La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este miércoles la protección judicial que una de las filiales de Grupo Salinas obtuvo contra una sanción fiscal de 67 millones de pesos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Con seis votos a favor y tres en contra, el pleno de la SCJN aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres, que cancela el amparo previamente concedido a Nueva Elektra del Milenio —subsidiaria de Grupo Elektra— por un tribunal colegiado.
- El Tip: Tras la resolución, Grupo Salinas respondió en sus redes acusando que la justicia en México dejó de proteger a los ciudadanos para subordinarse al poder político.
Las ministras Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, junto con el ministro Irving Espinosa Betanzo, se pronunciaron en contra al considerar que el amparo directo en revisión 3842/2024 —promovido por el SAT— carecía de un auténtico tema de constitucionalidad que justificara su análisis por el pleno.
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La resolución obliga al caso a regresar a esa instancia para que emita un nuevo fallo, aunque la compañía deberá evaluar otros argumentos legales antes de determinar el pago definitivo.
- 18 meses llevaba el caso sin resolverse en la SCJN
La controversia se originó cuando el SAT impuso la multa millonaria tras detectar que la empresa declaró pérdidas superiores a las reales en el ejercicio fiscal del 2012. Nueva Elektra intentó defenderse argumentando que, bajo el régimen de consolidación fiscal vigente en ese año, las facultades de comprobación y el crédito fiscal debían dirigirse exclusivamente a su controladora, Grupo Elektra.
Los ministros desestimaron esta defensa corporativa:“Las facultades de comprobación que pueden desplegar las autoridades fiscales no se encuentran limitadas respecto de las sociedades controladas”, expuso la ministra Batres en su argumentación, añadiendo que “aceptar esta limitante implicaría desconocer las facultades de comprobación que tienen origen en el artículo 16 de la Constitución”.
La determinación se da a una semana de que la Corte resolviera siete casos del Grupo Salinas y dejó pendiente un noveno litigio por criterios contradictorios entre proyectos de Batres y Esquivel.
