones y voluntad política”.
Por su parte, Alejandro Leyva, también especialista en materia de seguridad, advirtió que, aunque “las alertas estaban encendidas desde hace tiempo”, las redes ilegales aprendieron a adaptarse mediante una renovación constante “bajo otros nombres o a través de nuevas razones sociales”.
Leyva apuntó que muchas de las compañías enlistadas por la FGR no tenían investigaciones públicas visibles antes de 2025, lo que, a su juicio, “señala a una expansión reciente del esquema y a la creación de compañías nuevas para sustituir a las previamente señaladas”.
Saucedo coincidió en que el “enmascaramiento empresarial” es una práctica extendida en la criminalidad organizada.
“Ahora que los estadounidenses pusieron atención al tema y están presionando para desmantelar la red de huachicol fiscal, ahora sí, ya hay toda una red de empresas fantasma para enmascarar las actividades delictivas de las empresas originarias, pero esto no sólo en el tema del huachicol, sino en la mayoría de las actividades delictivas”, dijo.
Harfuch destaca saldo a favor en plan de seguridad
Por Ulises Soriano
En el primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades del territorio mexicano —una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado—, destacó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en su comparecencia ante el Senado.
Además, celebró los avances en la consolidación de la Guardia Nacional (GN) y el fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Arropado por senadoras y senadores de la Cuarta Transformación y de la oposición, reconoció que “el mercado ilícito de hidrocarburos es considerado un delito de alto impacto; su atención es prioritaria para proteger la seguridad energética y la economía nacional”.
- El Dato: El secretario destacó que la línea 089 ha recibido más de 59 mil llamadas y facilitado la detección de 74% de intentos de extorsión gracias al anonimato del denunciante.
Detalló que entre los estados donde se ha incautado el combustible se encuentran Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
Como parte de la estrategia contra el huachicol, se han localizado y clausurado mil 938 tomas clandestinas, se han asegurado tres mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques utilizados para la sustracción y transporte ilegal de combustible, explicó.
García Harfuch destacó que estos resultados se lograron gracias a la coordinación entre la SSPC, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras dependencias.
Asimismo, recordó uno de los casos más emblemáticos: una red desmantelada en Tampico, Tamaulipas, donde, en coordinación con la Semar y la FGR, se decomisaron 10 millones de litros de diésel y fueron detenidas 15 personas, entre ellas empresarios y servidores públicos vinculados con el mercado ilegal de combustibles.
Las capturas simultáneas en Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz mostraron “cómo las estructuras del robo se sostenían con documentación apócrifa y la complicidad de empresas de transporte”.
Reconoció la labor de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, así como la coordinación con las fiscalías estatales y destacó que, en zonas donde el robo de combustible financiaba células delictivas, los homicidios dolosos han disminuido de manera notable.
También recordó que, en 2018, se registraron en promedio 969 delitos diarios, mientras que en lo que va de 2025 la cifra se redujo a 524, el nivel más bajo de la última década. Para el secretario, la clave está en la presencia territorial.
Durante su intervención, reconoció que la GN se ha convertido en el pilar operativo de la Estrategia Nacional de Seguridad, con más de 133 mil elementos desplegados en todo el país.
“La Guardia Nacional es hoy una institución ejemplar que protege territorios donde las policías locales aún no cuentan con la fortaleza necesaria”, afirmó ante los senadores.
Subrayó que la profesionalización de esta corporación ha permitido resultados medibles, como la disminución de 27 por ciento en el robo a autotransporte y el incremento de 61 por ciento en la recuperación de vehículos de carga, gracias a la Estrategia Balam, que opera en 22 tramos carreteros de 12 estados.
En el terreno de la inteligencia y la investigación, García Harfuch aseguró que el país cuenta con mayores capacidades tecnológicas y humanas para identificar a los principales generadores de violencia. Explicó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) duplicó su capacidad operativa, al pasar de mil 500 a tres mil 200 canales de soporte, lo que ha permitido aumentar 240 por ciento la eficiencia en el análisis de amenazas y la identificación de objetivos prioritarios. “La inteligencia del Estado mexicano se moderniza y se fortalece; ahora es más precisa y está al servicio de la paz”, sostuvo.
Además, anunció que ya se formaron dos generaciones de cadetes en la recién creada Academia Nacional de Seguridad Pública, especializada en la formación de agentes de investigación e inteligencia.
Paralelamente, avanza la construcción del Centro de Capacitación Táctica Avanzada, donde se entrenará a la Unidad Nacional de Operaciones Especiales. Con ello, afirmó, se busca profesionalizar desde la base la labor policial y garantizar que las operaciones se realicen con eficacia, rigor técnico y respeto a los derechos humanos.
Asimismo, reiteró que, “sin policías dignos y capacitados, no hay seguridad posible” y explicó que la capacitación y la inteligencia son ahora los dos motores del combate al robo de hidrocarburos y de la atención a las causas de violencia del país.
“CON SALDO A FAVOR”
Previo a comparecer ante el Pleno del Senado, García Harfuch aseguró que la estrategia de seguridad del Gobierno federal, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, demuestra avances concretos en la reducción del crimen organizado y en el debilitamiento de los cárteles.
Sobre la pacificación del país, enfatizó que la estrategia no sólo busca detener delitos, sino debilitar a los cárteles y avanzar en la consolidación de la seguridad nacional.
“Cada año vamos a avanzar en la pacificación del país. Este año, que ya es el primer año de la administración, estamos con saldo muy a favor de lo que comenzamos”, afirmó.
Además, destacó que, aunque los delitos no han desaparecido y hechos violentos continúan ocurriendo en distintos estados, los resultados de la estrategia son medibles y significativos.
“La ciudadanía debe saber que hay 27 homicidios menos diarios, un 32 por ciento menos de homicidios, y una cantidad sin precedentes de drogas, armas y más de mil 500 laboratorios destruidos por el Ejército y la Marina”, subrayó.
