La organización Propuesta Cívica advirtió que la nueva Ley General de Extorsión, publicada el pasado 28 de noviembre, representa un riesgo para la libertad de expresión en México, al “abrir la puerta” para que actores políticos o particulares utilicen el aparato penal con el fin de silenciar críticas, denuncias y actos de protesta legítimos.
En una carta difundida este martes, la ONG se posicionó en contra de la legislación, la cual contempla penas de hasta 25 años de prisión por el delito de extorsión, considerado de alto impacto y que ha registrado un crecimiento del 23.1%. Este delito afecta principalmente a entidades como el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Tras un “exhaustivo análisis jurídico”, Propuesta Cívica señaló que la definición del delito de extorsión y sus agravantes permitiría que personas que se consideren afectadas por discursos constitucionalmente protegidos puedan denunciarlos penalmente y obtener procesos a su favor.
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En particular, criticó la redacción del artículo 15 de la ley, al considerarla ambigua, ya que define la extorsión como una conducta que obliga a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio propio o para un tercero.
De acuerdo con la organización, esta redacción permitiría que exigencias de justicia, tales como la liberación de personas detenidas arbitrariamente o la emisión de discursos dentro del debate político, sean encuadradas de manera abusiva como extorsión, con penas que van de 15 a 25 años de prisión.
“La ambigüedad en la descripción del delito y sus agravantes constituye una afrenta directa a la libertad de expresión, al permitir investigaciones penales que generan un efecto inhibidor sobre la protesta social, la exigencia pública de derechos y la rendición de cuentas”, subrayó la ONG.
Asimismo, Propuesta Cívica alertó que las agravantes previstas en los artículos 16, 17 y 18 de la nueva Ley General de Extorsión permiten aumentar de forma desproporcionada las sanciones. Como ejemplo, señaló que una persona defensora de derechos humanos que participe en una protesta transmitida por televisión o redes sociales podría enfrentar penas de hasta 25 o incluso 45 años de prisión, como en el caso de familiares que buscan a las más de 133 mil personas desaparecidas en el país.
Finalmente, la organización recordó que colectivos como Artículo 19 han expresado preocupación por la fracción V del artículo 17, la cual incrementa las penas cuando la presunta extorsión se comete mediante cualquier medio o plataforma digital, lo que —advirtieron— podría tener un efecto silenciador sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
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LMCT
