El Senado de la República discutirá este martes en comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, la minuta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en donde se prevé, se realicen modificaciones a lo aprobado por la Cámara de Diputados, para que sea discutida el miércoles en el pleno.
El proyecto de dictamen modifica lo aprobado por la cámara baja, en donde se establecían penas de 6 a 15 años de prisión a extorsionadores, y las aumenta hasta 25 años de cárcel, que podría incrementarse hasta 42 años, con agravantes como si el ilícito se comete con violencia o se lleva a cabo desde algún reclusorio.
Con esta modificación, se evitaría que quienes se encuentren en prisión y ya hayan sido sentenciados por extorsión, pudieran ser liberados al acogerse a la penalidad de entre seis a 15 años, que establecía inicialmente la minuta aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 28 de octubre.
Senado se ha reunido con Consejería Jurídica del Ejecutivo
Desde que la minuta llegó al Senado, las comisiones han sostenido reuniones con la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, así como con el equipo del titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El artículo 15 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, quedaría de la siguiente forma:
“A quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o sicológico, se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.
¿Cuáles serían las agravantes que aumentan las penas por extorsión?
La penalidad se incrementa considerando más de cuarenta circunstancias agravantes. Entre ellas, se contempla un aumento de una tercera parte sobre la condena base de hasta 25 años cuando las víctimas sean personas dedicadas al comercio, la agricultura, la ganadería o la pesca, así como cuando se les obligue a fijar los costos de sus mercancías o servicios. En caso de presentarse ambos supuestos en su máxima expresión, la condena puede alcanzar los 33 años de cárcel.
Cuando se emplee violencia física o psicológica para exigir el pago por daños ocasionados en un accidente, la sentencia aumenta entre la mitad y dos terceras partes. Esta disposición también abarca a personas privadas de su libertad que cometan extorsión desde los centros penitenciarios, pudiendo llegar la pena hasta 42 años de prisión.
Otro cambio importante consistió en restablecer la condena de 10 a 20 años de cárcel contemplada en el artículo 21 de la propuesta presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dirigida a fiscales del Ministerio Público, elementos policiales y personal de custodia penitenciaria que omitan reportar este delito, convirtiéndose así en cómplices de los criminales.
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cehr
