En su segunda entrega de informes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles daños al erario por un total de seis mil 969 millones 924 mil pesos durante el ejercicio del presupuesto de 2024, el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El documento, que forma parte de la Cuenta Pública 2024, mencionó que, de los seis mil 969 millones de pesos observados por el órgano fiscalizador del país, “se han recuperado mil 146 millones 376 mil 100 pesos, mientras que cinco mil 823 millones 548 mil pesos siguen pendientes de aclarar”.
En su entrega en la Cámara de Diputados, el auditor superior, David Colmenares, informó que lo anterior fue detectado a través de 698 auditorías, con las que se advierten las presuntas irregularidades en el uso de recursos por parte de poderes y dependencias del Estado.
No me ayudes, Gustavo
Entre las observaciones por aclarar, sobresalen 215 millones de pesos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); 84 millones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 72 millones; en la Secretaría de Marina (Semar), 62 millones; en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 34 millones, y 19 millones de la Secretaría de Salud.
- 5 entidades no tienen montos por aclarar, según la ASF
En el informe consolidado de la ASF se destacó que, del total observado, más de 86 por ciento —es decir, seis mil cuatro millones— corresponde al gasto federalizado ejercido por estados y municipios, particularmente en salud, infraestructura física y educación.
Los gobiernos estatales y municipales tienen cinco mil 21 millones de pesos pendientes de aclarar. Asimismo, más de 965 millones de pesos en irregularidades corresponden a entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, que en su caso deben explicar aún el destino de 802 millones.
Entre los conceptos con mayor dinero comprometido en irregularidades por aclarar destacan: el gasto de estados y municipios en materia de salud, mil 591 millones de pesos; infraestructura física y saneamiento financiero, mil 391 millones; educación, mil 330 millones, e infraestructura social, 666 millones de pesos.
David Colmenares expresó que, en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024, se reportó que se ejercieron recursos por más de nueve billones de pesos, ejecutados por más de seis mil entes públicos que conforman los diferentes órganos de gobierno de nuestro país.
El auditor también hizo un reconocimiento a la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas, que no tuvieron montos por aclarar porque no registraron observaciones en la revisión de sus cuentas.
“Reconocemos el esfuerzo y el resultado obtenido en esta etapa. No obstante, es importante recordar que aún tenemos auditorías relevantes en curso, cuyos resultados presentaremos en febrero del próximo año, por lo que es necesario seguir trabajando con el mismo compromiso y entusiasmo”, dijo Colmenares.
HAY TIEMPO PARA ACLARAR. El titular de la ASF agregó que las observaciones vinculadas al indebido ejercicio de recursos públicos aún podrían ser aclaradas por las entidades fiscalizadas en la etapa de seguimiento, por lo que es de suma importancia atender las notificaciones que se realicen como consecuencia de esta segunda entrega de informes.
El funcionario reafirmó su compromiso con la fiscalización, prevención y detención de las causas que originan el uso indebido e ineficiente de recursos públicos; por ello, se impulsó la primera guía para la atención y seguimiento de las recomendaciones y acciones, así como herramientas digitales para agilizar el envío y recepción de documentación.
Adicionalmente, anunció que se desarrolló la primera herramienta de inteligencia artificial aplicada a la fiscalización que procesará, analizará, identificará y extraerá información de manera automática, permitiendo que las auditorías y las y los auditores se enfoquen a realizar tareas de mayor complejidad.
En un tema sensible, la ASF anunció que reprogramó, en los casos que así lo ameritaron, las auditorías correspondientes a los municipios afectados por los recientes fenómenos meteorológicos registrados en diversas entidades del país, entre ellas Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
La anterior decisión fue tomada en atención a la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Javier Herrera Borunda, que busca atender la situación de emergencia que atraviesan las autoridades locales y la población de esas regiones, muchas de las cuales enfrentan daños severos en infraestructura, viviendas y servicios públicos.
