En una sesión marcada por la confrontación y el rechazo de la oposición, el Senado de la República dio luz verde a modificaciones en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que facultan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para impugnar decisiones judiciales que no le beneficien.
La oposición califica esta medida como un instrumento de “terrorismo fiscal” que elimina las últimas vías de protección de los ciudadanos ante el poder tributario.
El dictamen fue avalado en lo general por 64 senadores contra 33 votos negativos. En lo particular, tras un intento opositor de suspender la sesión por ausencia de quórum que forzó una nueva convocatoria en horario nocturno, Morena y sus aliados lograron consumar la aprobación con 66 votos a favor, 12 en contra y 15 abstenciones.
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Ricardo Anaya Cortés, líder de la bancada del PAN, lideró las críticas al señalar los efectos reales de esta modificación legislativa.
“Cuando un ciudadano obtenga un fallo favorable ante el congelamiento de sus cuentas bancarias, éstas permanecerán bloqueadas porque se le concede al SAT una nueva oportunidad de impugnación”, advirtió el senador blanquiazul, definiendo la iniciativa como un caso de “terrorismo fiscal”.
El coordinador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, agregó: “cuando solicitas la devolución de IVA y como consecuencia enfrentas 10 auditorías, evidentemente nadie querrá presentar solicitud alguna”.
Los legisladores opositores alertaron que esta medida representa un instrumento adicional para bloquear a los ciudadanos el acceso a mecanismos de protección frente a determinaciones arbitrarias del fisco.
En la defensa del proyecto, el senador Javier Corral Jurado argumentó que las modificaciones buscan establecer causales de falta grave cuando el acto administrativo cuestionado contravenga jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en temas de legalidad, además de que se incorporaron ajustes en el tema de suspensión de amparo para armonizar escenarios de afectación al interés colectivo.
Las reformas al artículo 63 de la legislación otorgan al SAT la potestad de impugnar sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa favorables a los contribuyentes, lo que según la oposición genera inseguridad jurídica y desalienta las peticiones de reembolso fiscal ante el riesgo de represalias de la autoridad tributaria.
La legisladora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez señaló: “Cuentan con un Poder Judicial adaptado a sus intereses, pero eso no les resulta suficiente y ahora impulsan este dictamen”.
En tanto, la priista Claudia Anaya Mota denunció que “el dictamen continúa el ataque contra las suspensiones en materia de amparo, lo cual perjudica a las personas al obstaculizar su derecho a una defensa legítima”.
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cehr
