El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación, informó a jueces y magistrados en retiro forzado tras la reforma judicial, que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 6 mil 500 millones de pesos para liquidar las indemnizaciones de los impartidores de justicia que debieron dejar sus cargos tras la enmienda constitucional.
Luego de que este miércoles llevaran a cabo una manifestación en el exterior de las instalaciones del OAJ en avenida Revolución, e incluso bloquearan durante minutos dicha vialidad en busca de respuestas respecto al pago de los tres meses de indemnización a cada juez y magistrado cesado que establece la Constitución, más 20 días por año trabajado de quienes dejaron sus funciones tras la implementación de la reforma, el OAJ sostuvo un diálogo con los juzgadores cesados.
“El Órgano de Administración Judicial formuló la petición de ampliación líquida para el pago de las indemnizaciones a los jueces cesados o que declinaron por todo este concepto del décimo transitorio, por la cantidad de 6 mil 500 millones de pesos”, informó Froylán Muñoz, juez cesado por la reforma judicial, tras el encuentro sostenido con representantes del OAJ.
- El Dato: El extinto Consejo de la Judicatura Federal contaba con un fideicomiso para pagar estas liquidaciones, pero desde abril, estos fondos fueron transferidos a la Tesorería federal.
Durante la reunión, las autoridades judiciales les informaron que el proceso depende ahora de la aprobación de Hacienda, y les señalaron que “si no se hace este trámite, es porque la Secretaría no autoriza”.
Los ex juzgadores advirtieron que intensificarán sus protestas si no reciben el pago antes de que concluya el año.
Marlene Ángeles Tovar, jueza en retiro forzado, informó que, a pesar de que el OAJ no dio una fecha exacta para que se entreguen los pagos extraordinarios a los que tienen derecho, recibieron garantías de que el pago se concretará este año.
“De hecho, no nos quisieron dar una fecha específica, porque dijeron que está sujeto a esta situación de las unidades, de las aprobaciones, pero que no va a pasar de este año. El Órgano de Administración nos dijo que no va a pasar de este año, que esperan que en noviembre nos paguen, pero ya también es una cuestión de trámites”, detalló.
Nadia Villanueva, magistrada federal cesada, explicó que ya se cumplió un año de que muchos de sus colegas declinaron participar en la elección judicial, y de los más de 800 que debieron dejar sus cargos, ninguno ha recibido ni un peso respecto a los recursos que establece la reforma judicial en el transitorio 10, para quienes resultaron cesados.
“Prometieron darnos nuestra indemnización y no lo han hecho. Ya tenemos un año exactamente de que muchos declinamos para participar en estas elecciones que para nosotros eran totalmente ilegales, porque ya sabemos que todo el proceso estuvo plagado de cuestiones que no eran protectoras ni siquiera de los derechos de las personas que iban a votar. Y por eso estamos aquí. No estamos tratando de perjudicar a nadie. Estamos nosotros exigiendo lo que nos corresponde”, acusó.
Asimismo, los juzgadores cuestionaron que el pago tendría que realizarse con cargo a los fideicomisos que manejaba el Poder Judicial de la Federación, cuyos recursos fueron transferidos a la Tesorería de la Federación, y a disposición del secretario de Hacienda, por lo que agregaron que “es cuestión de voluntad política cumplir con lo ordenado por la Constitución”.
El saldo de los fideicomisos exclusivamente a cargo del extinto Consejo de la Judicatura Federal al 30 de abril de 2025 era de 10 mil 500 millones 346 mil 511 pesos.
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MSL
