La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este lunes en la ciudad de Chihuahua, a César Duarte Jáquez, exgobernador del estado, como parte de una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez federal de Almoloya de Juárez por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR confirmó que la captura se realizó tras obtener, el pasado 4 de diciembre la autorización de autoridades de Estados Unidos para proceder penalmente contra el exmandatario por esta nueva acusación.
- El Dato: Duarte no podía ser procesado por el principio de “especialidad”, que establece que un extraditado sólo puede ser enjuiciado por los delitos por los que fue entregado.
Duarte Jáquez ya había sido detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Por esta acusación aún no ha sido sentenciado; el proceso penal sigue abierto en el fuero común.
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Cabe destacar que Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, aseguró en redes sociales que la detención responde a una investigación sobre la intención de desviar dinero de procedencia ilícita mediante el erario.
“Los hechos, materia de investigación en contra de César ‘N’, son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el sistema financiero mexicano”, señaló.
- 21 órdenes de aprehensión se emitieron contra el expriista
Sobre este nuevo caso, la Fiscalía indicó: “La nueva investigación señala que presuntamente el exgobernador, en su calidad de servidor público, incurrió en un esquema de lavado de dinero en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales”.
Duarte Jáquez fue asegurado por agentes federales y será trasladado a un penal federal para continuar con las diligencias judiciales correspondientes. Según las autoridades, el exgobernador priista cuenta con al menos 21 órdenes de aprehensión, por delitos que suman más de mil 230 millones de pesos, entre los que se incluyen peculado, peculado agravado y delitos electorales.
“En acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvío de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos, extraídos entre 2011 y 2014”, indicó la FGR en su comunicado.
- El Tip: Medios locales detallan que el exmandatario fue trasladado a la FGR en Chihuahua y de ahí, transportado vía aérea a la CDMX custodiado por la GN y Policía Ministerial.
Según el documento de extradición elaborado por las autoridades estadounidenses, entre junio de 2011 y noviembre de 2014, el gobierno que encabezaba realizó transferencias a las compañías Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte, de las cuales supuestamente era accionista.
De acuerdo con medios de comunicación, en junio de 2011 la Secretaría de Desarrollo Rural le dio 582 mil pesos a la Unión Ganadera para comprar equipo para inseminar ganado. Sin embargo, no hay pruebas de que se haya utilizado el dinero para ese fin. Los documentos muestran que casi todo el dinero fue transferido a otra empresa llamada Pavimentos y Servicios, y otra parte terminó en una tarjeta de crédito a nombre de la esposa de Duarte. Además del supuesto desvío de recursos, se le acusa de generar deuda pública por miles de millones de pesos, afectando al erario estatal.
Sin embargo, en junio de 2024 la jueza Hortensia García Rodríguez determinó que el exgobernador de Chihuahua quedaría bajo la medida de libertad condicional debido a que ya había cumplido dos años de prisión preventiva.
En junio de 2025 un juez de Estados Unidos determinó desestimar los cargos en su contra debido a que consideró que no fueron presentadas pruebas suficientes relacionadas con la compra de 50 propiedades en el país vecino del norte.
Y va una nueva acusación contra Duarte de Veracruz
› Por Ángel Molina
La Fiscalía General de la República (FGR), con autorización del Gobierno de Guatemala, país que extraditó a Javier Duarte en 2017, presentó ante un juez federal una nueva acusación contra el exgobernador de Veracruz por el presunto desvío de fondos federales que estaban destinados a programas de salud.
Según la acusación, el delito imputado es el de peculado. Esto representa la primera vez que la FGR procesa directamente al exmandatario por corrupción vinculada a su gestión estatal, distinto de los cargos por los que fue extraditado (lavado de dinero y delincuencia organizada).
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los fondos desviados durante su administración, entre 2010 y 2016, sumarían más de 62 mil millones de pesos. Se detectaron al menos 326 operaciones irregulares, en las que recursos públicos asignados a salud, educación, seguridad, asistencia social, obras y auxilios por desastres naturales fueron redirigidos mediante empresas fantasma o cuentas simuladas.
Uno de los testigos clave del caso es Tarek Abdalá Saad, extesorero del estado, quien confesó que fue Duarte quien puso en marcha el mecanismo de desvíos.
Según su declaración, los recursos fueron usados no sólo para gastos irregulares del estado, sino también con fines personales del exgobernador y para beneficiar a sus allegados.
Con este proceso se abre la posibilidad de que la FGR solicite una medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que podría impedir una eventual libertad anticipada del exmandatario.
Actualmente, Duarte purga una condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero que terminaría en abril de 2026; sin embargo, con esta medida podría enfrentar un nuevo proceso en prisión.
