La diputada Elizabeth Martínez Álvarez del PAN, dijo durante su intervención en la comparecencia de la secretaria del Bienestar que “México sigue enfrentando una pobreza estructural”.
Señaló que millones de personas esperan claridad, resultados y una política social que realmente transforme vidas, “pues no se puede hablar de bienestar mientras se ocultan las cifras reales de pobreza y se deteriora la política social”.
“México sigue enfrentando una pobreza estructural que no disminuye. La reducción de la pobreza registrada en los últimos años no responde a los programas sociales, sino al incremento del ingreso laboral por el aumento del salario mínimo, fin del outsourcing y pensión mínima garantizada”, dijo.
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Indicó que no existe un padrón único nacional, no hay cobertura universal para mayores de 30 años y miles de niñas, niños y adolescentes siguen sin acceso a terapias, diagnósticos tempranos o rehabilitación.
Preguntó sobre los recursos para garantizar la movilidad, vida independiente y participación plena y cómo se puede hablar de bienestar cuando el presupuesto reduce, limita o elimina programas esenciales para la inclusión plena de las personas con discapacidad.
A su vez, el diputado Iván Marín Rangel (PVEM) precisó que debido a la coordinación entre la Federación y el gobierno del Estado de México se han logrado avances muy concretos para reducir la pobreza en la entidad, familias han recuperado su dignidad y las comunidades ven un futuro más justo y próspero.
Por otra parte, inquirió sobre los avances más importantes en esta nueva Estrategia Territorial de Bienestar, específicamente en las zonas rurales, indígenas y periferias urbanas.
El diputado Christian Mishel Castro Bello (PRI) sostuvo que el Primer Informe dice que supera la pobreza, pero los datos duros, los del Inegi y de los organismos independientes cuentan otra historia.
“En el PRI están a favor de los programas sociales; no solamente los creamos sino también los impulsamos. Lo único que exigimos es que tengan impacto y beneficios reales, porque mientras maquillan cifras, México sigue sin salud, sin derechos y sin política social”, dijo.
Cuestionó que si 44.5 millones de mexicanos carecen de acceso a la salud, ¿cómo se califica el modelo de bienestar como un sistema de derechos y no solo asistencialismo político? ¿Cómo se calcula ahora esa pobreza multidimensional sin un órgano autónomo e independiente? ¿Qué programas concretos se tienen para la primera infancia? ¿Por qué los estados más pobres siguen con altísimos niveles de pobreza y carencias? Y ¿qué plan tienen para revertir esta desigualdad estructural?.
Gildardo Pérez Gabino, diputado de MC, expresó que su grupo parlamentario está a favor de los programas sociales como instrumentos de justicia y de oportunidad, y estos no tienen dueño partidista, no son de un gobierno, no son de una persona, no son de una campaña; son de las y los mexicanos, “porque cuando un derecho se condiciona al voto, deja de ser derecho y se convierte en control”.
Llamó a que los programas sociales sigan siendo universales, transparentes, libres de condicionamiento político y evaluados con datos abiertos y verificables.
Preguntó en qué se aplican los 44 millones de pesos destinados a los programas de desarrollo de las personas con discapacidad del Ramo 14 Grupos Vulnerables y Ramo 12 Salud, y cómo se desarrolla una persona con discapacidad con tan solo dos pesos al año.
Al dar respuesta, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo que hoy las funciones de medición de la pobreza multidimensional han pasado a un organismo auténticamente autónomo, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Precisó que la Ley General de Desarrollo Social es quien establece los mecanismos de medición de la pobreza y es “falso que sea el gobierno de México el que lo establece y es falso también que cambiaran las reglas porque la ley no ha cambiado”.
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MSL
