Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que el Gobierno de México no tiene registro de ningún vínculo entre el crimen organizado y el certamen Miss Universo 2025, pese a las versiones surgidas tras las investigaciones contra uno de los empresarios relacionados con el evento.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario aclaró que las indagatorias que derivaron en órdenes de aprehensión contra varias personas —incluido un copropietario del concurso— no implican al certamen ni a su estructura financiera.
“Hasta ahora no existe información que relacione directamente al concurso Miss Universo con recursos ilícitos. No tenemos indicios que apunten a esa dirección”, sostuvo.
- 13 órdenes de aprehensión hay derivadas de las indagatorias
Explicó que las investigaciones en curso se concentran en actividades delictivas imputadas a individuos específicos y que no hay elementos que señalan una participación institucional del concurso o de su organización internacional. Además, pidió no generar conclusiones adelantadas y reiteró que las autoridades continuarán trabajando para esclarecer completamente el caso.
“Es importante no especular. Lo que podemos afirmar con responsabilidad es que no hay evidencia que vincule al certamen con dinero del crimen organizado”, señaló.
El funcionario insistió en que el Gobierno de México mantendrá la coordinación entre la SSPC, la Fiscalía General de la República y otras dependencias del Gabinete de Seguridad para continuar con las investigaciones y garantizar procesos transparentes.
Es importante no especular. Lo que podemos afirmar con responsabilidad es que no hay evidencia que vincule al certamen con dinero del crimen organizadoOmar García Harfuch, titular de la SSPC
Las indagatorias apuntan a que Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo, habría mantenido durante al menos dos años una estructura interna dentro de la Fiscalía General de la República para conocer de manera anticipada los avances de las investigaciones en su contra. El esquema operaba con el apoyo de servidores públicos ubicados, quienes ingresaban a bases de datos institucionales para extraer información solicitada.
Estos funcionarios facilitaban detalles sobre cateos solicitados, indagatorias financieras, requerimientos ministeriales e informes de inteligencia vinculados al empresario, a sus empresas y a su patrimonio.
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