PJF tiene por aclarar más de $323 millones
› Por Tania Gómez
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló deficiencias en el manejo de recursos del Poder Judicial de la Federación (PJF) durante el ejercicio 2024, al detectar posibles irregularidades por más de 323 millones de pesos en el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los mayores montos observados corresponden a pagos sin comprobación a empresas de limpieza, seguridad privada, tecnología y de arrendamiento inmobiliario. Todas, sin documentación que acreditara los servicios prestados o evidencia física de su ejecución.
De acuerdo con la segunda entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, ambas instancias del Poder Judicial fueron objeto de auditorías de cumplimiento forense, enfocadas específicamente en la revisión exhaustiva de adquisiciones y servicios contratados, donde la ASF halló pagos sin evidencia documental, servicios no comprobados y omisiones sistemáticas en la aplicación de sanciones a proveedores incumplidos.
- El Dato: más de 850 jueces y magistrados que no participaron en la elección de junio convocaron a una protesta para exigir el pago que les corresponde, establecido en la Constitución.
En el caso del extinto CJF, se encontraron erogaciones por 272.4 millones de pesos sin comprobación adecuada, correspondientes a contrataciones con empresas de limpieza, seguridad, mantenimiento, arrendamiento e informática que operaban sin la supervisión requerida.
Entre los hallazgos más relevantes destacan pagos millonarios a Eos Limpieza S. de R.L. de C.V., Seguridad Privada Integral Macotela, Asesores y Consultores en Tecnología, Inmobiliaria DNI y Microsoft México, entre otros proveedores, sin documentación que acreditara fehacientemente los servicios prestados ni reportes de verificación en campo.
Además, la Auditoría Superior documentó omisiones graves en la supervisión de contratos vigentes, falta de aplicación de penas convencionales a proveedores que incumplieron términos contractuales, y pagos por mantenimiento y limpieza en inmuebles sin el soporte técnico correspondiente.
En algunos casos se detectaron firmas falsas o ausentes en las cédulas de verificación de servicios, lo que evidencia fallas en los controles internos.
Ante la magnitud de las inconsistencias detectadas, la ASF determinó emitir 11 recomendaciones para fortalecer los controles, 11 pliegos de observaciones por montos específicos no aclarados, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos involucrados, y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal ante posibles irregularidades tributarias.
En el caso del TEPJF, la auditoría arrojó observaciones por 51.3 millones de pesos, derivadas principalmente de pagos a proveedores sin evidencia tangible de servicios realizados o documentación administrativa que los justificara conforme a la normatividad aplicable.
La ASF señaló específicamente que el Tribunal pagó servicios de limpieza, jardinería, seguridad privada, licenciamiento de software, cursos de capacitación y servicios médicos especializados sin entregar constancias de recepción satisfactoria, listas de asistencia que validaran la capacitación, o reportes técnicos de cumplimiento.
También detectó pagos duplicados en algunas partidas o erogaciones sin la validación previa de las áreas responsables de la supervisión contractual.
Conade dejó de entregar uniformes a deportistas
› Por Yulia Bonilla
Durante el último año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) incurrió en anomalías superiores a los dos millones de pesos, que responden a la falta de entrega de uniformes a deportistas y por dar dinero a terceros para gastos en el extranjero o no acreditar la devolución de recursos.
Así lo dejó ver la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024, en la que se apunta que el sector educativo a nivel federal incurrió en inconsistencias por dos millones 25 mil 184.95 pesos, que representan un posible daño al erario, pero que en sí son responsabilidad de la Conade.
- El Tip: la ASF presentó ante la FGR 3 denuncias por desvío de recursos contra Ana Gabriela Guevara, extitular de la Conade.
A detalle, se apunta que no se acreditó que se entregaran a los deportistas vestuarios deportivos valuados en 360.6 mil pesos; tampoco se comprobó la reintegración de un millón 664 mil pesos de un apoyo que otorgó a un entrenador para la adquisición de material deportivo para la disciplina de judo.
Adicionalmente, se informó que hubo una entrega de 26.8 mil pesos a un tercero para que realizara gastos en el extranjero, sin acreditarlo.
