La Cámara de Diputados aprobó, con cambios en lo particular, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, que persigue el delito de oficio y plantea hasta 15 años de prisión.
La iniciativa presidencial fue avalada en lo particular con 339 votos a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones. Horas antes, fue aprobada en lo general con 456 votos a favor.
El dictamen, que pasa al Senado de la República, modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
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La iniciativa, presentada el 17 de octubre durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea que la extorsión sea castigada con penas de entre de 6 a 15 años de prisión, con el cobro de piso, si las víctimas del delito son personas migrantes, menores de edad o desde centros penitenciarios, como agravantes.
Sin embargo, este martes se aprobó una reserva para reducir las penas para servidores públicos encargados de prevenir, investigar y perseguir el delitos, así como la procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, de cinco a doce años de prisión.
“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio, por parte de las autoridades, y que no se dependa de la presentación de la denuncia para su investigación“, explicó la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos.
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