El pleno del Senado de la República aprobó vía fast-track, con 66 votos a favor, 32 en contra y cero abstenciones la ratificación de 21 magistrados para las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en medio de acusaciones de la oposición sobre presuntos vínculos políticos de los designados con Morena.
Tras dispensar el requisito de 24 horas de publicación previa del dictamen para poder discutirlo y votarlo en la misma sesión, una práctica que la oposición criticó como muestra de “urgencia por ratificar nombramientos de perfiles con correa corta al servicio del morenato”, el PT, el Verde y Morena avalaron los nombramientos con su voto mayoritario, mientras que PRI, PAN y MC fueron en contra.
* El Dato: El magistrado Miguel Pompa fue elegido en votación diferida y recibió 64 votos a favor y 34 en contra, a los cuales se sumaron dos de los legisladores morenistas.
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La morenista María Guadalupe Chavira de la Rosa anunció desde tribuna que votaría en contra del nombramiento de Miguel Pompa, quien es cercano el senador Adán Augusto López, argumentando razones relacionadas con la historia política de Sonora, aunque no especificó los motivos. El legislador Heriberto Aguilar también manifestó su voto en contra de Pompa, aunque a favor del resto de designados.
La sesión estuvo marcada por fuertes cuestionamientos de los partidos de oposición, que denunciaron que 19 de los 20 magistrados propuestos trabajan para el Gobierno federal y que algunos de ellos tienen vínculos directos con funcionarios de Morena, incluido un caso que la oposición calificó como “nepotismo” por la presunta cercanía de uno de los candidatos con la presidenta nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde Luján.
El senador panista Gustavo Sánchez advirtió que con esta decisión “van a matar la justicia fiscal en México” y criticó que, de los 20 candidatos “ninguno ha tocado con su pie, un sólo día, el trabajo interno procesal del Tribunal Fiscal”.
Destacó el caso de Miguel Pompa Corella, responsable del comité de evaluación del Poder Legislativo, y de Yamil Villalba Villarreal, a quien señaló como copropietario de un edificio junto con las hermanas Alcalde Luján.
La senadora priísta Cristina Ruiz fue más contundente al señalar: “Esto no es independencia, es subordinación. No es técnica, es militancia”. Advirtió que un tribunal capturado “no revisará abusos, no frenará irregularidades, no sancionará corrupción”.
En contraste, el oficialismo defendió los nombramientos. El senador Miguel Ángel Yunes Márquez destacó que en 2024 las salas regionales del tribunal concluyeron más de 133 mil juicios, “lo cual refleja legitimidad, eficacia y calidad jurisdiccional”.
La morenista Nora Rubalcaba Gámez afirmó que los designados “cuentan con experiencia en derecho administrativo, fiscalización y responsabilidades” y que la ratificación por 10 años “refuerza la continuidad institucional”.
La oposición intentó separar la votación para el caso de Pompa Corella, pero la solicitud fue rechazada en votación económica, al proceder a la ratificación conjunta de los 20 magistrados.
Los designados provienen de diversas instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Los magistrados nombrados, quienes en la misma sesión rindieron protesta, ejercerán el cargo por 10 años a partir del 1 de enero de 2026.
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FGR