Como parte de la revisión hecha para esta entrega, también se auditó a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Impresora y Encuadernadora S.A de. C.V., el Instituto Politécnico Nacional, la misma Secretaría de Educación Pública en cuanto a programas como La Escuela es Nuestra y partidas para educación media superior y otros rubros, en los cuales no se hallaron inconsistencias que significaran un golpe económico a la hacienda pública.
Ven irregularidades en apoyos a damnificados
Por Yulia Bonilla
En 2024, la Secretaría de Bienestar entregó apoyos económicos por arriba de los dos millones de pesos a decenas de personas, con recursos de programas enfocados a atender a víctimas de desastres naturales, sin que se corroborara el proceso con expedientes ni recibos; además, hubo casos en donde la dependencia realizó pagos en más de una ocasión a los beneficiarios.
Lo anterior es uno de los contextos en los cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades dentro de dicha dependencia en 2024, de acuerdo con la segunda entrega del informe individual de auditoría correspondiente a la Cuenta Pública de ese año y que, en suma, representan una posible afectación al erario por cinco millones 835 mil pesos.
Uno de los rubros auditados fue el programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, el cual fue creado durante el gobierno pasado y cuyo objetivo es el de mitigar los efectos negativos que provocan los fenómenos sociales o naturales en las familias.
De éste se encontraron anomalías por 11 millones 331 mil pesos, pero en el transcurso de la auditoría, la dependencia federal acreditó y justificó el uso de parte del dinero, del cual únicamente dos millones 694 mil pesos quedaron pendientes por aclarar.
Este monto corresponde a que no se entregaron los expedientes, recibos ni órdenes de pago de los apoyos entregados a 214 personas.
Además, se realizaron otros pagos en más de una ocasión a siete personas por la emergencia que provocó el huracán Otis, en el estado de Guerrero.
Otro pendiente que tiene que aclarar la dependencia es por dos millones 76 mil pesos en la ejecución del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
En este rubro, la secretaría entregó 726 mil pesos a 23 personas de las que no se entregaron los expedientes que acreditaran el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios del programa; otro millón 350 mil pesos son por no proporcionar que se hayan entregado las tarjetas bancarias a los beneficiarios.
Aunado a esto, se identificó dentro del padrón de beneficiarios a 23 mil 43 CURP de personas clasificadas como “bajas por defunción”, sin que la Secretaría acreditara su actualización.
En la Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad, se identificaron 19 expedientes de beneficiarios con pagos por 297 mil pesos que no fueron proporcionados por la dependencia.
En el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras, no se entregaron 63 expedientes de beneficiarios que recibieron 352 mil pesos y no se comprobó que cumplieran con los requisitos de elegibilidad.
Además, faltó la entrega de 36 expedientes bancarios por 142.4 mil pesos que sustenten la entrega de tarjetas; además se realizaron pagos de apoyos improcedentes por 273 mil pesos a 171 personas que rebasaban la edad límite.
En gasto de estados, 9 de cada 10 pesos por aclarar
› Por Claudia Arellano
En la segunda entrega del informe individual de auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2024, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, detalló que nueve de cada 10 pesos no aclarados corresponden al gasto de los estados, ejercidos particularmente en el gasto de salud y en obras de infraestructura para comunidades marginadas.
Así, el ente encontró posibles daños a las arcas públicas por más de cinco mil 100 millones de pesos en gasto de la cuenta pública de 2024.
“En las auditorías de esta segunda entrega se determinó un monto pendiente de aclarar por más de cinco mil 100 millones de pesos, de los cuales el 11 por ciento corresponde a entes del Gobierno federal y el 89 por ciento fue determinado a las entidades federativas”, dijo el auditor.
- 35 por ciento de los 4.6 mmdp por aclarar son del rubro salud
Además, detectó que los estados concentran irregularidades por más de 35 por ciento de cuatro mil 600 millones de pesos que están por aclarar, como parte de las revisiones al uso de reursos en el rubro de salud.
Resaltó que los gobiernos estatales, municipales y órganos autónomos locales son los “mayores ejecutores” del gasto federal.
