Tras darse a conocer su destitución como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche rechazó su remoción anticipada, anunciada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), y sostuvo que no hay procedimiento legal que la sustente.
En un escrito dirigido al Órgano de Gobierno del CIDE, Romero Tellaeche aseveró que continuará en el cargo, y sostuvo que el Estatuto General y la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación “excluyen cualquier forma de separación basada en decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carentes de sustento jurídico”.
La negativa de Romero desafía a la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien anunció que sería destituido como director del CIDE y nombró a Lucero Ibarra Rojas, profesora investigadora titular, como directora interina.
Una tras otra
Ibarra Rojas entraría en funciones este martes 27 de enero, pero Romero respondió que no acataría la decisión.
El CIDE, una de las máximas instituciones públicas del campo de las ciencias sociales, se ha mantenido en polémica desde el nombramiento de Romero como director general en noviembre de 2021.
Ha sido señalado de plagio académico, destituciones arbitrarias, acoso sistemático y violencia simbólica durante su gestión. En noviembre de 2025, por ejemplo, un grupo de investigadoras de la institución acusaron que Romero ejerció violencia de género en su contra. Otra denuncia señala que el Órgano Interno de Control tenía varias denuncias formales en su contra por acoso laboral.
Romero, actualmente en limbo legal, enfatizó que la remoción anticipada sólo puede realizarse cuando se acrediten “fehacientemente” causas legales y mediante una resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno.
Asimismo, esta sesión debe contar con convocatoria previa, inclusión expresa del punto en el orden del día y constancia en acta, además de respetar el debido proceso y el derecho de audiencia, subrayó Tellaeche.
Mientras no se actualicen esos supuestos ni se lleve a cabo el procedimiento correspondiente, aseguro el exdirector, conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo.
“Reitero mi plena disposición a seguir desempeñando las funciones que me han sido conferidas”, indicó. Asimismo, rechazó que existan pendientes derivados de auditorías o evaluaciones institucionales que justifiquen su separación anticipada, y aseguró que han sido debidamente atendidos todos los informes de la Auditoría Superior de la Federación, del Comité Externo de Evaluación y del Comisariado Público.
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cehr