Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó en su totalidad siete amparos interpuestos por las empresas Elektra y TV Azteca, de Grupo Salinas, que interpusieron contra el pago de créditos fiscales de 2008 a 2013, por lo que deberán pagar más de 48 mil 326 millones de pesos. Ante esto, la compañía advirtió que acudirá a instancias internacionales.
Los ministros desecharon por unanimidad el amparo directo en revisión 6321/2024, con lo que avalaron que Elektra pague un crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal de 2013, además de multas, recargos y actualizaciones. Se trata de la deuda más alta de esa empresa ante el máximo tribunal del país.
Al sesionar en la sede alterna de Avenida Revolución, el Pleno de la SCJN aceptó una reclamación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra la admisión de un amparo promovido por Grupo Elektra, con el que la empresa intentaba revertir la orden de pago emitida por un tribunal administrativo. Con ello, la Corte dejó firme la resolución que obliga al pago total del adeudo.
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El proyecto, presentado por el ministro Arístides Guerrero García, fue el primero que la nueva integración del máximo tribunal resolvió en torno al empresario. En una exposición inusual, el ministro utilizó láminas explicativas para detallar el proceso jurídico y el origen del litigio que se remonta a más de una década.
En su intervención, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que la actual composición del pleno no debía ser confundida con las decisiones tomadas por la extinta segunda sala de la Corte, que en su momento admitió el amparo promovido por Elektra.
Las ministras y ministros argumentaron que dichos recursos no debieron haber sido aceptados por la anterior integración, ya que no cumplen con el requisito de interés excepcional para que el máximo tribunal los analice.
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Los ministros María Estela Ríos, Yasmín Esquivel, Arístides Guerrero, Irving Espinosa, Loretta Ortiz y el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, fueron los ponentes de los proyectos en los que terminaron por cerrar las distintas impugnaciones con las que Grupo Salinas logró poner freno a los procesos durante años.
La decisión también incluyó la participación de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, a quienes Elektra plantó impedimentos bajo el argumento de “falta de imparcialidad”. No obstante, el pleno consideró que tales acusaciones “no son objetivas ni comprobadas”, por lo que ambas ministras participaron en la votación, y se estableció una multa para la empresa por siete mil 900 pesos por retrasar el caso.
Al resolver un segundo asunto, también se determinó desechar por unanimidad el amparo 5654/2024 de Elektra y confirmó una segunda deuda por mil 431 millones 466 mil 606 pesos, derivada de créditos fiscales correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.
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En esta segunda causa, en el amparo 5654/2024, la ministra ponente, Yasmín Esquivel, concluyó que el recurso de revisión de Elektra no cumplía con los requisitos legales, por lo que propuso desecharlo.
En esta votación no participó la ministra Lenia Batres, debido a un impedimento aprobado previamente por la anterior integración del máximo tribunal.
Más tarde, también por votación mayoritaria, el pleno de la SCJN declaró improcedente el amparo directo en revisión 5608/2025, causando ejecutoria la sentencia del ejercicio fiscal 2010 por dos mil millones de pesos.
Sin mayor debate, también se resolvieron los amparos 5145/2025 y 5731/2025, así como los recursos de reclamación 547/2025 y el 528/2025, en los que los ministros dieron la razón a la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que las empresas Elektra y TV Azteca paguen mil 603.8 millones de pesos y dos mil 447.7 millones de pesos, respectivamente.
Quedaron aún por resolverse dos amparos elaborados por la ponencia de la ministra Lenia Batres, presentados por Nueva Elektra del Milenio y Totalplay, mediante los cuales ambas empresas buscan controvertir créditos fiscales de 67.1 millones y 645.7 millones de pesos, respectivamente.
En respuesta al fallo, Grupo Salinas calificó a la SCJN como una “Corte espuria” y anunció que llevará el caso ante instancias internacionales, al considerar que se han violado sus derechos humanos.
El grupo empresarial sostuvo que los ministros “omitieron deliberadamente analizar el fondo jurídico y el acoso político en nuestra contra”, y que, con ello, desecharon “el litigio público más relevante de la historia reciente del país”, tras más de 12 años de procesos judiciales y 285 menciones negativas en conferencias presidenciales del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Asimismo, acusó que durante la deliberación “no hubo cuestionamientos al guion enviado desde Palacio Nacional”, ni se hizo referencia a la falta de imparcialidad de algunas ministras, como Lenia Batres y María Estela Ríos, quienes en distintas ocasiones se retiraron de las sesiones por estar impedidas para participar en determinados asuntos.