La ASF dijo que el uso de recursos públicos por aclarar asciende a cinco mil 161 millones 290.9 mil pesos, aunque subrayó que, además, se han podido recuperar poco más de mil 38 millones de pesos.
El informe reveló que la Secretaría de Salud (Ssa) no elaboró un diagnóstico en el que se identificaran las necesidades de capacitación del personal que participó en la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes, ni definió un programa de capacitación en el que se establecieran los cursos a impartir, sus objetivos y el personal programado a capacitar en 2024.
La secretaría reportó que, en ese año, tres mil 306 personas (94.6 por ciento) de las tres mil 493 personas programadas a capacitar acreditaron la capacitación, sin que sustentara las constancias que lo comprobaran, ni los cursos y temas que se impartieron.
Además, señaló que en 2024, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán suspendió el 1.5 por ciento (30) de un total de mil 956 investigaciones científicas, y que no contaba con un programa de investigación vigente en 2024, además de que no dispuso de un procedimiento formalizado para establecer y actualizar sus líneas de investigación.
Pagos de más y obra sin realizar en la Conagua
Por Yulia Bonilla
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) incurrió en un posible daño al erario superior a los 64 millones de pesos, tras realizar pagos en exceso o incluso pagar por obras no realizadas o cuyos resultados fueron deficientes, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con lo dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) este jueves, este organismo eje en el aprovechamiento del recurso hídrico cometió anomalías en el gasto de 64 millones 476 mil pesos en 2024, que quedan pendientes por aclarar.
- El Dato: la dependencia no acreditó la devolución a la Tesorería de 1.68 mdp por concepto de intereses generados en la cuenta concentradora de un convenio de colaboración.
De esta cantidad, 62 millones 743 mil pesos —equivalentes al 97.3 por ciento— estuvieron relacionados al Proyecto Ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México, para el cual en 2024 se llevaron a cabo trabajos de terracerías, equipamiento de espacios públicos, deportivo, edificaciones, senderos peatonales coman centro de visitantes, rehabilitación de vialidades de comunicación acceso, obras para la alimentación de cuerpos de agua, mantenimiento, y reproducción de vegetación y reforestación.
Sin embargo, durante la revisión de los trabajos realizados se encontró que la Conagua pagó en exceso los 62 millones 743 mil pesos por una obra que no se llevó a cabo y que consistía en cuatro conceptos relativos a la construcción de carpeta asfáltica.
Aunado a esto la auditoría señaló otras inconsistencias, por ejemplo, la reactiva al contrato bajo la clave 2022-B16-B16-RM-15-RF-LP-A-OR-0003, cuyo objetivo era rehabilitar las vialidades de comunicación y acceso al parque.
En el reporte, la auditoría especifica que las medidas encontradas en dicha obra difieren entre sí y respecto a lo establecido en el contrato además de que durante la supervisión se encontraron detalles como inundaciones.
Otra anomalía se identificó en el contrato de obra número 2022-B16-B16-15-RF-AD-A-OR-0011, con el que se realizaría el equipamiento de espacio público deportivo y edificaciones para la zona norte del parque, sin embargo, en la revisión de espacios como las canchas de básquetbol se encontraron agrietamientos en los pisos, así como filtraciones de agua y Salitre en los locales mientras que las maderas de los puentes colgantes se encontraron desgastadas por falta de mantenimiento.
La otra observación por un millón 733 mil pesos en anomalías se halló en la construcción y rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos, en el estado de Baja California.
Entre las irregularidades localizadas están pagos injustificados por 109.9 mil pesos en la compra de materiales para el mantenimiento y conservación de canales y batería de pozos en la mesa arenosa, con cargo a los gastos de operación sin tener relación alguna con el proyecto.
Tampoco se acreditó la devolución a la tesorería de la Federación de un millón 684,000 por concepto de intereses generados en la cuenta concentradora de un convenio específico de colaboración del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2024 y que fueron efectuados por la Conagua hasta febrero de este 2025.
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LMCT