Con 85 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general la Ley General de Aguas mediante un procedimiento de urgente resolución que eliminó el trámite ordinario en comisiones, en medio de un intenso debate que enfrentó a la coalición oficialista con legisladores de oposición sobre el futuro del agua y la producción agrícola del país.
Las diversas bancadas presentaron 130 reservas, la mayoría de ellas al artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales.
Más temprano, la coalición de Morena, PT y PVEM logró que el proyecto fuera declarado de “urgente resolución”, apenas horas después de que la Cámara de Diputados lo aprobara tras un debate que se prolongó durante 24 horas.
Senado discute Ley de Aguas: aprueba saltar comisiones y llevarla directo al pleno
La decisión mayoritaria prescindió de la primera lectura del dictamen y dispensó los trámites legislativos ordinarios, según confirmó la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.
La medida permitió que la iniciativa evitara el proceso de comisiones y quedara lista para su discusión inmediata en el pleno, lo que generó críticas de legisladores de oposición que denunciaron un proceso acelerado para un tema que consideran de trascendencia nacional.
Los legisladores opositores argumentaron que omitir la revisión en comisiones impide el estudio detallado que una ley de esta naturaleza demanda, y advirtieron sobre posibles afectaciones al sector agrícola.
El senador panista, Mario Humberto Vázquez Robles, cuestionó duramente la iniciativa, señalando que llega en un momento crítico para el campo mexicano. Vázquez denunció que en siete años Morena eliminó instituciones como la Financiera Nacional, el Progan y el seguro catastrófico, mientras los productores nacionales deben competir con la agricultura estadounidense altamente subsidiada.
El legislador del PAN advirtió sobre lo que calificó como narrativas falsas en torno al "acaparamiento" de agua y cuestionó la falta de definición precisa del concepto. Expresó preocupación por la eliminación de transmisiones automáticas de títulos de concesión, argumentando que esto generará vulnerabilidad para las familias productoras frente a la burocracia.
La senadora de Morena, Andrea Chávez, defendió la reforma señalando que cumple un mandato judicial pendiente desde 2012, cuando la Suprema Corte ordenó reglamentar el derecho humano al agua establecido en el artículo cuarto constitucional.
Chávez argumentó que la reforma busca garantizar el derecho humano al agua, dividir competencias entre órdenes de gobierno, eliminar la sobreexplotación de mantos acuíferos y terminar con el acaparamiento en pocas manos.
La legisladora chihuahuense presentó datos sobre la crisis hídrica en su estado, donde aseguró que se explotan el doble de los volúmenes permitidos y existen miles de pozos clandestinos. Defendió que el dictamen mantiene el binomio tierra-agua y garantiza las sucesiones y herencias de títulos de concesión.
La senadora priista Claudia Edith Anaya Mota reconoció avances logrados por productores en el dictamen, pero advirtió sobre deficiencias persistentes en artículos relacionados con volúmenes de agua.
Anaya explicó que la transmisión se prohíbe totalmente, aunque los permisos podrán traspasarse de manera íntegra en casos de herencia o venta. Sin embargo, alertó sobre otros supuestos riesgosos, como la posibilidad de que se retiren volúmenes a productores durante revisiones trienales si han usado menos agua, incluso cuando esto se deba a factores como buenas temporadas de lluvia.
La senadora también criticó que la reforma no modifica artículos que permiten concesiones a particulares del servicio de agua potable, lo que considera mantiene un modelo de privatización.
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JVR
