La diputada Liliana Ortiz Pérez (PAN) propuso reformar la Ley General de Salud para garantizar que los médicos residentes y personas en internado de pregrado reciban un pago mensual no inferior al salario mínimo vigente durante su periodo de formación profesional.
La iniciativa plantea que la retribución sea regular, suficiente y proporcional al tiempo de residencia y a la carga horaria del programa formativo, y que esté a cargo del establecimiento de salud al que el médico haya sido asignado.
En su exposición de motivos, Ortiz Pérez explicó que, si bien la Ley General de Salud reconoce la residencia médica como una modalidad de formación, no obliga a las instituciones públicas a otorgar un apoyo económico durante esta etapa.
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Además, señaló que la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación establece principios de respaldo al posgrado, pero no incluye explícitamente a la residencia médica como un ámbito prioritario.
La legisladora también recordó que el artículo 4º constitucional reconoce los derechos a la salud y a la educación, así como la existencia de un sistema nacional de becas; sin embargo, subrayó que ninguna ley secundaria contempla de manera específica a los médicos residentes como beneficiarios obligatorios de estos apoyos.
La propuesta, turnada a la Comisión de Salud, busca subsanar lo que la diputada calificó como un vacío normativo estructural que ha colocado a miles de médicos residentes en condiciones de precariedad e incertidumbre, pese a que su labor es indispensable para el funcionamiento diario de hospitales y clínicas públicas.
Ortiz Pérez afirmó que establecer de manera explícita y vinculante el derecho a un estímulo económico permitirá avanzar hacia la justicia, dignidad y profesionalización del personal médico en formación, además de garantizar su inclusión en el marco legal que rige la salud pública.
De acuerdo con la iniciativa, más de 40 mil médicos residentes se forman cada año en México en especialidades como medicina interna, pediatría, anestesiología, cirugía, ginecología y urgencias, principalmente en instituciones públicas. Durante este periodo, cursan estudios de especialización al tiempo que realizan prácticas clínicas obligatorias en contextos de alta responsabilidad.
La diputada precisó que la residencia médica no es un curso teórico, sino una modalidad intensiva que implica atención directa a pacientes, participación en urgencias, quirófanos y guardias prolongadas, con jornadas que pueden extenderse hasta 24 o 36 horas continuas, además de tareas administrativas, docentes y de investigación.
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